Vecinos de Puerto Pirámides se han organizado para hacer público su reclamo por lo que consideran fue una falsa denuncia sobre abuso sexual infantil que llevó a una pareja de esa ciudad a una condena. “Nos sentimos damnificados porque son más de 40 familias las afectadas por una falsa denuncia que ensucia a todo un pueblo”, advirtieron.
En ese contexto, reconocen que si bien existe una condena en primera instancia a la madre del menor y su actual pareja, “no hay ni pruebas ni certezas de la materialidad de lo ocurrido”.
Los vecinos pusieron de relieve que “la Fiscalía es un órgano del Estado, que tanto para acusar como para no hacerlo debe estar muy convencida. En este caso no sólo no encontraron pruebas para acusar, sino que las pericias psicológicas tampoco avalaban la acusación”, indicaron mediante un documento que hicieron llegar a El Diario.
“Desde la teoría del Apego sabemos que los niños no mienten, salvo que, por estar en ambientes poco seguros, se sientan en riesgo afectivo y lo hagan para sobrevivir. También pueden mentir si se los obliga, amenaza o si ejercen sobre ellos chantaje y/o extorsión emocional. Los niños siempre están bajo relaciones afectivas de poder, por ello se encuentran igual de desvalidos y son igual de vulnerables para ser víctimas de abuso sexual infantil, abuso o coerción psicológica y chantaje emocional por personas afectivamente significativas para ellos. Cuando algo crónico y horroroso les sucede a los niños, les pasa por el cuerpo, se manifiesta y no se puede ocultar, aparece, aunque no lo logren poner en palabras”, manifiestan para sustentar la teoría de que todo el relato del menor, ha sido una historia implantada, lo que supone un hecho gravísimo.

Las pruebas

El protocolo de actuación para casos de abuso sexual infantil infiere pericias físicas y psicológicas de peritos judiciales. Quienes creen en la inocencia de la pareja que fue condenada, afirman que esas pericias no fueron concluyentes y explican una serie de inconsistencias que, en opinión de los defensores de los acusados, no fueron expuestas adecuadamente durante el proceso judicial.
Tras la condena de la pareja que fue acusada de abuso de un menor, existe un grupo de personas que, junto a profesionales de la salud y abogados intentan demostrar que la Justicia en primera instancia se equivocó, y en ese marco iniciaron una campaña en salvaguarda de los condenados.
Afirman que, desde el momento en que la mujer ahora condenada por abuso, decide separarse, hasta el momento de la denuncia, “recibe anualmente entre 2 y 3 presentaciones judiciales entre denuncias, exposiciones, demandas, siempre en la misma dirección, el padre teniendo como denunciada a la madre”.
En su relato, advierten que la madre del menor que fue denunciada y llevada a proceso, fue durante mucho tiempo víctima de “hostigamientos y amedrentamientos constantes, fue a través de violencia judicial, violencia económica y violencia psicológica. Llegó a separarla de su hijo tres meses antes de la última denuncia, prohibiéndole verlo a pesar de la guarda compartida”.
“Nos sentimos todos involucrados y perjudicados psicológica, moral, económica y espiritualmente por las calumnias e injurias que sostienen esta farsa, porque estamos seguros que el objetivo de esta trama macabra es castigar a su ex mujer”, indicaron para agregar que “creemos que hay intereses que desconocemos para lograr objetivos que sólo ellos saben y que se descubrirán con el tiempo”, afirmaron a través de un documento.
Los vecinos que respaldan esta posición piden un exhaustivo análisis por parte de los jueces de Cámara al momento de revisar el fallo, a modo de súplica por lo que consideran ha sido un acto de injusticia.