El Gobierno de Chubut analizaría dar un fuerte golpe de efecto, en los próximos días, para tratar de contener y achicar el gasto público provincial que tiene a la masa salarial como principal factor.
A través de un decreto de necesidad y urgencia que es analizado por estas horas, el gobernador Mariano Arcioni pretendería fijar un tope salarial de 127 mil pesos para los tres poderes del Estado provincial.
El DNU tendría como argumento de base, la necesidad de que todos los poderes “colaboren” ante la crisis que se vive en Chubut, y el “esfuerzo” ahora le correspondería a quienes están en la pirámide de la escala salarial.
Según dio a conocer la agencia de noticias Adn Sur, se fijaría que en los casos donde los sueldos exceden ese monto de 127 mil pesos, los empleados públicos y funcionarios tendrían un “crédito a cuenta” a cobrar cuando la provincia logre estabilizar su situación financiera.
El documento sería analizado durante el fin de semana y se tomará una definición la próxima semana, deslizó la agencia noticiosa. Y la fuerte reacción del Ejecutivo estaría relacionada con la embestida que tuvo el proyecto de aumento salarial para funcionarios y planta política en la Legislatura; y como un mensaje a diputados y magistrados para que todos los poderes hagan el esfuerzo en medio de la crisis.
No obstante, apenas trascendió esta idea, los detractores advierten que el estado quedaría expuesto a un vendaval de juicios, ya que se vulnerarían derechos adquiridos.

Diez semanas sin clases

A nadie escapa que la provincia de Chubut vive una situación de emergencia. Los empleados públicos cobran sus salarios de forma parcial y fuera de los plazos que fija la ley de tiempo y forma. La justicia permanece paralizada, los maestros llevan más de dos meses protestando y se ingresa en la décima semana sin dar clase y las arcas provinciales, con una deuda cercana a los mil millones de dólares, están vacías.
Ante la espiral de protesta, que tuvo esta semana un punto de máxima tensión y conmoción tras la muerte de dos docentes que fallecieron trágicamente en un accidente de ruta, al regresar tras una protesta en la capital, el gobernador Mariano Arcioni aclaró con énfasis que no contempla la posibilidad de renunciar.
La muerte de las dos profesoras comodorenses derivó en episodios violentos con incendios en el histórico edificio de la Casa de Gobierno y la Legislatura; y llevó a un paro nacional impulsado por la CTERA en solidaridad con los educadores chubutenses.

Pesado endeudamiento

Chubut es una provincia rica que produce por el momento más petróleo que Neuquén, donde se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, y obtiene por ello una renta anual cercana a los 24.000 millones de pesos (más de 400 millones de dólares). Eso hace más difícil explicar que Chubut haya contraído una deuda en dólares cercana a los mil millones, que tenga un déficit presupuestario superior a los 4.000 millones de pesos (70 millones de dólares) y que no pueda pagar puntualmente a los 61.000 empleados públicos, más del 10% de la población provincial.

La Rosada desmintió a Arcioni

El gobernador Mariano Arcioni aprovechó esta semana para volver a cargar las tintas sobre el gobierno de Mauricio Macri, diciendo que la Nación no giraba fondos y por eso no se podía pagar en términos a los estatales.
Pero en la Casa Rosada, no ocultaron el fastidio, y difundieron un pormenorizado informe sobre las remesas enviadas a Chubut. Desde el Ministerio del Interior revelaron que en los últimos días ya han sido enviados 1.300 millones de pesos, lo que eleva el volumen de transferencias realizadas en los últimos cuatro años hasta los 57.000 millones, y responsabilizaron directamente a Arcioni de ser un mal administrador.
La Nación se encargó de recordar también que se le permitió a Chubut emitir deuda adicional por un importe de 500 millones de pesos. En el primer semestre de este año, según el Consejo de Responsabilidad Fiscal, los gastos corrientes primarios del gobierno provincial aumentaron un 93,4%.
El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Oscar Finocchiaro, acusó a la administración provincial de haber concedido incrementos salariales, en plena campaña electoral que eran impagables, y ahora recurren al gobierno federal para hacer frente al incremento del gasto público.
Mariano Arcioni revalidó el cargo en las elecciones del pasado 9 de junio, y desde Cambiemos dicen que para lograr esa victoria electoral, concedió a los empleados públicos un generoso aumento salarial del 40%. Casi de inmediato comenzaron los problemas para abonar los sueldos y las protestas sindicales. Arcioni no logró aprobar presupuestos provinciales ni en 2018 ni en 2019, ha tenido cuatro ministros de Economía en dos años y está en minoría en la Legislatura de Chubut.

Salariazo para funcionarios

El lunes, las autoridades educativas parecían cercanas a algún tipo de acuerdo con los sindicatos de docentes. Pero todo volvió a estallar cuando se supo que el gobierno provincial acababa de enviar a la Legislatura un proyecto de ley sobre incremento de los sueldos de los políticos. El salario mensual del gobernador Arcioni iba a pasar de los 84.137 pesos mensuales netos de la actualidad, a 384.291 pesos. Arcioni afirma que el aumento “está totalmente justificado”.
El proyecto recibió fuertes críticas de todos lados, principalmente por el sentido de la oportunidad, ya que en medio de la creciente protesta y malestar de los empleados públicos, lanzar un pedido de suba salarial para los funcionarios no hizo más que caldear más los ánimos.

Chubut contra la corriente

En 2018, frente a la caída de ingresos reales, las provincias bajaron el gasto real en mayor medida.
En informes del IARAF de inicios de este año se destacó que esa dinámica permitió pasar de un déficit primario a superávit primario, pero era una estrategia de improbable sostenimiento para el año en curso.
Para 2019 se repite la situación de caída de ingresos reales. De manera que una provincia que no reduzca su gasto a la misma velocidad estará licuando superávit.
Con mayor razón, si el gasto aumenta (lo que se viene registrando en varias provincias), muy probablemente entre en región de déficit primario, situación complicada en un año en el que el financiamiento voluntario está muy acotado.
Los ingresos de las provincias están mostrando un deterioro en términos reales. Es decir que se presenta la misma dinámica que el año pasado en relación a que los ingresos de las provincias caerían respecto al año anterior, lo que exigiría que el gasto vuelva a caer en términos reales si es que se quiere mantener el superávit alcanzado en 2018, señala el informe del IARAF.
En síntesis, el gasto real provincial debería volver a caer este año. Con solo mantenerse respecto a 2018 ya generaría una licuación del superávit primario. Pero el año 2019, a diferencia del año pasado, es un año eleccionario, por lo que se aprecia que en general las provincias acelerarán sus gastos, sobre todo los gastos corrientes como el gasto en personal.

Stress fiscal

Si una provincia está aumentando sus erogaciones en términos reales la licuación del superávit es más acelerada todavía. Por tomar un caso de notoriedad reciente, Chubut es una provincia que está atravesando un momento complicado en lo que respecta a sus finanzas públicas. En un contexto de caída real de los ingresos, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal indica que durante el primer semestre de 2019 la provincia registró un incremento del gasto corriente primario de 93,44% interanual mientras que la inflación del período fue de 54,3% interanual. Esta situación generó una licuación del superávit primario registrado en 2018, puntualiza el IARAF.
Con la misma lógica, en caso de que la combinación de velocidades de la recuperación del gasto y de la caída del ingreso de una jurisdicción alcance determinados valores, podrán verse dificultades fiscales (déficits) que no son una novedad para la historia económica de las provincias argentinas, pero que en un escenario como el actual en el que el acceso al financiamiento voluntario está cercenado, o resulta muy gravoso, tienen el potencial de generar situaciones de stress fiscal y socioeconómico.

Gobierno de Chubut