Comodoro Gate: Investigan estafa a la Municipalidad por 463 millones de pesos

De acuerdo al informe y denuncia que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó a la Justicia Federal en el marco del Expediente 7.313/2014, el presunto entramado de corrupción vinculado a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, involucra de manera directa e indirecta a más de veinte empresas sobre las que ahora la justicia y la AFIP pusieron la lupa y deberán justificar operaciones y vínculos. En base a la tarea de investigación y fiscalización realizada por el organismo, se estaría frente a “un grupo organizado de personas, con una conducción claramente centralizada…”. Lo documenta mediante el esquema y operatoria de empresas y vínculos familiares para la presunta comisión de esos delitos de corrupción con un perjuicio dimensionado para el erario público de 463 millones de pesos, que terminaron en conformación de empresas o compra de propiedades.
En principio, el organismo investiga las “operaciones comerciales” de los últimos años de la Municipalidad de Comodoro y las firmas: Golfo San Jorge S.A. (contratada por más de 234 millones de pesos), Edisud S.A. (contratada por más 207 millones de pesos), Torraca, Felipe E (contratada por más de 8 millones de pesos), Cargo SRL (contratada por más de 8 millones de pesos), Maxicom SRL (contratada por más de 2 millones de pesos), Lucania SRL (contratada por más de un millón de pesos), Euromas SA (contratada por más de 900 mil pesos) y Holding SRL (contratada por más de 300 mil pesos).
En la denuncia, la AFIP sostiene que la organización habría podido existir merced a la participación del exintendente Néstor Di Pierro, a quien sindica como el jefe de una asociación ilícita, integrada además por otros exfuncionarios como Horacio Abel Boyero y Carlos Rey. Y cita a los empresarios Héctor Horacio Pagano, Paolo Roque Pagano, Roberto Miguel Polito, Esteban Torraca y Roberto Monasterolo como “eslabones para perpetrar los ilícitos”.

Las empresas bajo la lupa

Las empresas ´claves´ por las que los sabuesos tiran del ´hilo´ de vinculaciones son Ana Vial S.A. que inicia como propiedad de Héctor Pagano (ex subs. de Función Pública municipal), de Sandra Polito y Roque Pagano, quienes después habrían vendido sus acciones a la exesposa de Di Pierro, la diputada Ana Llanos y a la hija, Laura Di Pierro que figuraba a la vez como una de los escasos dos empleados que poseían la compañía. A su vez, la mayor documental se asocia a la empresa Golfo San Jorge S.A., cuyo presidente sería Roberto Monasterolo y hacia donde la Municipalidad derivó pagos por más de 200 millones de pesos.
Además cruza operaciones, datos y vínculos comerciales con Sudamérica Energy SA cuyo titular sería Horacio Boyero, exsecretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad.
El peso de la investigación recae a su vez en Héctor Pagano, titular y/o miembro de las empresas Cargo SRL que con apenas 3 empleados logra facturarle a la Municipalidad más de 8 millones de pesos, además es titular de Dallas Oil SA, y de la ya famosa Ana Vial SA que en los hechos dicen que le pertenecería a Di Pierro. Cabe recordar que Héctor Horacio Parides Pagano, comienza a ser investigado bajo el Expediente 7.137/2014 cuando era subsecretario de la Función Pública de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en la causa sobre falsificación de dinero que denuncia la Prefectura Naval Argentina.
Además aparecen en la investigación de la AFIP las empresas del ingeniero Horacio Boyero, ex secretario de Obras Públicas de la gestión Di Pierro: Latinoamericana de Energía, NCD Argentina y Sudamérica Energy S.A. cuyo vínculo directo comercial es Clear Urbana (asociada a Cristóbal López).
Entre las firmas investigadas también figuran las empresas de Roberto Polito: Paihuen SA, San & Fran SRL, Dallas Oil SA y Maxicom SRL esta última también con una facturación superior a los 2 millones de pesos a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. De acuerdo a la AFIP Polito facturó desde la pyme Maxicom SRL, montos verdaderamente siderales como por ejemplo unos 97 millones de pesos a Compañías Asociadas Petroleras S.A. y 55 millones de pesos a Enap Sipetrol y otras de verdadera envergadura tan solo en el período de aproximadamente tres años según inicio de la investigacion. Polito fue otros de los sindicados para investigar en la causa por falsificación de dinero y presunto narcotráfico en Comodoro Rivadavia en el marco del Expediente 7.313/2014 a partir de una filtración de información de empleados del Banco Chubut.
Y a propósito del Banco, surgen en esta investigación también dos empresas vinculadas al exdirector de la entidad durante el gobierno del fallecido gobernador Mario Das Neves, que luego empezó a cumplir funciones con Di Pierro, el contador Ernesto Rey. Se trata de las firmas Saer Construcciones SRL y Resoma SA.
Según el Jefe de la División Coordinación de Acciones Penales de AFIP, Juan José Cappanari, las maniobras se llevaron “al amparo de la utilización de entramado de sociedades, operatoria entre empresas pertenecientes en lo formal a grupos de personas diferentes, las que se sucedieron e intercambiaron en figurar como prestadoras de bienes y servicios para la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y llevar a cabo en forma sistemática una serie de maniobras sostenidas en el tiempo, que les permitió el manejo y dirección de los fondos municipales, muchos de ellos destinados a paliar los déficits y desastres climáticos ocurridos durante los últimos años en la ciudad”, sintetiza al detallar como se ejecutaron las acciones para desviar los fondos públicos a cuentas privadas siendo utilizados “dichos fondos discrecionalmente, y generando para su propio provecho, gran cantidad de dinero que luego lo volcaron en la construcción de inmuebles, la compra de vehículos, todo para dar apariencia de legalidad a los fondos que habían sido obtenidos ilícitamente”, abunda el denunciante sobre el eje de las maniobras.

Escuchas telefónicas

Para fundamentar la denuncia, la AFIP precisa que “de las escuchas originales ordenadas en la causa, surge del CD 40, una conversación entre el Sr. Horacio Pagano y el Sr. Rey ambos imputados en la causa en donde se refieren a la situación de la firma Ana Vial S.A., en la cual figuran como accionistas el Sr. Pagano y de su ex mujer Sandra Ana María Polito, pero en la conversación surge que la misma pertenece al «Tano» (Néstor José Di Pierro), y que se encontraban realizando transferencias respecto de la titularidad formal de esta sociedad, con las maniobras tendientes a la disimulación de la real titularidad de la misma, para seguir operando la empresa”.
“En dicha conversación se expresa claramente que existía un inconveniente para realizar la transferencia de las acciones de Ana Vial SA a quién se refieren como «La Gorda» y que tanto Rey como Pagano expresan las maniobras en los libros para solucionar el problema y no trasladar al Tano (Néstor Di Pierre) estos inconvenientes hasta que esté solucionado, encargándose de esto Rey personalmente. Se menciona la existencia de un poder, que «lo tiene Arcioni, el escribano interviniente en la certificación del instrumento…”, expresa el investigador en uno de los tramos donde busca demostrar que la firma era un “armado” del que se estaban ocupando presuntamente profesionales dadas las escuchas y la posterior escritura secuestrada en un allanamiento en Buenos Aires.

Hasta 10 años de cárcel

Además de elevar el informe y formular la denuncia, en el tramo final AFIP solicita medidas. Puntualmente pidió la inhibición general de bienes respecto de todos los imputados, sus familiares y sociedades que integran. “Al respecto, debe considerarse que, de acuerdo con los argumentos reseñados, corresponde ordenar las medidas que resulten necesarias no sólo para asegurar el decomiso, sino también para asegurar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso cuando, como ocurre en autos, se configuran los extremos legales de verosimilitud del derecho y peligro en la demora”, argumenta.
El dictamen asegura que, de caer una sentencia sobre los acusados, se debería fijar una multa “de 2 a 10 veces de la deuda verificada” (más de 463 millones de pesos). También se pide se disponga la prohibición de salida del país para todas las personas que se encuentren imputadas en la presente causa”. Las penas previstas por los delitos van de los 3 a 10 años de cárcel.