La crisis que agobia a Chubut comenzó a ser un caso testigo en varias provincias del país que venían con situaciones casi similares pero contenidas en sus propios territorios. Poco después de que explotara el conflicto con los empleados estatales en Chubut con violencia inusitada prendiendo fuego parte de la Legislatura y hasta la Casa de Gobierno a partir de la muerte de dos educadoras en un accidente de tránsito enmarcado en la movilización docente, la atención del país se concentró en la provincia, a la que se unieron inmediatamente acciones sindicales que sirvieron como réplicas en diferentes regiones del país, con la intención de protestar por los desajustes de la crisis.
De acuerdo con una información ofrecida por los medios de comunicación locales, al menos quince provincias diferentes a Chubut presentan ahora conflictos sociales entre los sectores educativos, de la salud, trabajadores municipales y de servicios públicos, lo cual sería, según varios expertos gremialistas, el efecto dominó que está ocurriendo de cara a las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre.
Entre las principales causas que ocasionan estas revueltas de trabajadores de cada localidad son: el pago de los salarios, la falta de subsidios y el deterioro del mercado, lo cual trae como consecuencia la disminución del poder adquisitivo. Cada uno de estos puntos, se sumaron al incidente vial de Chubut y al ataque contra agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales hicieron crecer la tensión que ahora se vive en las diferentes provincias argentinas. Así lo reportan medios de todo el país, con un informe especial además del diario nacional Perfil.

Dominó en puerta

Los dos distritos más afectados por las medidas del oficialismo son la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, que sin estar lejos del «efecto Chubut», permanecen alejados de los problemas del resto de las jurisdicciones, pero con conflicto atomizados que tienden a conectarse peligrosamente. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta enfrenta protestas de agentes de tránsito tras la muerte de Cinthia Choque, embestida por un auto que intentaba escapar del control el 8 de septiembre pasado, que dejó en evidencia la precariedad del mecanismo de contratación de los efectivos –en su mayoría monotributistas– y motivó protestas que continuaron esta semana.
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, el gremio de trabajadores estatales ATE prepara para los primeros días de agosto un paro en reclamo del ajuste de sus salarios, según confirmó el titular nacional del sindicato, Hugo Godoy. “Si no se resuelve la situación en Chubut con una acción concertada del gobierno nacional y el provincial, se va a producir un efecto dominó; se transfirieron responsabilidades a las provincias sin los recursos correspondientes y la creciente pobreza impacta en la demanda de servicios, esto hace que en las provincias se agudice la conflictividad y el Estado nacional no se puede desentender”, apuntó el dirigente.

Mapa de conflictos

En varias provincias, la conflictividad se extiende en el sector municipal. En Santa Fe, la federación de municipales (Festram) se declaró en estado de alerta y movilización “en solidaridad y respaldo con los compañeros y compañeras que sufren penurias por la falta de pago en tiempo y forma de sus salarios”, mientras el gobernador Miguel Lifschitz solicita 1.000 millones de pesos al gobierno nacional ante la amenaza de paro por el problema de pago en los salarios, que se repite en varias localidades de esa provincia.
En Catamarca hubo un paro la semana pasada y se abrió una negociación por el bono que los trabajadores demandan. También en Jujuy los municipales que dirige Carlos Santillán reclaman un ajuste de sus haberes. Mientras que en Córdoba, una protesta de los trabajadores de la empresa de energía provincial (EPEC) terminó con incidentes. En este caso, la pelea se mezcla con una causa judicial que motivó esta semana el allanamiento de la sede de Luz y Fuerza.
Santa Cruz por su parte registra conflictos en las localidades Pico Truncado, Gobernador Gregores y Las Heras; a su vez, ATE impulsa protestas en el Instituto de Energía provincial, en Río Turbio y en el sector de salud.
En Corrientes y Chaco, en tanto, hubo un conflicto con colectiveros que motivó la intervención de las autoridades, además de reclamos salariales en diversos sectores de las administraciones local y provincial. Mientras que en Neuquén y Río Negro se elevó la tensión por el despliegue de gendarmes en Vaca Muerta, medida que generó una amenaza de paro de la CTA Autónoma».
Chaco vive una de las situaciones más difíciles después de Chubut en términos de caja, y ya se hablaba de emisión de cuasimoneda para afrontar el rojo.
Además, hay un buen número de provincias que fueron afectadas de manera directa por el ´reperfilamiento´ de deuda que plantó Nación. No sólo no son ayudadas, sino que las provincias que fueron tentadas por Nación para adquirir Letes y Lecop, fueron perjudicadas sin contemplarse aún solución para los distritos. De hecho, los títulos en manos de los distritos suman US$1430 millones, el cuatro por ciento del total. La urgencia por una respuesta es porque algunas jurisdicciones tenían compromisos asumidos con ese dinero, como pagos de gastos corrientes y de vencimientos en dólares, y pese a que el ministro de Economía Hernán Lacunza prometió solución a las provincias, ésta aún no se concretó.

Sobre llovido, coparticipados

Si faltaba algo en los estados subsoberanos era recibir menos coparticipación producto dela coyuntura macro. De acuerdo a los datos del mes de agosto de 2019, el monto recibido por las jurisdicciones en concepto de Coparticipación y Leyes Especiales alcanzó los $149.232 millones, presentando un crecimiento del 53,5% respecto al envío de fondos durante el mismo mes del año anterior, pero si se tiene en cuenta el efecto de la inflación sobre los fondos enviados a las provincias, la coparticipación durante el mes habría registrado una caída de 0,7% en términos reales.

Números mentirosos

En el caso de Chubut, si bien la coparticipación de agosto tuvo un crecimiento nominal del 50,4%, en términos reales recibió ingresos con una disminución del -2,7%. El razonamiento de los distritos es que ´si hasta en las transacciones más incipientes el propio gobierno contempla que se realicen ajustes por inflación, como es posible que no lo realice el propio ocasionador de la debacle económica financiera macro´.
No obstante, en un contexto inflacionario como el de Argentina, es necesario tener en cuenta los efectos de la inflación sobre los fondos coparticipados. En este sentido, todas las jurisdicciones, con excepción de Buenos Aires y La Pampa, habrían registrado una caída en términos reales, que va del 1,3% al 5,8%.
Asimismo, desde enero de 2018 la coparticipación mensual contiene un envío por compensación a las provincias en un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del destino de la recaudación total del Impuesto al Cheque a la ANSES, de acuerdo al Consenso fiscal firmado entre las provincias y el Estado nacional.
En agosto de 2019 la compensación enviada a las provincias fue de $6.558 millones.