El conflicto entre las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública de Chubut y el Gobierno Provincial sigue acrecentándose, debido a que todavía faltan casi dos semanas para que perciban sus haberes todos los empleados estatales, siempre y cuando se cumpla con el cronograma de pagos establecido.
De hecho, en horas de la mañana de ayer se realizaron manifestaciones y protestas en distintos puntos de la provincia. Además, las medidas de fuerza impulsada por los gremios no cesarían hasta que cobren sus salarios todos los trabajadores públicos, según declaraciones de los principales referentes sindicales.
A partir de la madrugada de la víspera se desarrollaron cortes de ruta en Puerto Madryn, Rawson y la zona cordillerana. Puntualmente, trabajadores del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SiTraViCh) hicieron un corte en la Ruta Nacional Nº259, entre las localidades de Trevelin y Esquel. En tanto que en Puerto Madryn se hicieron reclamos y movilizaciones por las calles céntricas de la ciudad. Mientras que en horas de la mañana de ayer trabajadores afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizaron un corte en el acceso a la ciudad de Rawson por la Ruta Nacional Nº25.
En este contexto, José Luis Ronconi, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh), lanzó duros cuestionamientos hacia la administración de Mariano Arcioni, asegurando que “estamos frente a un Gobierno Provincial que está violando derechos humanos. El derecho al salario es un derecho humano. Acá en la Provincia ya es asombroso como se protege al capital y se desprotege al trabajo”.
“Los trabajadores prestamos y vendemos nuestra fuerza de trabajo por un salario que tiene carácter alimentario, por lo tanto es un derecho humano. Mientras que el capital utiliza sus capacidades para producir y reproducirse”, agregó el referente sindical de los trabajadores del Poder Judicial.

Cesación al pago de deuda

Además, Ronconi indicó que “es asombroso como ninguno de los que gobierna pone los derechos humanos por sobre un contrato comercial, como es la deuda. En Chubut, tranquilamente, se debería dejar de pagar la deuda, declarando que está en crisis la economía, porque el capital no está contribuyendo en la manera que obtiene ganancias a sostener la Provincia”.
Al insistir en las diferencias entre los empleados y el capital, el secretario general de SiTraJuCh remarcó que los trabajadores y los jubilados “ponemos o pusimos nuestro trabajo a disposición de la Provincia. Y nuestro trabajo da la posibilidad de materializar los derechos humanos de toda la sociedad. Nuestro trabajo en salud garantiza el derecho a la salud; en educación garantiza el derecho a la educación; en justicia garantiza el derecho de acceso a la justicia”.
En este mismo sentido, Ronconi insistió con que todas las labores desarrolladas por los trabajadores estatales garantizan la materialización de los derechos humanos del resto de la sociedad. “Por esto, no entendemos por qué desde el Gobierno Provincial se prioriza la defensa del capital y los derechos supuestos del capital y no la seguridad jurídica de los trabajadores y las trabajadoras y de los jubilados y jubiladas. Estamos frente a violadores de derechos humanos y así los debería ver y sancionar la sociedad”, enfatizó.

Amenazan con demandas al Estado

La sede del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn (CPAPM) fue el sitio donde en las últimas horas se llevó adelante una reunión entre el Directorio de la Institución, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCh), representada por Sonia Donati; y referentes locales del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SiTraJuCh).
En dicha oportunidad, se analizó la grave situación por la que atraviesa el Poder Judicial de la provincia ante la falta de pago de los salarios, “agravado por la insuficiencia de recursos económicos para el funcionamiento del servicio, la nociva imposibilidad de utilizar los servicios de SEROS y los padecimientos que deben afrontar todos los empleados públicos y jubilados”.
A su turno, Donati expresó que el sector que representa realizó diversas gestiones para obtener información de organismos públicos provinciales y nacionales y efectuó presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia de la Nación a fin de poner en conocimiento la grave situación que atraviesa el Poder Judicial de la provincia, evaluando con sus asesores legales el inicio de acciones penales y civiles concretas, que podrían presentarse en lo inmediato.