Por Juana de Arco*

Está visto que cuando empiezan a aparecen los ‘carpetazos’ desde el poder central, para cualquier funcionario provinciano quiere decir acá y en la China, que las cosas están muy, pero muy mal políticamente hablando. Y si eso sucede antes de una elección nacional, donde es más fácil hacer simpatías que anti; y en medio de una crisis económica y financiera como la que atraviesa la provincia, donde siempre suele existir consideración por el posible efecto dominó que podría acarrear un default, el dato es aún más preocupante. Como decía Noel Coward, “el dinero no nos proporciona amigos, sino enemigos de mejor calidad”. Esta parece ser la experiencia que está atravesando el gobernador de Chubut en el brete del debate en el que se metió con el gobierno central por los fondos coparticipables, las regalías, los subsidios, las retenciones y otras tantas yerbas que podrían escalar hasta alcanzar estadios y actores inesperados.
No es un dato menor que trascendiera justo ahora una gravísima denuncia penal de un organismo central como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) enredando a Arcioni con candidatos, funcionarios, ex funcionarios, empresas prestadoras de servicios petroleros, la empresa provincial Petrominera, dejando al descubierto maniobras delictivas por un grupo importante del poder político y empresarial de Comodoro Rivadavia centralizadas en el actual miembro del directorio de YPF por Chubut y ex intendente Néstor Di Pierro e involucrando al escribano y actual gobernador como quien habría dado fe en documentos que permitieron parte de esas operaciones fraudulentas. “Existen claros elementos que configuran los delitos de lavado de activos de origen delictivo; asociación ilícita para delinquir; evasión impositiva; defraudación a la Administración Pública; evasión tributaria y falsedad documental (SIC)”, dice la AFIP. Si esto es así, y si la causa termina en condena, Arcioni podría verse penalmente en aprietos tal vez antes de asumir su próximo gobierno, hasta con derivaciones insospechadas a nivel institucional.
Y si no es así, y el escribano demuestra que sólo dio fe de firmas y no de contenidos, justificando desconocimiento sobre las maniobras y la intencionalidad final de los actores respecto a los dineros públicos, igualmente quedaría feamente salpicado por las tropelías de “una banda” como la describen los sabuesos, se puede decir que altamente intuida en la sociedad comodorense, pero desconocida por un profesional de la talla de Arcioni, hoy además jefe político de nuestra provincia. Una mancha a la credibilidad pública del funcionario que podría rozar profunda y sensiblemente tal vez su mayor valor agregado, que se suele recitar en los ámbitos más recoletos: ´que no proviene de la política y que es un reconocido profesional´.

¿Clamor de intervención federal?

A la par, y siempre boyando en los Tribunales, Arcioni tendrá que reencauzar varios frentes enemigos, algunos abiertos por escasez otros por descuido, se supone. Uno de estos flancos gravísimos tiene que ver también con la Justicia a partir que un sector de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCh) dejó trascender dos avanzadas vinculadas a formular una denuncia en los fueros federales con la finalidad de solicitar la intervención federal a Chubut, o pedir el juicio político contra el Gobernador. Apelan a que la Constitución Nacional establece en los artículos 75 inciso 31 y 99 inciso 20, algunas de las causales de intervención federal, dependiendo de las potestades del Congreso o del Poder Ejecutivo, y en este caso debido a la falta de funcionamiento de dos de los tres poderes de Chubut: el judicial y el legislativo, ocasionado por las irregularidades de pagos de salarios y el incumplimiento en la acreditación de las partidas presupuestarias de ambos poderes.

´Ficha limpia´ en puerta

Y en este marco no es para nada casual que mañana martes, dos días antes del cierre de campaña y a cinco de las elecciones primarias, Cambiemos reabrirá la Cámara de Diputados para tratar una ley que proscribe candidatos con condenas pendientes en la justicia, conocida como «ficha limpia». La convocatoria se oficializó la semana pasada y los diputados de las distintas vertientes del peronismo empezaron a cruzar llamados para evaluar si era conveniente prestarse a una foto en la que, de una u otra manera, flotará la figura de Cristina Kirchner.
La mayoría de los opositores que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia o son kirchneristas o quedaron en las listas de Todos, como el peronista salteño Javier David o la massista Vanesa Massetani, por lo tanto no será nada sencillo que se expongan a una discusión incómoda.
Hay excepciones como la del también salteño Pablo Kosiner, que busca su reelección en la lista de Roberto Lavagna; o el cordobés Juan Brügge, de la democracia cristiana, cercano al gobernador neutral Juan Schiaretti.
Para ratificar que el plenario está más que firme, el diputado radical Luis Petri presentó otro proyecto sobre el tema y lo sumó al temario. Propone un sistema escalonado, que ante una sola condena en primera instancia por un delito contra la administración pública inhabilite a un político a ser candidato.
Además, ante la inexistencia de una sentencia penal confirmada en segunda instancia por un delito doloso, una persona no podría presentarse como candidato. Y plantea la condena efectiva para los aspirantes a ocupar cargos que luego comentan delitos por corrupción.
«Quienes le robaron posibilidades y esperanzas al pueblo argentino deben quedar lejos de las responsabilidades públicas y de los espacios donde debe reinar la transparencia que la República reclama», sostuvo Petri.
La ley prohíbe que haya candidatos condenados por corrupción. Hoy se supone que habrá una entrega de firmas en el Congreso para que la oposición dé quórum mañana.
El texto es un poco más severo que el consensuado en los últimos días por el radical Diego Mestre y el macrista Pablo Tonelli, que presiden las comisiones a cargo el plenario. Contempla prohibir candidaturas a condenados en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. También a los acusados por exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública, traición y delitos que comprometan la paz y dignidad de la Nación. Pero en Cambiemos hay voluntad de negociar un dictamen común si es que la oposición aporta con el quórum y se presta a una de las banderas de campañas del Gobierno.
No será gratis que no aparezcan: en declaraciones radiales, Tonelli anticipó que el lunes entregarán 250 mil firmas al Congreso para exigir que las comisiones debatan la ley. «En algún momento no muy lejano, antes de fin de año, este proyecto será ley», anticipó el diputado porteño y confió en que el peronismo federal está dispuesto a dar quórum. O sea, sólo quedarían vacías las sillas del kirchnerismo. «No está nada mal tratar el proyecto ahora y si a alguien le parece que forma parte de la campaña, está en su derecho de opinar lo que se le dé la gana», señaló. No muchos quieren decir algo. Y otros, esperan que el efecto no sea “retroactivo”, en el caso de mandatarios que habiendo sido elegidos aún no asumieron. En fin, dicen que hay muchos que analizan que si en diciembre deberán irse juntos al infierno del llano, no lo harán solos. Y en ese marco juran llevarse consigo, tal vez no a todos, pero sí a algunos. En esta categoría podría entrar el gobernador de Chubut de no lograr una rápida reconciliación con el poder central antes del próximo fin de semana. En fin, como dice el refrán cuando el dinero se va por la puerta, el amor (y la contención) se va por la ventana, no?

*Soy Juana de Arco,…y ceniza de tantos