Luego de que trascendieran las imágenes de la cámara oculta y algunas escuchas realizadas por la Justicia al ex funcionario provincial Alberto Vargas, finalmente el ex titular de Lotería de Chubut fue imputado por el presunto delito de “tráfico de influencias” y “tenencia ilegal de arma civil y de guerra”, esto último, surgido de uno de los allanamientos enmarcados en la causa, en la que agentes policiales incautaron celulares, dispositivos electrónicos y varias armas en uno de sus domicilios.
La causa inició tras la denuncia del empresario Marcelo Battilana, quien advirtió que tanto Vargas como Marcela Montero, coimputada, le habían solicitado la suma de 300 mil dólares para otorgarle la habilitación a un hotel en Puerto Pirámides, a partir de la “compra” de voluntades de al menos “cuatro concejales del justicialismo”, según lo mencionado en el expediente.

Un aceitado mecanismo

La causa no tardó en trascender a nivel nacional, donde la semana pasada, el programa periodístico Periodismo para Todos difundió imágenes de la cámara oculta realizada a Vargas y Montero mientras se reunían con Battilana en un conocido restaurante de la zona costera, donde incluso el ex funcionario mencionaba que una situación similar había ocurrido “con unos 700 lotes de Gaiman”, lo cual “no se resolvió a través del Concejo (Deliberante), sino que el Intendente lo sacó directamente por Ordenanza”.
Inicialmente, le habían pedido al empresario 50 mil dólares en una reunión realizada en una confitería de la ciudad del Golfo; posteriormente, en el encuentro del bistró costero indicaron que la suma total sería de 300 mil dólares, mientras que finalmente, tras reunirse en un local partidario de Trelew, los hoy imputados le habían explicado cómo un abogado diseñaría el marco documental en el que se aprobaría la excepción, o bien se elaboraría una nueva Ordenanza, la cual recibiría la aprobación de los concejales, cuyas identidades no trascendieron.
En este sentido, la audiencia de apertura de investigación tuvo lugar durante la mañana del jueves, y fue presidida por la jueza Patricia Ásaro, quien días atrás había imputado a Montero como partícipe necesaria del delito de tráfico de influencias.

Pedido de dinero

El fiscal Daniel Báez notificó a Alberto Vargas, quien es patrocinado por el abogado Federico Ruffa, respecto de la investigación que la Justicia Provincial lleva en su contra por presunto tráfico de influencias.
El empresario de Buenos Aires y propietario del hotel “Océano Patagonia”, Marcelo Battilana, había expuesto en su denuncia que le solicitaron 300 mil dólares para habilitarle el hotel que estaba construyendo en Puerto Pirámides.
La causa, que tramita en la Fiscalía de Puerto Madryn, comenzó en septiembre del año pasado, luego de que el comerciante advirtiera el “pedido de dinero para lograr la aprobación de un final de obra para un hotel que está construyendo en la villa balnearia”, de acuerdo a lo detallado por el Ministerio Público Fiscal.

Armas en la casa

Hace dos semanas, fue imputada Marcela Montero como coautora de dicho delito, quien decidió no declarar y luego concurrió a las oficinas de la Fiscalía para registrar su huella dactilar, en el marco de los procedimientos de rigor.
En el allanamiento realizado en el domicilio de Vargas, la Policía incautó dos armas de fuego, una de uso civil y otra considerada “de guerra”, las cuales carecían de la documentación reglamentaria, lo que motivó que se lo imputara por dicho delito.

Prisión de uno a seis años

De este modo, la Fiscalía, representada por Daniel Báez, tendrá el plazo establecido de seis meses para avanzar con la investigación y determinar si existió el delito, además de decidir si eleva la causa a juicio oral, lo cual recién se conocería el año que viene.
El delito está previsto en el artículo 256 bis del Código Penal y establece que “será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por interpósita persona, solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público”.