En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal general Héctor Iturrioz en torno a presuntas irregularidades en contrataciones de obras y servicios en Comodoro Rivadavia en ocasión de la emergencia climática de 2017, se realizaron 13 allanamientos en distintos domicilios, establecimientos privados y dependencias la Municipalidad. En declaraciones a la prensa, Iturrioz afirmó que si se hubieran realizado los trabajos certificados, la ciudad de Comodoro Rivadavia “hubiera quedado limpia en 15 días”.
Los allanamientos se realizaron en distintas empresas locales en búsqueda de información. Si bien no había ninguna orden de detención, uno de los funcionarios se resistió al allanamiento y lesionó a un oficial de Policía -le quebró la muñeca- por lo que fue detenido y puesto luego en libertad tras imputarlo por resistencia a la autoridad y lesiones graves.

La investigación

El fiscal Iturrioz recordó que “la investigación comenzó de manera oficiosa a partir de las declaraciones públicas de un funcionario público nacional” sobre la irregularidad en contratación de empresas durante la emergencia climática del 2017.
En ese marco, los fiscales convocaron a (el secretario de Planificación Territorial de Nación, Fernando) Álvarez de Celis, que brindó una declaración testimonial. Y a esto se adosa el testimonio de otro empresario que había sido contratado para brindar el servicio de filmación en drone, que mencionaba algo más concreto en función de la cantidad de barro y sedimento que había que remover y lo que se decía que se removió, con una diferencia importante respecto al volumen que se indicaba en ambos casos.
“Cuando lo contratan, quien daba las instrucciones y gerenciaba la distribución de recursos humanos y maquinaria era un particular y no la municipalidad, y esto le resulta extraño más aun teniendo en cuenta que el particular era contratista del Estado”, indicó Iturrioz sobre otra de las presuntas irregularidades apuntadas por el empresario de drones.
A esto se suma “la denuncia que ya había realizado el Dr. Miguel Criado Arrieta -Asesoría Letrada del Municipio-, porque las irregularidades en la empresa Brother Truck eran visibles, difíciles de disimular”, agregó el fiscal.
“Yo entendí que si había irregularidades, éstas no podrían haber sido gestadas en soledad por los empresarios, toda vez que los partes diarios estaban firmados por funcionarios municipales”, remarcó Iturrioz, quien detalló que “se hacían partes diarios, un supervisor municipal los firmaba, en base a ello se hacía un consolidado de horas máquina y en base a eso se facturaba y se cobraba”.
En ese contexto indicó que “Arrieta dice que el reclamo genérico era de unos 60 millones de pesos. Yo tengo información que el Municipio solicitó a Nación el envío de ATN porque se les adeudaba a distintas empresas, entre las que figuraba Brother Truck, por una acreencia de alrededor de 23.6 millones de pesos”, precisó el Fiscal.

Las pruebas

“De la documentación que se pudo recolectar de la instancia original de la denuncia de Criado Arrieta en modo alguno surge que Brother Truck haya realizado esos trabajos; nunca se pudo establecer por qué el Municipio dice a Nación que le debe a esa empresa 23 millones. La documentación nunca fue remitida”, agregó el Fiscal.
Más adelante afirmó que “se denunciaba a la empresa y no a los funcionarios que daban fe de que se habían realizado esos trabajos”, explicó Iturrioz, y agregó que esto debía alcanzar a “inspectores y funcionarios de mayor rango, porque estas diferencias eran tan grotescas que cualquiera podía haberlas detectado, y de hecho el Tribunal de Cuentas las detectó porque fue a instancia de ellos que comenzó el sumario interno”.
El fiscal indicó que, según documentación aportada por el Estado Nacional, a Brother Truck se le había abonado parte de la facturación por un monto cercano a los 4.6 millones de pesos, pero “no encontré ningún expediente que diga que esa empresa había cobrado, que esté la liquidación, la factura, el pago.”
“Todo lo que yo tengo es tentativa. Se hizo todo como para cometer el perjuicio. De todas maneras, la defraudación a la administración pública es un delito de peligro, esto es: creado el peligro de defraudación, hay que darlo por consumado”, explicó al señalar que “esto generó que se investiguen otras empresas, y hay otras a las que no se les exige parte diario, presentan un formulario impreso, propio, que dicen las horas trabajadas”, resaltó Iturrioz, al tiempo que agregó que la imputación formal se hará después de una evaluación primaria de la documentación recolectada el miércoles, lo que estimó sería en 15 días.(Adnsur, MPF)