Dos fallos judiciales ordenaron al gobierno nacional aportar los fondos necesarios para garantizar los 180 días de clases en Chubut. Se trata de dos amparos, uno impulsado por la Defensoría Pública y otro por padres de alumnos que entran en la décima semana consecutiva sin clases. Se pide declarar la emergencia educativa en la provincia y asignar fondos extraordinarios para “salvar el año”. Un proyecto con el mismo objetivo ingresó al Senado de la Nación.
Desde el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, Alexia López, integrante de dicho cuerpo, presentó un recurso de amparo en el cual exigió a las autoridades que garanticen el servicio de Educación en Chubut. Posteriormente, el juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, hizo lugar a esta medida, considerando que es el Gobierno Nacional el que lo debe garantizar.
Al respecto, la propia López explicó que “en principio la presentación la realicé en representación de los niños del nivel inicial, primario y secundario de Rawson, que es el ámbito de mi competencia, pero por extensión se interpreta que abarca a todos los alumnos de la provincia”.
En tanto, la representante del Ministerio de la Defensa Pública en la ciudad capital de Chubut, precisó que “lo primero que hice, antes del recurso de amparo, fue presentar una nota al propio gobernador (Mariano Arcioni) intimándolo a que resuelva la situación y se garantice el dictado”.
No obstante, López aseguró que “no tuve ninguna respuesta, y el paso siguiente fue la presentación ante la oficina del juez local Alesi, que es el lugar donde habitualmente hago las presentaciones por una cuestión de competencia”. Puntualmente, la letrada fundó su recurso en la Ley Nacional Nº 25.864, que establece “un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase, para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación General Básica y Educación Polimodal, o sus respectivos equivalentes”.
Por su parte, el juez que acogió el amparo y le dio curso fue más allá basándose en el artículo 4º de esa norma, que indica que “a fin de asegurar el cumplimiento del ciclo, las jurisdicciones provinciales que, una vez vencidos los plazos legales y reglamentarios, pertinentes, no pudieran saldar las deudas salariales del personal docente, podrán solicitar asistencia financiera al Poder Ejecutivo Nacional”.
Según explicó la abogada de la asesoría de familia de Rawson que inició dicho recurso de amparo, el “juez le dio al Ejecutivo nacional cinco días para que ejecute lo dictado por la ley, cuyos plazos creo ya están corriendo”.

Medida del juez Alesi

Específicamente, cabe remarcar que la medida cautelar dictada por Alesi refiere al cumplimiento de la Ley Nacional antes mencionada, que fue promulgada en el año 2003. En la misma se ordena a las autoridades de la Casa Rosada que hagan los aportes económicos necesarios para garantizar los 180 días de clases.
La norma aprobó un convenio entre Nación y las provincias que unificó el calendario de 180 días de clases y que contempla en el artículo cuarto que, si una provincia no puede cumplir con ese requisito, el Gobierno Nacional deberá garantizar el aporte económico.
Al respecto de lo ocurrido, el titular del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, Sebastián Daroca, explicó que “la asesora de Familia, doctora Alexia López, presentó una acción de amparo contra el Estado provincial en el Juzgado de Familia de Rawson para buscar la forma que los chicos vuelvan a clases porque vemos que está afectado el derecho del acceso a la educación”.
“Este jueves el juez de Familia, el doctor Martín Alesi, dictó una medida cautelar en la que ordena a Nación cubrir los fondos necesarios a los fines de restablecer el derecho a la educación de los chicos de Chubut”, reveló el defensor general de la Provincia.

Acuerdo con los gobernadores

Además, Daroca indicó que se trata de la ley de 2003 que aprueba un convenio firmado en julio de ese año entre la Presidencia de la Nación y los gobernadores, por el medio del cual se unifica el ciclo lectivo de 180 días de clases y dentro de la misma norma, en el artículo cuarto, se establece que aquellas jurisdicciones provinciales que tengan dificultades para cumplir con el objetivo de los 180 días podrán solicitar los fondos al Estado nacional a tal efecto.
“Por esa vía de amparo, la doctora López solicitó al Estado provincial que haga los trámites ante Nación para garantizar los fondos necesarios y cumplir con el calendario escolar”, remarcó Daroca en una entrevista con Radio 3 de Trelew. “La provincia debe solicitar los recursos y Nación tendrá que responder a los términos que establece la ley”, sostuvo el titular del Ministerio de la Defensa Pública.
“La medida cautelar también contiene otros dos pedidos: requerir al Ministerio de Educación un plan para cumplir con el ciclo lectivo y otras alternativas para garantizar el derecho de los chicos”, señaló, al mismo tiempo que recordó que “el recurso de amparo debe ser ahora elevado a un Juzgado Federal que puede ser en Rawson o atento a la existencia de un amparo presentado en Madryn y por el artículo cuarto de la Ley de Amparos que habla del Fuero de Atracción, que indica que cuando hay más de una causa por la misma temática, aquel juez que intervino en primer término, tiene la atracción de todos los procesos que estén relacionados con el tema. Posiblemente otro de los caminos es que el amparo sea abordado en los tribunales de Madryn”.

Fondos que debe destinar Nación

Haciendo caso a esta normativa antes mencionada, desde el Gobierno Nacional tendrían que garantizar los fondos para distintas cuestiones y no sólo para el pago del salario de los docentes chubutenses. Esto se debe a que desde Casa Rosada se debe garantizar la vuelta a las aulas de los estudiantes de la Provincia y los trabajadores del sector reclaman por distintas cuestiones.
Además de pedir por el pago en tiempo y forma de sus haberes, los docentes chubutenses también impulsaron las medidas de fuerza para solicitar la normalización de la obra social SEROS, que se respeten los aumentos acordados en las últimas paritarias y también la adecuación de los establecimientos educativos.
De hecho, a comienzos del corriente mes, cuando se pagaron los sueldos de agosto la mayoría de los trabajadores de la Administración Pública retomaron sus tareas habituales hasta que se venció el plazo para pagar los nuevos haberes, mientras que los docentes resolvieron seguir con los paros porque todavía se adeudaban los otros ítems reclamados.

Fallo de una jueza de Madryn

La jueza María Fernanda Palma, del Juzgado de Familia 1 de la ciudad del Golfo, hizo lugar a un recurso presentado por un grupo de padres de alumnos para que se reanuden las clases a nivel local.
Al mismo tiempo, exhortó al Gobierno Nacional, a través de su cartera de Educación, a que se declare la Emergencia Educativa en todo el territorio chubutense.
El documento, en su artículo primero, dispuso “la inmediata intervención del Estado Nacional, al garantizar la operatividad del ejercicio del derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes que habitan el territorio argentino”, contemplando “especialmente lo previsto por el Artículo 5 de la Constitución Nacional”.
Este último establece que “cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria”, agregando que “bajo de estas condiciones el Gobierno Federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.

Garantizar el funcionamiento

Al mismo tiempo, la resolución instó a la cartera de Alejandro Finocchiaro “evalúe, conforme a lo previsto por la Ley 26.206 de Educación Nacional declarar la emergencia educativa de la Provincia de Chubut, y asegurar el funcionamiento del sistema educativo, brindando la asistencia financiera que garantice la continuidad y culminación del ciclo lectivo del año en curso, ello con carácter perentorio”.
También, el fallo estableció “ordenar al Gobierno de la Provincia de Chubut, así como también a ATECh y ATE a asegurar el normal funcionamiento de los comedores bajo dependencia del Estado Provincial así como las escuelas con internados dependientes del Ministerio de Educación, observando lo previsto por Ley I 126 (Servicios Esenciales del Estado Provincial”.

Derechos de la infancia

Por otro lado, la jueza Palma solicitó “exhortar al Gobierno Provincial a garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes que habitan la provincia, encauzando sus políticas públicas con la responsabilidad que conlleva el reconocimiento de los derechos de la infancia como garantía primordial y prioritaria, conforme a lo previsto por el Artículo 4 de la Ley III 21”.
Este último refiere que “es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar a los niños y adolescentes, con absoluta prioridad, la realización de los derechos referentes a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al deporte, a la recreación, a la formación integral, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad, a la convivencia familiar y comunitaria, y en general, a procurar su desarrollo integral, respetando su personalidad”.
Por último, la cautelar dispuso “hacer saber al Ministerio de Educación que deberá dar intervención al Servicio de Psicología Educacional y Psicopedagogía, creado por la Ley VIII 91, Artículo 100, a fin de que ante la actual situación de crisis y emergencia, brinde contención y asesoramiento a la comunidad educativa, tendiente a paliar la actual coyuntura institucional”, entre otras cuestiones.

Cuál es el marco legal previsto

Según la Ley de Educación de Chubut, a través de la cartera educativa se debe implementar, “de manera gradual, Equipos de Apoyo a la trayectoria escolar de los/as estudiantes y de las instituciones”.
Esto último, mediante “Servicio de Psicología Educacional y Psicopedagogía”, que estará conformado por profesionales del área de psicología y psicopedagogía, matriculados en sus respectivos colegios, en carácter de consultores externos a la institución escolar”, así como también por “Equipos Interdisciplinarios de Orientación, Asesoramiento y Evaluación de las Trayectorias Educativas de los/las estudiantes con discapacidad en el sistema educativo”, “Servicio de Mediación Educativa” y “Centros de Admisión de la Medida de la Seguridad Educativa”.

Partida extraordinaria del Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación

La senadora nacional por Chubut, Nancy González, presentó esta semana dos proyectos para ser tratados en sesión, cuya temática y objeto versan sobre conseguir los recursos necesarios para contribuir con la solución de la crisis económica y social que están atravesando actualmente los chubutenses.
La Senadora sostuvo que, ante una crisis como la que se sufre actualmente, “cada uno de los dirigentes con responsabilidades institucionales tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para llevar tranquilidad al pueblo de la provincia”, dijo al señalar que por esa razón “impulso estas iniciativas que están dentro de mis competencias como senadora de la Nación, instando al Estado Nacional a que se haga cargo y cumpla con sus obligaciones legales”.
“Esta solicitud al Ejecutivo no excluye de ninguna manera la responsabilidad manifiesta que detenta la mala administración de la gobernación de nuestra provincia, la cual ha contribuido fuertemente con la situación crítica que está sufriendo el pueblo chubutense”, dijo González.
Asimismo, en la sesión extraordinaria del día miércoles 18, donde se debatió y aprobó la prórroga de la emergencia alimentaria a nivel nacional, Nancy González solicitó que se les diera un tratamiento preferente a ambos proyectos -junto con otros dos presentados en el año 2018 sobre el incremento de recursos económicos para la provincia-, a los efectos de ser incorporados para la próxima convocatoria a sesión.
La Senadora sustentó su pedido explicando de forma sucinta los lineamientos generales de cada proyecto. Expuso que el primer proyecto presentado “está dirigido específicamente a la situación de la Educación, solicitando se declare la emergencia que prevé la Ley de Educación Nacional y se brinde el apoyo económico necesario para hacer frente a esta situación de crisis, posibilitando de esa forma el pago íntegro a todos los docentes”.
En cuanto al segundo proyecto, señaló que “se insta al Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda como responsable de la administración del Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación para que asigne una partida de recursos a nuestra provincia destinada a atender la situación que están atravesando todos los sectores sociales y económicos, afectando servicios esenciales como la salud, la administración pública y la justicia”.