El lunes de esta semana el ministro de Hacienda de Nación, Hernán Lacunza, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2020, que será el último del actual mandato del presidente Mauricio Macri. En su discurso el funcionario justificó el rumbo económico adoptado desde Casa Rosada en los últimos meses, aunque también hizo una contundente autocrítica.
No obstante, los miembros opositores de la Cámara de Diputados, cámara de origen en este caso, anticiparon que esta iniciativa recién se va analizar y votar luego de que asuma la próxima gestión gubernamental, el 10 de diciembre. Esto es indistinto a si Macri es reelecto como titular del Poder Ejecutivo o es reemplazado por otro de los aspirantes.
En líneas generales, el proyecto del Gobierno Nacional prevé para 2020 un crecimiento del 1% del Producto Bruto Interno (PBI), en contraste con la caída del 2,6% que se proyecta para este año, una baja de la inflación del 53% al 34% y un tipo de cambio promedio de 67 pesos por dólar, que treparía a 75 pesos hacia fines de año. Asimismo, mantiene un fuerte ajuste en el gasto público, sobre todo en materia de subsidios, para preservar el equilibrio en las cuentas públicas: este año, el déficit primario rondará el 0,4% del PBI y se estima que trepará a un punto del PBI el año próximo.

Contradicción kirchnerista

En tanto, desde la oposición, el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria (PJ-FpV), Agustín Rossi, anticipó que la iniciativa recién se debatirá después de las elecciones del 27 de octubre. No descartó, además, que se vote una vez que se renueve la integración de ambas cámaras, el 10 de diciembre. Una concesión que el kirchnerismo no hizo en 2015. Al respecto, vale recordar que cuando Macri asumió el poder, en diciembre de ese año, recibió como herencia la Ley de Presupuesto 2016 aprobada por la mayoría kirchnerista en ambas cámaras.
En esta oportunidad, la dinámica legislativa será distinta. “Es un presupuesto destinado al próximo Gobierno. Entonces, deberá ser el próximo Gobierno el que deberá analizarlo”, enfatizó Rossi cuando se le preguntó por los tiempos parlamentarios para la sanción y contradiciendo a la postura que mantuvo el kirchnerismo cuatro años atrás.
Por su parte, el oficialismo coincidió, remarcando que el debate comenzaría después de las elecciones. “Tenemos en claro que el proyecto está dentro del contexto de la realidad argentina, teniendo en cuenta la incertidumbre económica, y que pretende tener racionalidad: no es un dibujo a mano alzada”, enfatizó Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos.

Autocrítica de Lacunza

El lunes, frente a los diputados nacionales, Lacunza optó por un mensaje en el que matizó, por momentos, pasajes de fuerte tono político. Si bien volvió a aludir a la herencia recibida del kirchnerismo, lo que ha sido una constante durante todo el Gobierno de Macri, también criticó aspectos de la gestión actual y exaltó, sobre el final, que las reformas macroeconómicas que cimentó la actual administración, sobre todo la baja del déficit primario, constituyen “un buen punto de partida para proyectar la Argentina hacia adelante”, ya que no habría necesidad de tomar nueva deuda.
Igualmente, el funcionario no minimizó la crisis económica actual y deslizó críticas a la gestión: “Los resultados en cuanto al empleo y la inflación de estos cuatro años han sido inferiores a los esperados”, admitió, y adjudicó este balance a la combinación de la herencia recibida del kirchnerismo (enfatizó en repetidas oportunidades que la toma de deuda obedeció a los déficits heredados), como también a “inconsistencias o descoordinaciones del programa económico” de Cambiemos. También mencionó como factores disruptivos la severa sequía del año pasado y “el corte abrupto del financiamiento de los mercados emergentes”.
Igualmente, reivindicó la política gradualista aplicada durante los primeros dos años de gestión. “Por la magnitud de los desequilibrios (heredados), con un tercio de los argentinos bajo la línea de pobreza, por la situación de minoría en ambas cámaras (con que asumió el Gobierno de Macri), el gradualismo no fue tanto una elección como una imposición de la realidad”, enfatizó.
Lacunza explicó que la política gradualista debió ser financiada con emisión de deuda, y si bien admitió que durante la gestión esta creció hasta alcanzar el 85% del PBI, “no presenta problemas de solvencia”. “La percepción del mercado respecto de los riesgos de liquidez debería mejorar tan pronto como se disipe la incertidumbre electoral”, enfatizó el ministro de Hacienda de la Nación, al detallar que la deuda pública con el mercado asciende al 32% del PBI, “valores inferiores a los observados en otros países”.

Diferencias con Chubut

Por su parte, Gustavo Menna, diputado nacional representante de Chubut, mantuvo una entrevista con El Diario en la que se manifestó a favor de la iniciativa de postergar el tratamiento de la denominada “ley de leyes”, recordando que lo mismo sucedió en el año 2017, cuando en las elecciones legislativas cambió la conformidad de ambas cámaras del Congreso.
“El proyecto de Ley de Presupuesto cumple con la Ley de Administración Financiera. Esto es importante que se venga cumpliendo, porque es una práctica sana institucionalmente hablando para que no pasen cosas como las que pasan en Chubut, que no tiene Ley de Presupuesto”, lanzó el legislador nacional.
Además, Menna destacó que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional permite “vislumbrar una mejora”, argumentando que “va a ser después de mucho tiempo un presupuesto superavitario en lo que tiene que ver con el resultado primario. Esto es importante porque te permite tener un Estado en condiciones de prestar sus obligaciones y reducir a futuro el volumen de la deuda pública”. “La deuda es un reflejo de los déficit fiscales. En buena medida, la deuda se toma para financiar el déficit y si vos no tenes déficit tenes menos necesidad de endeudamiento”, agregó.
El diputado representante de Chubut también indicó que éste es un Presupuesto que hace mucho hincapié en la inversión social. De hecho el 78% de las erogaciones primarias están destinadas a la inversión social, como lo son los beneficios contributivos y los no contributivos.
Por último, Menna indicó que esto no respondió sólo a una decisión de la oposición, sino que se trató de un consenso al que arribaron todas las fueras políticas, lo cual fue considerado por el diputado como algo “lógico”. “Dentro de un mes o dos se va a resolver quien va a gobernar los próximos cuatro años y quien va a disponer de esta herramienta que es el Presupuesto”, enfatizó el legislador al argumentar la postergación para tratar a la ley en cuestión para después de los comicios.