No culpas, sí responsabilidades. En eso debería estar trabajando ya todo el arco político provincial, además de unificar ideas para superar la compleja coyuntura en la que a todos les cabe un sayo (oficialismo, oposición, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por acción u omisión, se entiende). Y en ese marco, la identificación de los deberes de cada administración son inexcusables. El gobernador Mariano Arcioni tiene parte de razón de endosarle su parte a Nación, pero no sin reconocer la propia como parte de una gestión que viene en curso y que le permitió la reelección adelantada con el simple uso del aparato de poder. Y esos beneficios, hay que decirlo, también conlleva perjuicios.
“La magnitud de la crisis y las respuestas del Gobierno generaron una crisis fiscal en todas las provincias que no existía hasta hace pocos meses”, lo dice Javier Lewkowicz desde Página/12, dando dimensión del eco que está teniendo la situación chubutense en el escenario de medios nacionales:
Las provincias argentinas transitan un deterioro de sus finanzas públicas a raíz del combo dado por la caída de la recaudación por la crisis económica, la merma de recursos coparticipables a causa del “plan alivio” del gobierno nacional, el congelamiento de los combustibles que afectó a las regalías, el default selectivo de títulos en pesos y la devaluación, que incrementa el peso del pago de los intereses de la deuda externa. “El repago de los servicios de la deuda externa vuelve a ser un factor de peso en el presupuesto de las provincias”, coinciden especialistas consultados. Los factores negativos superan al impulso a las arcas provinciales que da la mayor coparticipación de recursos antes afectados a la Anses, según definió la Corte a finales de 2015 y ratificó el Consenso Fiscal.
Las administraciones provinciales mostraban hasta hace unos meses buenos números fiscales en base a las mayores transferencias de recursos coparticipables por parte de la Nación, beneficio que tuvo como mayores privilegiados a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la magnitud de la crisis desploma la recaudación de Ingresos Brutos (principal fuente de los recursos provinciales) y también afecta a impuestos nacionales coparticipables, como el IVA y Ganancias. En lo que va del año, por ejemplo, la recaudación del IVA subió en términos nominales un 40 por ciento según AFIP, 15 puntos por debajo de la inflación. Ganancias, por su parte, le empata a la variación de los precios. Sobre ese escenario se montan novedades que complican la situación de las cuentas públicas provinciales.

Caída de la recaudación

Más del 80 por ciento de los ingresos fiscales de las provincias provienen de la recaudación de Ingresos Brutos (IIBB), que depende muy estrechamente del nivel de actividad. Es más, en una crisis como la actual muchos contribuyentes dejan de pagar IIBB, cosa que es menos común en el caso del IVA. Es decir, IIBB pierde tanto por caída de la actividad como en la capacidad recaudatoria. De ahí que los ingresos provinciales vengan sufriendo por la crisis. “La medición del primer semestre muestra una caída de entre el 5 y el 10 por ciento en términos reales en IIBB. Al mismo tiempo, caen los ingresos fiscales derivados de la coparticipación, del 3 al 6 por ciento salvo Buenos Aires y La Pampa. Si se suma el efecto IIBB y de la coparticipación, se verifica una reducción de los ingresos en términos reales de 5 a 7 puntos. Es una caída relevante”, explica Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). “Por otro lado, en el gasto en general no se hizo un ajuste fiscal grande y hay muchos distritos con negociaciones salariales atadas a algún índice de inflación. De manera que con la aceleración inflacionaria, cae la recaudación por nivel de actividad y sube el gasto en salarios”, agrega Barraud. En ese sentido, corren más riesgos de deterioro fiscal las provincias del norte del país, que dependen mayormente de los envíos de fondos coparticipables.

Cambio de escenario

“Las provincias venían desendeudadas y relativamente ordenadas. Pero indudablemente hoy la situación es mucho más ajustada. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hace más de un año que cae la recaudación en términos reales. Y el Consenso Fiscal, aquel acuerdo para ir ordenando impuestos en el marco de la suba de recursos coparticipables, queda muy deteriorado, en el mejor de los casos, luego de las medidas del Gobierno nacional que afectan a las provincias sin previa consulta a los gobernadores”, indicó a este diario Martín Di Bella, asesor económico del bloque de senadores de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires.

El plan “alivio”

Se calcula que la suba del mínimo no imponible y devolución de Ganancias, que es un impuesto totalmente coparticipable, implica una pérdida de recaudación para las provincias del orden de los 26 mil millones de pesos de acá a diciembre. La quita de IVA para alimentos hasta fin de año implica otros 5 mil millones y las medidas para monotributistas, otros 500 millones. En total, son unos 30 mil millones de pesos que dejan de percibir las provincias, de los cuales 6 mil millones corresponden a la provincia de Buenos Aires. Para Chubut la pérdida se estima en $2.500 millones. En el caso de Tucumán, por ejemplo, son 1500 millones de pesos, equivalentes a un mes de sueldos del Estado de esa provincia. El Gobierno enfatiza que una parte (difícil de cuantificar) volverá a las arcas provinciales con la mejora de la recaudación de ingresos brutos.
“Para tener una referencia, esos 30 mil millones de pesos representa un tres por ciento del total de los recursos coparticipables que la Nación envió a las provincias entre enero y agosto. No parece ser un número imposible de sostener a nivel macroeconómico, pero la decisión unilateral del gobierno choca directamente con la necesidad de aprobación parlamentaria. Las provincias patagónicas están más complicadas, porque también dejan de percibir ingresos por regalías a partir del congelamiento de los combustibles”, explica Martín Mangas, investigador docente de la Universidad General Sarmiento.

El escenario de Chubut

Chubut muestra el triste récord de tener uno de los niveles de endeudamiento más grandes del país; la destrucción de más de 6 mil puestos de trabajo productivos (en la construcción, hidrocarburos, comercio al por menor, industria manufacturera, servicios empresariales); un incremento exponencial de la pobreza en Comodoro Rivadavia, Rawson y Trelew (36 mil nuevas personas en 2018 en comparación con el año anterior) y la aplicación de la flexibilización laboral en el sector de los hidrocarburos, con el guiño del Sindicato de Petroleros Privados, a cargo de Jorge “Loma” Ávila.
El día de las elecciones provinciales, varios medios de comunicación, le preguntaron a Arcioni por los niveles de deuda de la provincia. “Yo no me he endeudado y estamos pagando todo lo que debemos”, respondía el electo gobernador. Para 2019, la provincia tenía aprobado por presupuesto un endeudamiento de 2250 millones de pesos.
Chubut fue una de las primeras jurisdicciones que se endeudó en dólares luego de que el gobierno nacional dispusiera el pago a los fondos buitres. Entre mayo y junio de 2016 emitió 700 millones de dólares con una tasa promedio de 7,75 por ciento a pagar en diez años. Por entonces, el gobernador era Mario Das Neves, secundado por Arcioni en la vicegobernación.
La estrategia de la Alianza Cambiemos había sido permitirles a las provincias tomar deuda en moneda norteamericana para cubrir las obras públicas que Nación dejaría de financiar. Pero la deuda fue un verdadero salvavidas de plomo para las provincias.
En diciembre de 2015, el stock de pasivos de Chubut, según datos de la Subsecretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, era de 7427 millones de pesos, mientras que para el primer trimestre de este año ya llegaba a los 40.518 millones de pesos, es decir un incremento del 445 por ciento. El 88 por ciento de esta deuda está nominada en dólares.
Según el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, Chubut deberá afrontar vencimientos de capital e intereses por 1220 millones de dólares hasta 2028. Las dificultades financieras de hoy son el pago de intereses por los próximos diez años.

Fuente: Página/12