La permanente tensión que producen los altibajos de la economía criolla en la vida de las personas tiene que ver con los guarismos pero sobre todo con la incertidumbre. Por eso, nada mejor que informarse y consolidar conocimiento sobre las alternativas, para acotar el estrés o por lo menos direccionarlo hacia posibles soluciones o mínimamente prever un blindaje en el corto plazo que evite mayores consecuencias. Como en toda gran crisis, gestionar ideas es de alguna manera gestionar soluciones.
Es evidente que la economía argentina vive un momento de alta tensión política y financiera, tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias de agosto. Luego de ello inició una profunda devaluación, que llevó a la reprogramación de vencimientos de bonos y la aplicación de restricciones para frenar la caída de reservas del Banco Central. Y lo peor es que nada sugiere que la cosa mejorará los próximos meses, por lo cual, aunque esta verdad pese, es absolutamente necesaria para trabajar en prospección.
El director de Economía y Regiones (E&R), Diego Giacomini, advirtió que «sería un error descontar que la economía habría tocado fondo y comenzamos a salir» y afirmó que no hay «nada más alejado de la realidad». «De acuerdo con nuestra visión, no hay fundamentos para entusiasmarse, siquiera para descontar que todo seguirá ‘igual’ de complicado. Por el contrario, seguimos descontando y advirtiendo que hay que prepararse para lo ‘peor’», indicó Giacomini.
Según E&R, «está ‘todo’ dado para que tanto el cepo como el default ganen envergadura y se fortalezcan con el paso del tiempo», aunque el dato «positivo» es que la hiperinflación es evitable.

La caída de la demanda de dinero

«El principal problema macroeconómico de Argentina no es otro que una estrepitosa caída de la demanda de dinero. El origen de la estrepitosa caída de la demanda de dinero es el balance del Banco Central, que está quebrado. Un balance quebrado es promesa certera de más devaluación y más inflación. ¿Por qué? Porque se necesita más devaluación y más inflación para licuar los (excesivos) pasivos en dólares y ponerlos en línea con los (escasos) activos en dólares. En pocas palabras, la devaluación no es el origen del problema, sino su consecuencia», explica en el reporte de E&R.
«La política del BCRA no ataca el origen de la caída de la demanda de dinero, sino que va sobre su consecuencia, es decir, la devaluación», amplía y explica que el problema patrimonial de la entidad es cada vez mayor. Además, argumentó que «la actual política monetaria del BCRA achica el activo y agranda pasivo, haciendo que el patrimonio neto sea cada vez más negativo y el BCRA esté cada vez más quebrado». «La política del BCRA achica el activo de su balance vendiendo reservas de libre disponibilidad para mantener el tipo de cambio. Además, se pierden reservas brutas (de los encajes de los bancos) por la fuga de los depósitos en dólares. Paralelamente, también se pierden reservas brutas alquiladas al FMI para pagar deuda en dólares y reservas de libre disponibilidad para hacer frente a algunas necesidades excepcionales (por ejemplo, repo a bancos)», remarcó. El viernes -por ejemplo- las reservas cerraron en u$s50.949 millones. Entre las PASO y el 4 de septiembre las reservas totales cayeron US$ 13.992 millones: US$ 993 millones diarios en esos 16 días. La proyección se basa en la siguiente lógica:
La actual política monetaria hace que aumente el peso de la suma de base monetaria, Leliq y pases netos en relación a la (cada vez menor) cantidad de reservas del activo y, por otro lado, la vida promedio de los pasivos monetarios se ha acortado, ya que el stock de pases netos ha aumentado de $3.000 millones a $98.000 millones. «Hay un tramo de colocaciones que pasaron de Leliq a pases netos, disminuyendo su plazo de colocación de 7 a 1 día, con lo cual el riesgo de monetización crece», agregan desde la consultora.

El tiempo de ´la maquinita´

Además, advierten que «adicionalmente, también hay que considerar que sería muy probable que terminara habiendo maquinita (emisión) y en consecuencia expansión de base monetaria». El Tesoro no tiene pesos para pagar Lecap ni déficit fiscal primario, con lo cual se deberá recurrir a la emisión monetaria para afrontar dichos pagos. Si el BCRA insistiera con cumplir su programa de expansión de base monetaria 0, dicha nueva emisión debería ser absorbida por más Leliq y pases (más tasa)», dijeron. El resultado de todo eso es que «Argentina se dirige a un escenario futuro de tipo de cambio real (TCR) más caro, pero con más inflación, lo cual implica necesariamente ajustes nominales (hacia el alza) mayores». Eso, además, golpeará más el nivel de actividad, según indicó la publicación El Economista.

El dólar ´estrés´

«La probabilidad que el TCR sea más elevado y el dólar sea caro es elevada para fin de 2019 y comienzos de 2020, con lo cual recomendamos tomar las (mejores) acciones para minimizar su impacto (negativo) microeconómico», ensayan. Esa suba del dólar complicará más el manejo de la deuda. «La deuda probablemente dejará de poder ser honrada, y en consecuencia la Argentina avanzará en la cadena de defaults», dice Giacomini.
«Se pasará más temprano que tarde del default selectivo al default interno (Bonex) si las Leliq no se licúan, y al default total con el FMI y los bonistas. La imposibilidad de honrar la deuda pública en tiempo y forma puede verse muy sencillamente con dos números. Primero, visualizando que se necesitaría un superávit primario de 4,5%-5% del PIB para que la deuda fuera sustentable en términos dinámicos. Segundo, advirtiendo que el próximo presidente debería pagar vencimientos de deuda por US$ 52.613 millones (FMI) y US$ 136.274 millones (bonos) durante su presidencia, lo cual representa más del 50% de su PIB en dólares de 2020», detallaron. Por si quedan dudas, desde E&R dicen: «Aconsejamos que el sector privado se prepare para ‘lo peor’».

La pesada herencia judicial

Como si fuera poco escenario para el valiente que se postule a ´ganador´ en las generales de octubre, en los próximos meses la Corte Suprema definirá juicios por alrededor de $ 300.000 millones contra el Estado que deberá afrontar quien asuma el 10 de diciembre. Así las cosas Nación y Provincias pasaron sin escala, del Consenso Fiscal a la lluvia de demandas.
Una de las ideas madres de la concepción política de Cambiemos era la de bajar la litigiosidad contra el Estado. Esa fue una de las premisas del Consenso Fiscal firmado a finales de 2017 y que tuvo como corolario que en agosto de 2018 la Corte Suprema de Justicia cerrara las diferentes causas que habían entablado quince provincias contra el Estado Nacional por reclamos impositivos y de transferencias de ingresos que sumaban reclamos por 740.000 millones de pesos.
Un año más tarde, el Máximo Tribunal sigue recibiendo demandas contra el Estado nacional como consecuencia de diferentes medidas que tomó la administración Cambiemos y que repercutió en el reparto de fondos para las provincias. Así, un año más tarde que el Estado sólo le quedaran demandas con San Luis y con La Pampa, ahora suma una veintena de causas judiciales por problemas que la política y la administración económica que llevó adelante Mauricio Macri no pudieron resolver.
La semana pasada la Corte recibió la autorización para comenzar a tratar las demandas presentadas por quince provincias respecto de la medida de reducción de IVA, Ganancias y el congelamiento del valor del crudo que dispuso la Casa Rosada hasta diciembre próximo y que significa una caída en ingresos coparticipables y, en el caso de las petroleras Neuquén, Río Negro y La Pampa, que verán afectados sus ingresos por regalías, la reducción de la actividad y el riesgo de las inversiones. En total reclaman alrededor de $ 40.000 millones y la cifra podría aumentar si se suman municipios que, en cascada, también pierden fondos vía la coparticipación.
Lo mismo le sucede a San Luis y La Pampa que no firmaron el Consenso Fiscal. En el caso de la administración de Alberto Rodríguez Saa reclama una deuda de $ 16.000 millones por coparticipación retenida entre 2006 y 2015 para financiar a la Anses y la AFIP. Frente a la negativa de pago la provincia puntana está estudiando embargar a la Nación por esta deuda. Por el lado de La Pampa -que suscribió el pacto pero nunca lo envió a la legislatura provincial para que sea ratificado- encaró un juicio de ejecución de sentencia por $ 2100 millones acumulada también por una detracción ilegal de su coparticipación.
Por último, un grupo de provincias está a la espera que se cumpla el plazo establecido por la Corte de 90 días para encontrar una solución a la demanda por el Fondo Sojero que eliminó el Gobierno y por el que Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y por supuesto Chubut, reclaman 1500 millones de dólares.

Fuentes: NA, IProfesional, Cronista, LN