En el transcurso de la semana pasada la Cámara de Senadores de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Emergencia Alimentaria en el territorio argentino, ratificando la media sanción que le había dado la Cámara de Diputados días atrás, también con el voto positivo de todos los miembros de dicha cámara.
En tanto, la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación difundió en los últimos días un informe que elaboró a pedido del oficialismo nacional, en donde se hizo una evaluación y un diagnostico de cómo podría impactar en la economía de nuestro país la iniciativa que tuvo el respaldo y apoyo de todos los bloques legislativos.
Específicamente, luego de que la conducción del interbloque de diputados de Cambiemos acordara semanas atrás que el oficialismo diera quorum y no trabe el debate en la sesión especial de la Cámara Baja impulsada por la oposición para luego aprobar un proyecto que declare la Emergencia Alimentaria. Esto se dio luego de diversas discusiones en las que se ponía en duda el apoyo y acompañamiento por parte de los diputados oficialistas.
A su turno, como se mencionó anteriormente la Oficina de Presupuesto del Congreso, a pedido del oficialismo, difundió un informe en el que evaluó el impacto fiscal del proyecto que dispone en su artículo 4° “un incremento de emergencia, como mínimo, del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
A su turno, la dependencia que dirige Marcos Makón planteó dos escenarios posibles: Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a 10.489 millones de pesos. En tanto, si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a 4.061 millones de pesos.
Actualmente, las políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición se implementan a través de diversos programas dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Al 31 de agosto del corriente año, el programa de Políticas Alimentarias presentó una ejecución de 10.193 millones de pesos, lo que implica un 56,0% respecto al crédito vigente; mientras que el Plan Nacional de Protección Social, que cuenta con un presupuesto vigente de 372 millones de pesos, alcanzó un 71,8 % de ejecución.
“En consecuencia, considerando los refuerzos presupuestarios otorgados a lo largo del año, las iniciativas vinculadas con política alimentaria nacional en conjunto suman un presupuesto vigente de 20.977 millones de pesos al 31 de agosto”, informaron desde la Oficina de presupuesto.
Vale recordar que la semana pasada, en una sesión que duró poco menos de cuatro horas y en la que no se registraron discusiones entre los legisladores, el Senado convirtió en ley la prórroga de la Emergencia Alimentaria por unanimidad con 61 votos a favor. Si bien en el cierre del presidente del bloque del PRO Luis Naidenoff se registraron algunos cruces, sobre todo con el senador peronista José Mayans, el proyecto se aprobó por unanimidad.
La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañarla, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre de este año. Establece un «incremento de emergencia» como mínimo del 50% «de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».