La crisis política que vive el Gobierno Nacional, producto de los resultados de las elecciones del pasado domingo, se encarnó en una nueva guerra por la nafta que la causaría a la petrolera estatal YPF, líder del mercado, una pérdida de hasta 1.200 millones de dólares y mayor a los 600 millones de dólares a las otras empresas.
Puntualmente, la resolución que saldrá ayer y que congela el precio de los combustibles por tres meses golpeará a todas las empresas de hidrocarburos del sector, pero en especial a quienes extraen el petróleo. La medida, que en principio congelaría el precio en los surtidores en base al barril Brent a 59 dólares y la cotización de la divisa estadounidense a 45,19 pesos, valores del viernes 9 de agosto pasado, dinamitaría los balances de las petroleras.
La disputa entre el gobierno y las petroleras, que tomó forma de “apriete” cuando desde el Estado amenazaron con aplicarles la Ley de Abastecimiento a las compañías, tiene varias batallas que la precedieron, entre ellas, la de Gastón Remy, el CEO que encabeza las operaciones en el país de Vista Oil y que era el nexo con la administración de Mauricio Macri, y el presidente de la compañía, el ex titular de YPF Miguel Galuccio. Remy habría pedido que el costo del congelamiento lo paguen las refinadoras y no las petroleras. La respuesta negativa de la Casa Rosada no solo determinó el enojo entre Remy y Galuccio, sino un duro golpe para Vista.

Malestar de las operadoras

El enojo en el sector es tal que el propio Paolo Rocca, titular de Techint, también se metió a reclamar por lo afectado que quedará Tecpetrol en su producción de gas. Y es que todas las petroleras, incluidas Raizen y Axion, que ya tenían pérdidas de hasta un 5% en los últimos meses por el atraso de los precios y el aumento de los impuestos ambientales y el biodiesel, registran un rojo del 30% con la devaluación del peso.
Por su parte, YPF alertó al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, de los efectos negativos del congelamiento: una demanda judicial de los accionistas privados del 49% de la compañía por no defender sus intereses. Judicialización que en el medio de la demanda en Estados Unidos por la expropiación de las acciones de Petersen, hoy en poder del fondo Burford, podría congelar aún más al mercado petrolero, que cada vez se muestra más estancado con el presidente Mauricio Macri.

Decreto del congelamiento

Lo que sucedió en la víspera, específicamente, fue que tras no llegar a un acuerdo con las petroleras, el Gobierno Nacional decretó el congelamiento del precio de los combustibles durante los próximos 90 días teniendo como referencia los valores al 9 de agosto, con un tipo de cambio en torno a los 45 pesos, como se mencionó anteriormente.
“Ante la magnitud de los recientes acontecimientos económico financieros desencadenados, de público conocimiento, es obligación del Poder Ejecutivo Nacional utilizar los instrumentos a su alcance y adoptar las medidas específicas necesarias para proteger a los consumidores”, argumentaron desde Casa Rosada en el comunicado publicado ayer.

Precio de referencia

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicó este viernes, el Poder Ejecutivo estableció que las entregas de petróleo crudo efectuadas durante los próximos 90 días de entrada en vigencia la medida deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, aplicando un tipo de cambio de referencia de 45,19 pesos, y un precio de referencia Brent de 59 dólares por barril.
Se estableció que el precio tope de naftas y gasoil en todas sus calidades durante los próximos 90 días no podrá ser superior al precio vigente al 9 de agosto. Se explicó que durante este período las empresas refinadoras deberán cubrir, a los precios establecidos en este DNU, el total de la demanda nacional de combustibles líquidos que le sean requeridos.
La decisión del Gobierno de congelar el precio de los combustibles surge tras ideas y vueltas luego del anuncio de Macri. El anticipo del Presidente causó revuelo y descontento de algunas petroleras, por lo que el miércoles por la noche hubo una parcial marcha atrás en la decisión.
Luego de no llegar a acordar con las principales empresas del sector, el Gobierno anunció que utilizaría como base la Ley de Abastecimiento sancionadas en 1974 para ordenar la medida. Finalmente, se dictó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que entrará en vigencia a partir de este viernes por los próximos 90 días.

Gobierno de Chubut