La Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene previsto resolver en lo inmediato las demandas de 15 provincias contra los decretos del Gobierno nacional que afectan fondos coparticipables y significarían una baja en su recaudación impositiva.
Los cinco ministros de la Corte se reunieron, en su acuerdo habitual de todas las semanas, y no trataron el tema. Chubut integra el lote de distritos opositores que recurrieron el máximo tribunal cuestionado los decretos del presidente Mauricio Macri.
A las 14 provincias que habían presentado demandas se sumó en las últimas horas Misiones, informaron en el tribunal. Fuentes de la Corte dijeron que antes de que el caso llegue a estudio de los jueces deben cumplirse pasos que aún no se dieron.
Resta todavía el procedimiento ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que podría dictaminar por el rechazo de los decretos del presidente Mauricio Macri. Hasta ayer, los DNU no habían ingresado en el Congreso. Deben ser enviados por el jefe de gabinete. Desde que rige el reglamento actual -hace más de diez años- nunca el Congreso dejó sin efecto un DNU. Sin embargo, la Corte no estudiará el caso hasta que no estén terminados todos los trámites en los otros poderes, informaron fuentes del tribunal.

Competencia originaria

Pero más allá de las cuestiones de procedimiento, en distintas vocalías de la Corte advierten que es una discusión eminentemente «política» y dicen que el tribunal siempre se manejó con especial prudencia en tiempos como este, con el país en medio de un proceso electoral.
En cuanto al procedimiento interno, los expedientes pasaron ahora a la Procuración para que dictamine si estos casos son o no de «competencia originaria» del máximo tribunal; es decir, si le corresponde o no tomar el tema. Los ministros no le fijaron un plazo a la Procuración para pronunciarse, pero todo indica que no le llevará mucho tiempo. Esta semana ya dictaminó ya en un tema similar.
Con la firma de la fiscal ante la Corte Laura Monti, sostuvo que el máximo tribunal es competente para resolver los planteos presentados por cuatro provincias petroleras contra el gobierno nacional por el congelamiento del precio de los combustibles.

Atacan los tres decretos

Las demandas de los gobernadores ante la Corte atacan tres decretos; el 566, que es el que congeló el precio del petróleo, y también el 561 (que eliminó el IVA a un grupo de alimentos) y el 567 (que subió el piso de Ganancias).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación envió a la Procuración General el expediente con la demanda de inconstitucionalidad de la rebaja de IVA y Ganancias que interpuso Entre Ríos.
En el expediente figura también la petición de una medida cautelar para evitar que se sigan produciendo detracciones de la coparticipación federal.
El expediente que contiene la demanda de la provincia de Entre Ríos quedó registrado con el número 1.829/2019. Luego de ser recibida en la Corte, la presentación corrió la misma suerte que las que presentaron las que interpusieron las otras 13 provincias que iniciaron una causa igual contra la Nación: fue remitido a la Procuración General para que se expida.

Regalías petroleras

El organismo que conduce Eduardo Casal deberá opinar, en primer lugar, sobre si es pertinente o no la medida cautelar que solicita la Provincia y que busca evitar que por la rebaja de la alícuota de IVA a algunos productos de la canasta familiar y la suba del mínimo imponible de Ganancias (medidas dispuestas por decreto por el presidente Mauricio Macri) se sigan detrayendo recursos de coparticipación a Entre Ríos.
Esto deberá ser definido rápidamente, se espera que, en el transcurso de unos pocos días, según consignó la agencia APF.
En tanto, la cuestión de fondo (la constitucionalidad de los decretos) requerirá más tiempo de análisis por parte de la Procuración y luego de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Según otros medios, la decisión de requerir la opinión de la Procuración es un claro indicio de que la resolución tardará en producirse. “Ya fue todo a la Procuración, salvo el pedido de San Juan y Santa Cruz, al que le faltaba una firma del fiscal de Estado”, aseguró una fuente de la Corte. “Los reclamos por el petróleo también fueron girados”, ampliaron desde otro despacho. Se referían a los pedidos de provincias petroleras, como Río Negro y Neuquén, que en su caso se quejan por el congelamiento de las naftas, porque les recorta sus regalías.

Los tiempos de la Corte

De todos modos, en el máximo tribunal aseguraron que el tema “no tendrá definición en la reunión de este jueves”. Otra fuente del Palacio de Tribunales abrió aún más el espectro: “Este es un tema de la política que pretenden que resuelva la Justicia. Y ahora hay que ver los tiempos que se toma la Corte. Ni siquiera el envío de los reclamos a la Procuración es una señal de celeridad. La Procuración se puede tomar meses en resolver su postura”.

Congelamiento de combustibles

El conflicto entre las provincias petroleras y la Nación no tendrá su resolución, por ahora, en la Corte. El máximo tribunal esperará que el procurador general de la Nación emita dictamen y que el Congreso avale o rechace los decretos presidenciales.
Cabe recordar que la procuradora Fiscal de la Nación, Laura Monti, dictaminó en el caso de Neuquén que la Corte debe terciar entre el Estado nacional y los provinciales. Por esto, se supone que en el resto de los planteos se resolverá en el mismo sentido. Sin embargo, la Corte debe aguardar el resto de las definiciones para tomar una decisión.
Las provincias petroleras solicitaron que se declare inconstitucional el congelamiento de los combustibles, ya que aseguran que la medida afectará en forma negativa en sus economías.
La Corte, como máximo órgano de justicia, no tiene plazos para decidir, precisamente para poder manejar los tiempos y propiciar soluciones sin judicializar el proceso.

El fondo sojero, un antecedente

Los jueces del máximo tribunal han tratado, en el caso del reclamo por la restitución del fondo sojero, que prime un acuerdo político entre las partes, y abrió un plazo para que nación y las provincias retomen las negociaciones, pero lo cierto es que no han prosperado.
Recientemente, luego de no llegar a un acuerdo con el Gobierno, Tucumán decidió sumarse a las provincias de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero, y presentó una demanda ante la Corte Suprema por la eliminación por decreto del Fondo Sojero en 2018. Entre sus argumentos, Tucumán señaló que el año pasado se perdieron de ingresar a la provincia $437 millones y estiman que en 2019 la cifra ascenderá a $1.300 millones.
Vale recordar que el Fondo Sojero creado en 2009 y que surgió luego de la pelea por la 125, fue establecido a base de acuerdos entre la Nación y las provincias avalados por el Congreso y Legislaturas provinciales. Este mecanismo es conocido por el Máximo Tribunal como derecho intrafederal o federalismo de concertación, con lo cual no se puede desconocer el mismo de forma unilateral.
Su objetivo permitía transferir recursos a las provincias de un recurso no coparticipable, para destinarlo al financiamiento de obras públicas. Se nutría de un 30% de las retenciones a la exportación de soja.
Efectivamente Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero ya habían iniciado demandas ante la Corte Suprema. Meses atrás la Corte se reunió con representantes tanto de las provincias como del Gobierno. Se trata de una caja a repartir en torno a los US$1.500 millones. El tema sigue pendiente de resolución transitando “los tiempos” de la cabeza del Poder Judicial.