La semana pasada, alumnas de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” se congregaron en la sede de Puerto Madryn para avanzar en la denuncia contra un docente, “B. S.”, que dictaba clases en Trelew y fue señalado como responsable de hechos de “discriminación” y “violencia de género”.
Hasta el momento, no se radicó una denuncia penal en contra del educador, no obstante el Consejo Directivo resolvió iniciar un sumario en su contra y, ahora, investigan cada uno de los hechos por los cuales alumnas y ex alumnas cuestionaron seriamente el comportamiento del profesor.
En este sentido, las autoridades de la Casa de Altos Estudios tuvieron en cuenta “el Informe de la Comisión contra el acoso/abuso universitario sede Trelew”, y también la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y la Resolución 046/2016 de “Protocolo institucional ante situaciones de acoso y/o violencia en el ámbito de la Facultad, en sus distintas manifestaciones y en cualquiera de sus sedes”; y demás normativa aplicable en materia de violencia de género”.

Dos meses para investigar

Al mismo tiempo, se tuvo en cuenta que “la acción colectiva del visto presentada el día 24/06/2019 en dependencias de la FHCS sede Trelew, por medio de la cual se denuncian hechos de discriminación y violencia de género ejercidos por el agente Lic. ‘B. S’ en detrimento de un colectivo de mujeres entre los años 2002 y 2018”, por lo que “se ha dado inicio al procedimiento administrativo”.
Además, recordaron que con fecha del 26 de agosto de este año “la Comisión Contra el Acoso y Abuso Universitario conformada para actuar en el marco del Protocolo Institucional contra las violencias, el acoso y la discriminación en el ámbito de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, tras un trabajo de sesenta (60) días, eleva sus actuaciones e informe para su consideración en el marco del Consejo Directivo”.

Salvaguardar los derechos

También, el documento dio cuenta de que el pasado 4 de septiembre “durante la IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo FHCS 2019 el cuerpo decidió por unanimidad de los presentes constituirse en comisión única especial y cerrada para dar tratamiento a la denuncia y al informe del visto” y que “el plexo normativo invocado tanto en la denuncia como en el Informe es contundente respecto a los derechos que deben ser salvaguardados por la Facultad así como de la obligación por parte del Estado de eliminar toda forma de discriminación y violencia sobre las mujeres”.

Sumario y posible sanción

Por otro lado, consignaron desde el Consejo Directivo que “teniendo en cuenta los términos de la denuncia, el trabajo con los relatos de las denunciantes y las rondas de consulta con otras personas, el estudio de situaciones denunciadas en otras universidades así como los fundamentos teóricos y normativos desarrollados en su dictamen, la Comisión Informante considera que ‘los hechos denunciados ameritan el encuadre y tratamiento del caso como supuestos de violencia de género, en la mayoría de los casos ocurridos en el marco de la relación entre un docente y estudiantes de esta Facultad’”.
También, que “en mérito de ello recomienda a este Cuerpo la instrucción de un sumario para la investigación de las conductas denunciadas y otros hechos que se agreguen, así como su sanción, si correspondiere”.

Proteger a las denunciantes

Por otro lado, las autoridades consideraron que “es necesario salvaguardar las garantías procesales en cuanto a la debida diligencia, respeto y confidencialidad, no revictimización, gratuidad, transparencia, celeridad y el abordaje integral e interdisciplinario” y que “la Comisión Informante recomienda tomar medidas preventivas urgentes para protección de las denunciantes y brindar prevención general en el ámbito de la Facultad para evitar la reiteración de situaciones como las denunciadas”.
Actualmente, el Protocolo de FHCS (Res. 046/2016) en su Artículo 10, “faculta a este cuerpo adoptar medidas a fin de resguardar la integridad de las denunciantes cuando pudieran verse afectadas por el contacto directo con el denunciado en el ámbito en que se desempeñan ‘a fin de proteger a la persona denunciante, de forma tal que no resulte obstruido su normal desarrollo laboral o académico’”.

Suspendido de sus funciones

Por ende, se estableció “disponer como medida de protección de las denunciantes la suspensión del docente Lic. ‘B. S.’ en sus funciones docentes y cualquier otra que desempeñe en el ámbito de la Facultad hasta tanto concluya la investigación sumarial” e “iniciar sumario administrativo para la investigación de los hechos y conductas denunciadas” que lo involucran.
También, resolvieron “exigir que el/la instructor/a sumariante deberá contar con el asesoramiento permanente de una o más personas especialistas con perspectiva de género, y que el procedimiento sumarial atienda a los principios invocados en el informe de la Comisión contra el acoso, la violencia y la discriminación de la FHCS con arreglo a la normativa vigente en materia de violencia de género”.

Disculpas institucionales

Finalmente, solicitaron “a quien resulte instructor/a sumariante, la suspensión preventiva del agente en los términos y bajo las condiciones que considere más convenientes a los fines de resguardar la investigación”, además de “solicitar disculpas institucionales por tantos años de inexcusable silencio e inacción como institución pública y educativa ante hechos como los denunciados” y “brindar prevención en lo general y capacitaciones en el marco de la Ley Micaela en todos los ámbitos y sedes de la Facultad de Humanidades”.