Conocidos los alcances de la investigación en torno a presuntas irregularidades en contratación de obras en el marco de la Emergencia Climática que afectó a Comodoro Rivadavia en 2017, el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública de la Nación, Fernando Álvarez de Celis afirmó que los datos que surgen en primera instancia, exponen aún más al Municipio.
“Esta semana el fiscal Iturrioz nos sorprendió con más información”, dijo el funcionario nacional, al señalar que “se comunicó para preguntarme algunos nombres de empresarios que tenían que ver con la causa y que es público es cosa calumniante de que hay certificados ante Nación”, dijo el secretario de Planificación Territorial de la Nación.
En se sentido y ante las declaraciones públicas del fiscal que entiende en la cusa, Álvarez De Celis afirmó que “cada vez que se investiga un poco más lo que pasó en la inundación, queda mucho más expuesto el municipio, que hubo irregularidades, que están atadas, por lo menos en lo que hasta ahora el fiscal dijo, en presuntos delitos que se están investigando. Dejemos que la justica intervenga”.
“Me parece que el Intendente, en vez de enojarse conmigo porque levanté la voz o con el fiscal porque investiga, tiene que enojarse con quienes hicieron o intentaron hacer este tipo de maniobras en contra de su propia comunidad”, sentenció el funcionario nacional en clara alusión a las recientes declaraciones del Jefe comunal de Comodoro Rivadavia que cuestiona al funcionario nacional y afirma que desde el Municipio no hubo irregularidades.
De acuerdo a las manifestaciones públicas del fiscal Héctor Iturrioz, la investigación en esta causa y su posterior proceso, demandaría un año de tareas.

Investigación

La semana anterior se realizaron allanamientos en distintas empresas de Comodoro Rivadavia y en oficinas municipales, en torno a la investigación que comenzó de manera oficiosa a partir de las declaraciones públicas del funcionario nacional Álvarez De Celis. Oportunamente, los fiscales convocaron al Secretario de Planificación Territorial, quien brindó una declaración testimonial.
En ese contexto se supo que había una denuncia realizada por el doctor Miguel Criado Arrieta, asesor letrado del Municipio, por irregularidades en la empresa Brother Truck. “Yo entendí que, si había irregularidades, éstas no podrían haber sido gestadas en soledad por los empresarios, toda vez que los partes diarios estaban firmados por funcionarios municipales”, dijo días pasados el fiscal Iturrioz, quien detalló que “se hacían partes diarios, un supervisor municipal los firmaba, en base a ello se hacía un consolidado de horas máquina y en base a eso se facturaba y se cobraba”.
“Arrieta dice que el reclamo genérico era de unos 60 millones de pesos. Yo tengo información que el Municipio solicitó a Nación el envío de ATN porque se les adeudaba a distintas empresas, entre las que figuraba Brother Truck, por una acreencia de alrededor de 23.6 millones de pesos”, indicó el Fiscal.
Y en ese marco advirtió que “de la documentación que se pudo recolectar de la instancia original de la denuncia de Criado Arrieta en modo alguno surge que Brother Truck haya realizado esos trabajos; nunca se pudo establecer por qué el Municipio dice a Nación que le debe a esa empresa 23 millones. La documentación nunca fue remitida”, sostuvo Iturrioz.