Circuló ayer extraoficialmente en ámbitos de dos poderes del Estado que el gobierno estaría evaluando anticiparse a cualquier reclamo judicial, y ofrecer una indemnización espontánea a las familias de las docentes fallecidas. Al parecer, asesores del gobierno habrían evaluado el grado de responsabilidad institucional que cabría frente a las protestas y los traslados a la Capital Provincial por parte de agentes públicos por incumplimiento oficial, lo que ocasiona riesgos innecesarios y hasta consecuencias fatales como las ocurridas.