Ante los sucesivos incrementos en el valor de las cuotas, la disminución del poder adquisitivo de la población y la caída del empleo, cae el padrón de los afiliados a los servicios de medicina privada.
Según datos extraoficiales, en el país el sistema perdió en los dos últimos años más de un millón de afiliados, y conforme avanzan los meses las desafiliaciones se acentúan en consonancia con el deterioro de los ingresos.
Con los saltos inflacionarios de los últimos años, más el encarecimiento de los costos médicos, las cuotas de las prepagas han tenido entre cuatro y cinco ajustes anuales.
En promedio, el costo de los planes de las prepagas es de entre $ 6.000 y $ 7.500 mensuales para una persona de edad mediana, y es mucho más alto para los adultos mayores. Un matrimonio joven con dos hijos menores, por un plan sin reintegros, paga alrededor de $ 13.000 por mes. Y los planes familiares mayores superan ese importe.

Patagonia en caída libre

La salud pública alcanza un récord nacional de asistencia ya que, de acuerdo a los datos del primer semestre de 2019, un 48,3% de la población tiene como único recurso sanitario la atención en un hospital, al tiempo que un 47,5% cuenta con una obra social.
En Patagonia, los números eran diferentes hasta hace un tiempo atrás, ya que la mayor adhesión a la medicina prepaga se registraba en la región, conforme los datos de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con un 10,3% en esa situación, un 47,3% adherido a una obra social y un 35,8% que va sólo al hospital.
Las cosas han ido cambiando, y si bien la región patagónica sigue ostentando los mayores índices de adhesión a la medicina prepaga, cada vez son menos los afiliados, y el número resulta significativo cuando se calcula en porcentaje de población laboral.

Recorte en cobertura

En junio pasado, se habilitó que las prepagas puedan dar coberturas parciales de cobertura ambulatoria o de internación. Esto significa ofrecer planes más baratos, que no garanticen el 100% de la atención médica sino con coberturas limitadas y que quienes acepten esos planes cubran el resto a través del hospital público.
Los planes parciales de cobertura ambulatoria incluyen: Consultas Médicas, Medicamentos, Estudios y Prácticas de Baja Complejidad y Estudios y Prácticas de Alta Complejidad. En tanto, los parciales de internación incluyen Emergencias Médicas en domicilio y Guardia, Internación Clínica y Quirúrgica y Medicamentos en Internación.

Las empresas

Este año se creó la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), que reúne a las representantes del sector privado. El objetivo de la organización es demostrar que el sistema sanitario nacional está en emergencia hace 17 años, y convoca al Estado a aumentar su participación.
Desde el sector afirman que, del total de la población del país, aproximadamente un 30% recae sobre el sistema público, mientras que el 70% restante se atiende en el sector privado, lo que se traduce en una masa de pacientes y derivados cercana a los 30 millones de personas. El sistema de salud privada, que en Argentina tenía diferentes representaciones a través de distintas Cámaras, según intereses específicos, decidió fundar y agruparse en una Confederación que aunará los intereses en común de todo el sistema de salud privado en el país: de La Quiaca a Tierra del Fuego.
«El tiempo de prestarle atención seria y dedicada al sistema de salud de la Argentina es hoy», enfatizó Claudio Belocopitt, titular de la Confederación en la presentación en sociedad que se realizó en mayo último.
Según revelan, el sistema de la salud en Argentina está delegado en su mayoría a las obras sociales, que pueden ser sindicales, a la medicina prepaga y solamente un 30% se atiende en hospitales públicos, aunque esos números están cambiando sustancialmente en los últimos meses
Belocopitt afirma que “el Estado nacional -cualquier sea su signo político- debe comprender que los recursos y la financiación del sistema de salud privado son limitados. El Estado transfiere su responsabilidad a las prepagas y a las obras sociales”.

Los números

Ya no hay dudas que el sistema privado de salud se aleja cada vez más de las posibilidades de la población de afrontar los incrementos de las cuotas, que con el de mayo habrá subido un 53% en un año. Entre el 70% de afiliados directos y el 30% de los que derivan aportes de las obras sociales suman unos 10 millones, concentrados principalmente en 5 entidades: Osde, Swiss Medical, Galeno, Sancor Salud y Omint, donde por los planes más o menos completos para familia tipo se paga de $15 a 17 mil por mes, arrancando de un básico individual de $4 mil.
Las obras sociales, incluido PAMI, reúnen 18 millones de afiliados y los hospitales públicos 15 millones. Entre la inflación y la ineficiente asignación de recursos de un sistema que mezcla y superpone la salud la pública, la social y la privada, “las decisiones se segmentan, los cuidados se fragmentan, la financiación se atomiza”, como resalta desde hace tiempo el especialista Federico Tobar, quien además pone de relieve que “las brechas en acceso y resultados se acentúan”. El gobierno, por decreto, modificó la ley de prepagas y sus reglamentaciones al permitir que se oferten planes parciales, o low cost, que fraccionen el Programa Médico Obligatorio para abaratar el costo y por supuesto la calidad de la prestación y detener la sangría de asociados que desde 2018 vienen cayendo.

Entre los que resisten sin bajarse van en degradé con los planes: de los altos a los intermedios y de éstos a los económicos, según apuntan en las principales prepagas.

De todos modos, 2018 terminó con una caída estrepitosa y el año en curso muestra índices más elevados en la proyección. Las bajas empezaron a superar a las altas. En la líder Osde, sobre 2,2 millones en los últimos 12 meses se perdieron 8 mil afiliados, más en el interior que en Buenos Aires.
Como para este año se prevé que otro tanto habrá de desertar por no poder pagar el nivel al que llegaron las cuotas, las firmas de medicina privada lograron que la Superintendencia les apruebe planes parciales de prestaciones, que retrotraen el sistema a cómo funcionaba antes de sancionarse la Ley N°26.682 y sus reglamentaciones, donde se establece que los planes de las prepagas deben como mínimo ofrecer las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente.

Low cost

Implica que, en lugar de ser garantizado el 100% de esa cobertura, en los casos de las que no reciban derivación de aportes de las obras sociales sean armadas alternativas que contengan una parte -pequeña o grande- de las prestaciones básicas.
Fue una puerta jurídica que el 22 de enero abrió el Decreto N°66, firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña y Carolina Stanley, que cambia la reglamentación de la Ley de Prepagas a fin de ampliar las excepciones a la obligación de garantizar el 100% del PMO.
Esos planes parciales, también llamados low cost, habían sido eliminados con la aparición de la Resolución N°247/96 que estableció un Programa Mínimo de Prestaciones y Prácticas Médicas Obligatorias, conocido como PMO.