El Gobierno convocará para el jueves próximo al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), con una dificultad de raíz: una distancia insalvable entre el propósito oficial de aumentar el piso en la línea más cercana al 28% que logró imponer en paritarias entre gremios afines y la premisa de la CGT de acercar el valor a los 30 mil pesos que cuesta la canasta básica, lo que representaría un ajuste de 140 por ciento.

Para el Ejecutivo no se trata sólo de una postura principista: con la variación del piso salarial están atados los ingresos de docentes, jubilados y beneficiarios de planes sociales.

A partir de esa distancia la discusión se encamina a seguir los pasos de la del año pasado, cuando terminó con una resolución unilateral de la administración de Mauricio Macri y sin acuerdo del sindicalismo.

El año pasado el Consejo culminó con una suba escalonada del 25% que llevó el mínimo a los actuales 12.500 pesos. En lo formal, el piso de ingresos rige para un universo limitado de trabajadores no alcanzados por un Convenio Colectivo (se calcula que son unos 200 mil) y de manera indirecta, como orientación para los asalariados informales.

Fuente: Ámbito