Por Trivia Demir

La semana cierra con más incertidumbre que certezas. Lo más concreto políticamente hablando fue la prórroga a la Emergencia Alimentaria Argentina. Este jueves, con 222 votos a favor y solo una abstención, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la iniciativa impulsada por la oposición. Esto se dio luego de un «tire y afloje» que se extendió durante varias semanas, y en un extraño caso de cooperación y colaboración entre el oficialismo y la oposición dentro y fuera del Congreso. Ahora, todo está dado para que la semana entrante el Senado convierta el proyecto en ley.
La norma que llegará a la mesa de entradas de la Cámara alta establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la emergencia alimentaria nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002. Además, enumera las obligaciones del Estado respecto de la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y establece un «incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
En ese sentido, el proyecto faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del año que viene, «y hasta que dure la emergencia», a «actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)».
Por otro lado, la norma le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias» para que se lleve adelante «un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».

El origen del reclamo

El reclamo por la sanción del proyecto empezó hace varias semanas y sus principales impulsores fueron la cúpula de la Iglesia católica y las organizaciones sociales, tanto las que son más cercanas al Frente de Todos como las que no responden a ese espacio. Algunos días después se sumó al pedido un grupo de intendentes peronistas bonaerenses, que respaldaron la demanda de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Corriente Federal de los Trabajadores, entre muchas otras organizaciones.
Si bien en el oficialismo trataron de bajarle el tono al reclamo y aseguraron que el Gobierno estuvo «aumentando la comida en comedores y reforzando la compra de alimentos por sistemas de compra de emergencia», el principal argumento del Poder Ejecutivo para desestimar el pedido fue que la emergencia alimentaria ya estaba contemplada en dos leyes, un decreto firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y un proyecto del oficialismo de 2016.

Duhalde lo hizo

A poco de asumir, el ex gobernador bonaerense impulsó un DNU que estableció la creación del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional «destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza». La ejecución de esa iniciativa, que ratifica «el deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía», cae bajo la responsabilidad del gobierno nacional junto a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires.
Además, el oficialismo aseguraba que una norma sancionada por el Congreso en 2016 consensuada entre los bloques del Congreso, el Gobierno y agrupaciones sociales como el Movimiento Evita, CTEP y Barrios de Pie declaró la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispuso la creación de dos órganos: el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP).
Esa ley le da poder a la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña para que efectúe las «reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias» hasta un monto de $25 mil millones durante el plazo de vigencia de la ley y, en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta $5 mil millones.

Cuál será el impacto fiscal de la ley

La Oficina de Presupuesto del Congreso, a pedido del oficialismo, difundió esta tarde un informe en el que evaluó el impacto fiscal del proyecto que dispone en su artículo 4° “un incremento de emergencia, como mínimo, del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. La dependencia que dirige Marcos Makón planteó dos escenarios posibles: Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $10.489 millones. Pero si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones.

Puras palabras

A la par, hubo fuertes reclamos políticos por la ´letra muerta´ en que se han convertido este tipo de normas. El diputado nacional Marco Lavagna por ejemplo aclaró en su discurso que junto a sus pares no estaban allí sentados para ver cómo suavizaban las protestas sociales que pululan en el exterior del Congreso, “sino porque hay una situación social muy compleja, que venía complicada y que después de la devaluación lo que uno ve es que la situación va a seguir complicándose”. Sostuvo que debían avanzar en medidas específicas sobre lo que se considera la emergencia alimentaria, y aclaró sobre la actuación del Congreso en los últimos años que no podía decirse que estuviera en deuda con la emisión de leyes o normas para tratar de paliar la situación. Citó en ese sentido la Ley de Nutrición y Alimentación Nacional que se votó en el año 2002. “Una excelente ley”, elogió, y aclaró que “muchas de las herramientas que estamos discutiendo están en esa ley, pero no se utilizan, ese es el problema: votamos leyes que después quedan en un cajón olvidadas”.
Lavagna habló de “un problema estructural, que se va complejizando, un problema estructural; pasamos a tener una pobreza que vamos naturalizando”. El legislador y economista alertó que “la pobreza estructural va a seguir creciendo si no hacemos algo. Y parte de lo que hay que hacer es ejecutar las leyes que ya votamos”.
“Cuando repartimos los fondos hay que hacerlo con una base de dónde están los problemas del país; en función de la coparticipación, las necesidades básicas insatisfechas y la población vulnerable de cada territorio”, señaló Lavagna, que sobre el final sugirió también “crear un índice de inseguridad alimentaria”, y en ese sentido señaló que “el INDEC tiene que empezar a medir ese tema; la vulnerabilidad, la pobreza, hacer un seguimiento en serio”.

Las provincias y los fondos congelados para alimentos

A su vez, desde las provincias confirmaron que el gobierno de Macri no actualizó los recursos para comedores, en momentos en que la demanda crece con fuerza. Además del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que cofinancian con la Nación, casi todas las provincias cuentan con programas propios de refuerzos alimentarios. En los últimos meses, por la creciente demanda social, ampliaron partidas.
Las fuentes coincidieron en que un problema extra es que los recursos provenientes de la Casa Rosada están «virtualmente congelados», por lo que crecieron con fuerza los aportes propios para los comedores y beneficios sociales.
En contrapartida, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dijeron que reparten 500.000 raciones diarias a comedores y que los convenios que se firman con los gobernadores son para «complementar» los programas de las provincias, aunque no detallaron cómo evolucionaron las partidas para los comedores y tarjetas giradas a las jurisdicciones.

Chubut a la retranca

En la provincia, el tema se abordó la primera semana de septiembre en la Cámara de Diputados de Chubut. El proyecto de emergencia alimentaria fue impulsado por la legisladora Estela Hernández, y de hecho implicó una pulseada entre Legislativo y Ejecutivo. Finalmente el proyecto aprobado contempla la creación de un fondo especial, dentro del Ministerio de Familia, para implementar un programa de Seguridad Alimentaria.
Estela Hernández debió pelear personalmente y con convicción esta Ley, solicitando expresamente que en Chubut “se destine ese dinero, a que la gente pueda comer. Hay muchos pibes y ancianos que no comen”, reiteró. “Muchos jubilados tienen que elegir de que se van a morir, si de hambre o de falta de medicación –porque- tiene que elegir que comprar”, advirtió. “Es una cuestión de Derechos Humanos, más allá de otras cuestiones insisto con este proyecto porque es prioritario y no me gusta dar vuelta la cara ante la realidad porque me duele”, aseguró la legisladora. El proyecto, hay que decirlo, traía el particular estigma de la indiferencia de parte de la clase política apátrida, ya que su primera aprobación había sido vetada por el propio gobernador Mariano Arcioni preocupado por la perforación de caja que atraviesa y por la incertidumbre presupuestaria que viene. En fin, como decía Nicolás Avellaneda, “¿Que son el ocio y la indolencia, sino las formas plásticas del egoísmo?” Ahora habrá que ver como se ejecuta, no?

Fuentes: AF, LPO, NA, Infobae, propias