Durante este mes, volverán a tomar impulso las causas judiciales vinculadas a hechos de corrupción en el estado provincial. Por un lado, el martes 20 de agosto, se reanudará el juicio en el caso Embrujo. Mientras que esa misma semana, el viernes 23, está fijada la audiencia de apertura de investigación por el caso de presunta defraudación al Estado en las contrataciones de obras en escuelas a comienzos de año y que involucra a la ex ministro y diputada electa Graciela Cigudosa.
Vale recordar que el inicio del juicio el Embrujo se demoró varios meses por los distintos planteos de los abogados defensores que solicitaron la suspensión del juicio prueba para la mitad de los acusados, lo que fue denegado en primera instancia y luego en una segunda.
Finalmente hace unos días atrás el Superior Tribunal de Justicia volvió a rechazar estos planteos, ratificando lo resuelto por el tribunal del juicio y por la Cámara de Apelaciones. La corte chubutense rechazó los recursos presentados por los defensores de Juan Carlos Ramón, Cristian Gisande y Jorge Godoy, por entender que eran inadmisibles y de este modo, el juicio deberá comenzar con todos los acusados.
Cumplido este paso, están dadas las condiciones para comenzar de una vez el debate oral, y si bien la Oficina Judicial comenzará a notificar a las partes esta semana, es casi un hecho que el juicio se reanudaría en la fecha del martes 20 de agosto, con cuatro días consecutivos para poder avanzar rápidamente.
Luego tres días por semana, de martes a jueves en doble turno, debido a una cuestión de logística que busca coordinar la presencia de los miembros del tribunal que son de Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn.

Desfilarán 170 testigos

De acuerdo a lo previsto, a lo largo del debate oral van a desfilar entre 8 y 10 testigos por día, porque hay testimonios que van a ser largos. Hay un listado de 170 testigos, pero la idea de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams es acordar con las defensas que no deban comparecer los testigos de actuación por cuestiones instrumentales, y sus testimonios sólo ingresen por lectura.
De esta manera, quedaría un número cercano a los 70 testigos puros que se espera declaren ampliamente, luego un segundo eje del debate que se introduce a través de los peritos que intervinieron materiales de los teléfonos y computadoras, luego la parte de documentos en papel y el cuarto bloque del debate a partir de las escuchas telefónicas, unas de las pruebas más controversiales. La duración total de este juicio se estima que podría ser de unos dos meses.

El ‘sobre bomba’ desató el escándalo

El Embrujo fue la primera que se originó luego del “sobre bomba” que fue dejado en la Legislatura y que comenzó con una serie de detenciones el 7 de marzo de 2018, y tiene en total 12 acusados.
El más destacado es el ex subsecretario de Unidad de Gobernador, Diego Correa, quien está imputado como jefe de una asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles como funcionario público, y además por enriquecimiento ilícito en carácter de autor (se pretende recuperar bienes por más de 30 millones de pesos). Lo acusan de idear una maniobra de contrataciones directas por servicios a las empresas Dual Core y Sepat, que en realidad eran de su propiedad, para enriquecerse con fondos públicos.
En tanto Diego Lüters, quien trabajaba en la antesala del despacho del Gobernador, está acusado como miembro de la asociación ilícita y de coautor de fraude a la administración pública. Para los fiscales trabajaba a las órdenes de Correa autorizando los pagos a Dual Core y Sepat, y llevaba la contabilidad de la “caja negra” de los retornos de la obra pública, por lo que tenía en su poder todos los discos con la información de los movimientos contables.

Dinero mal habido

Otro de los imputados es el contador Federico Gatica, quien está acusado de lavado de activos en concurso real por su participación en distintas operaciones para hacer ingresar en el circuito económico de la zona, dinero que se cree que fue mal habido, proveniente de las arcas públicas. Había constituido una sociedad llamada Mezeta Consulting para incorporar el dinero de Correa al circuito legal.
La acusación contra Natalia Mac Leod -quien al momento de los hechos era la pareja de Correa- es haber sido miembro de la asociación ilícita y también de enriquecimiento ilícito como partícipe, ya que figuran a su nombre buena parte de los bienes adquiridos por Correa con fondos públicos. Era la titular original de Dual Core, que luego traspasó.
Daniela Souza está imputada como miembro de la asociación ilícita y partícipe de fraude a la administración pública. Figuraba como dueña de Dual Core, la empresa contratada por Correa para la reparación de viviendas o departamentos oficiales, y en las escuchas se comprobó que era empleada de Correa y recibía pagos del jefe de la banda.
En el caso de Sandro Figueroa, que es tío de Natalia Mac Leod, se lo acusa de ser miembro de la asociación ilícita y participe de fraude a la administración pública. Era socio de la empresa Dual Core junto con Daniela Souza, la empresa que en realidad pertenecía al grupo comandado por Correa y que era contratada para hacer refacciones a viviendas oficiales.

Asociación ilítica

En tanto Juan Carlos “Tato” Ramón, está sindicado de ser miembro de la asociación ilícita y participe de fraude a la administración pública. Era empleado de Dual Core, figuraba como representante técnico y hacia las obras, pero además creó otra empresa que hacía de “pantalla” en pujas de precios ficticias con Dual Core.
En los casos de Giulana Mac Leod (hermana de Natalia) y Darío Correa (hermano de Diego), se los acusa de defraudación al estado por integrar ambos la sociedad de la firma Sepat, contratada desde el área de Correa (quien era el verdadero dueño) a través de la Dirección de Ceremonial para la organización de actos aportando sistema de sonido y pantallas led.
Por otra parte, los casos de Cristian Gisande (ex director de Casas Oficiales) y Rubén “Bedo” Reinoso (ex director de Logísitca) son cuestionados porque a través de actos administrativos permitían las operaciones de la firma Dual Core perteneciente al grupo de Correa. Los fiscales creen que Reinoso firmaba resoluciones para pedir las refacciones de las casas oficiales y Gisande las certificaba, en un sistema fraudulento para que la firma facture, ya que los pedidos eran todos iguales y los certificados también.
Y finalmente Jorge Godoy era maestro mayor de obras que construyó la casa de Correa en Playa Unión, que consta además de tres dúplex. Habría colaborado para ocultar que Correa era el verdadero dueño de una millonaria inversión como funcionario público, por lo que se lo acusa de partícipe de enriquecimiento ilícito.

Imputarán a diputada electa

Otro dato a tener en cuenta es que el próximo 23 de agosto se fijó la fecha de apertura de investigación para la más reciente de las causas de presunta corrupción en el estado, en este caso la primera que involucra el período del actual gobernador Mariano Arcioni: las contrataciones para obras de refacciones en los edificios escolares.
Según anticiparon, los fiscales Rodríguez y Williams van a pedir que sea considerada causa compleja para tener un plazo de investigación de 6 meses, por entender que pueden estar ante una matriz de hechos ocurridos en escuelas de la zona de Rawson pero que puede estar relacionada con otros casos similares en las ciudades de Esquel, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.
La imputación es contra 8 personas, tres de ellas funcionarios públicos y otros cinco vinculadas a empresas de la construcción. El nombre más resonante es el de la ex ministra de Educación y diputada provincial electa, Graciela Cigudosa; también se acusa al ex subsecretario de la cartera, Raúl Care, y al secretario de Care, Ariel Hueichan. Los empresarios acusados son Richard Schmidt (Lada Construcciones y Ramida) y Daniel Gel (Gefer y Calypso), así como también Félix Currumil (empleado de Schmidt), el monotributista Jorge Santucho, y Roxana Pereyra.
Les imputan 24 hechos por presunto fraude a la administración pública en la refacción de escuelas de Rawson y Playa Unión. Todos ellos son investigados por direccionar presuntamente los concursos de precios de las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos.
Para los fiscales, entre los funcionarios y los empresarios “acordaron armar un aparente concurso de precios a fin de quedarse con las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos”, y sostienen que “todo el ardid tenía como objetivo la obtención de un lucro indebido”. (Adn Sur)