La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH) oficializó ayer una denuncia penal contra el Poder Ejecutivo de la Provincia, por “demorar arbitrariamente los pagos de los funcionarios en franca violación de la Constitución Provincial”. El texto de la AMFJCH sostuvo que la acusación impulsada contra el Ejecutivo, que tiene a la cabeza al propio Mariano Arcioni, es por “incumplimiento de los deberes y retención de fondos expeditos”.
Además, la presentación publicada en la víspera intima al Gobierno Provincial a cumplir con el cronograma de pagos que ya se anunció, asegurando que hay versiones extraoficiales que dan cuenta que no se cumpliría con las fechas establecidas.
También se remitió una nota al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para ponerlo en conocimiento de la información extra oficial “que da cuenta que el Gobierno no cumpliría con el pago escalonado anunciado y se solicitó que se realice un pedido formal inmediato del STJ al Poder Ejecutivo Provincial para que en el plazo de 24 horas garantice, por escrito, que cumplirá con el plan de pagos anunciados, a fin de darle tranquilidad a empleados, funcionarios y magistrados”.
Asimismo, desde la AMFJCH insistieron con que los fondos están disponibles, pero desde el Gobierno deciden no utilizarlos: “El Poder Ejecutivo Provincial contando con el dinero para abonar los haberes decidieron injustificadamente no pagar los salarios de funcionarios y magistrados incumpliendo la manda constitucional del artículo 170 de la Constitución Provincial, a la vez que priorizaron el pago de sus propios salarios, que más allá del legítimo derecho a percibirlos como cualquier asalariado, no gozan de la garantía constitucional de la intangibilidad”.
Otra de las exigencias de los magistrados y funcionarios judiciales fue el cambio de destino de los salarios de los trabajadores, luego de insistir en “la falta de respuesta del Banco (del Chubut) de prorrogar los vencimientos de créditos y tarjetas”. En este contexto, también se solicitó que los aportes correspondientes a la obra social SEROS sean depositados allí directamente, con el objetivo de que “no sean usados para otros fines”.
Al respecto, la AMFJCH consideró que hay una “falta de respuesta del Banco Chubut al pedido de prórroga de los vencimientos de créditos y tarjetas exhibiendo una total falta de responsabilidad social empresarial y se le solicitó al STJ que habilite a los asociados de la Asociación de Funcionarios y Magistrados a elegir la entidad bancaria en la que se deben depositar sus salarios, en virtud que los bancos privados sí han modificado las fechas de vencimiento de tarjetas y créditos”.
En relación a la situación con SEROS, se le solicitó al STJ que adopte todas las medidas necesarias para contribuir con la regularización de los servicios de la obra social. En ese sentido, se le requirió al Poder Judicial exija al Poder Ejecutivo que le deposite al STJ el monto total de los salarios incluidos los aportes del empleado y del empleador para la obra social provincial, los que deberán ser remitidos inmediatamente a SEROS, al mismo tiempo en que se abonan los haberes, siempre teniendo en cuenta la postura explicada en el documento emitido en la víspera. “De ese modo, al menos se garantiza que los aportes actuales sean efectivamente remitidos a la obra social”, consideraron los magistrados y funcionarios judiciales chubutenses.