En el transcurso de la semana anterior el Poder Ejecutivo de Chubut anunció que están analizando fijar un tope salarial de 127.000 pesos para los tres poderes del Estado. Puntualmente, a través de un decreto de necesidad y urgencia que es analizado por el propio gobernador, Mariano Arcioni, pretendería establecer un monto máximo para el pago de haberes.
Los cuestionamientos hacia este anuncio no tardaron en llegar, y desde las entidades gremiales que nuclean a los empleados de la Administración Pública apuntaron en duros términos contra el decreto que tendría como argumento central la necesidad de que todos los poderes “colaboren” ante la crisis económica y financiera que atraviesa Chubut. Además, desde el Poder Ejecutivo consideraron que el “esfuerzo” ahora le correspondería a quienes perciben los salarios más altos.
Al respecto, José Luis Ronconi, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) cargó contra esta medida que analizan desde el Gobierno Provincial, asegurando que “el problema son los ingresos, no los sueldos”. “Cuando dice que aplicaría esta medida para que todos aporten a la solución no se refiere a todos; pretende que sólo los trabajadores continuemos aportando mucho más del 50% de nuestros ingresos, mientras quienes se enriquecen en la provincia aportan 30% o menos”.
En la continuidad de su discurso, el referente gremial de los trabajadores del Poder Judicial enfatizó que “para esto fue el proyecto de aumento de sueldos del gobernador (Mariano Arcioni) y planta política, para correr la discusión de la renta hacia los gastos. El problema es la distribución de la renta. Que los ricos paguen lo mismo que los trabajadores”
“Cuando Arcioni dice que aplicaría un tope salarial para que todos aporten a la solución no se refiere a todos. Arcioni pretende que sólo los trabajadores y jubilados estatales continuemos aportando mucho más del 50% de nuestros ingresos, mientras que quienes se enriquecen en la Provincia aportan 30% o menos”, insistió Ronconi.

Panorama a nivel mundial

En este sentido, el secretario general de SiTraJuCh afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ya están discutiendo sobre esta problemática.
Puntualmente, las entidades en cuestión, además de otros organismos internacionales, estarían “advirtiendo de la concentración de riqueza, en gran parte producida por la baja contribución de los ricos en impuestos que pagan a los Estados, sumados a la evasión, la elusión y la fuga de capitales de la región que lo produce”. Todo esto “impide que los Estados puedan avanzar en políticas que garanticen el progreso de la sociedad”.
En este contexto, cabe recordar que entre 2002 y 2015 las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en promedio un 21% anual, es decir, un aumento seis veces superior al del Producto Bruto Interno (PBI) de la región según las estimaciones de Oxfam, una organización internacional sin fines de lucro.
Gran parte de esta riqueza se mantiene en el extranjero, en paraísos fiscales, lo que significa que una porción muy significativa de los beneficios del crecimiento de América Latina está siendo acaparada por un pequeño número de personas muy ricas, a costa de los pobres y de la clase media.
“Este grado extremo de desigualdad y de concentración del ingreso se ve confirmado por el análisis de los datos tributarios disponibles relativos a la renta personal en diversos países de la región. Salvaguardar los avances ya logrados por América Latina y garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible deben ser prioridades para todos los países de la región”, explicó.
En consecuencia, la CEPAL y Oxfam están decididas a trabajar de manera conjunta para promover y construir un nuevo consenso contra la desigualdad. No existe una panacea para este problema, pero sí es posible tomar medidas que, combinadas, podrían marcar una gran diferencia. La reforma tributaria es un buen lugar para empezar.