Las bombas que se cobraron la vida de 790 civiles en los últimos tres meses dejaron de caer sobre Idlib, el último bastión insurgente en Siria. Los bombardeos aéreos del régimen de Damasco y de sus aliados rusos cesaron en la medianoche del jueves, según confirmó la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Después de ocho años de hostilidades, la batalla final de la guerra había encallado en la provincia nororiental fronteriza con Turquía ante la resistencia de 20.000 insurgentes yihadistas y salafistas. Cada uno de los bandos ha perdido a más de un millar de sus combatientes. Desde abril los enfrentamientos han forzado el desplazamiento de 440.000 personas y han sembrado la destrucción en escuelas y hospitales.
En un gesto poco habitual, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había ordenado la noche anterior una investigación sobre los ataques a instalaciones humanitarias en Idlib. Diez de los 15 miembros del Consejo de Seguridad –entre ellos Estados Unidos, Francia y Reino Unido– reclamaron una indagación diplomática previa, exenta de veto a pesar de la oposición de Rusia, sobre centros asistenciales amparados por Naciones Unidas. Con más de 500 civiles muertos, el mes de julio ha sido el más sangriento de la ofensiva en la provincia rebelde. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, había denunciado poco antes la “indiferencia internacional” ante la matanza en Idlib.
Los informadores sobre el terreno del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos precisaron, sin embargo, que tras el inicio de la tregua se habían producido disparos de la artillería del régimen y lanzamientos de cohetes desde posiciones rebeles. Los llamados Cascos Bancos, socorridas desplegados en zonas bajo el control de la oposición, confirmaron también el intercambio de proyectiles en el frente.