Sabido es que desde que Mauricio Macri se convirtió en presidente allá por diciembre de 2015, uno de los objetivos neurálgicos de su gestión ha sido siempre el intento por bajar el gasto público y alcanzar el déficit fiscal cero. De hecho, es fue una de las metas planteadas para acceder al préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta meta provoca distintas variables en la economía de nuestro país, aunque uno de los sectores más perjudicados es el de la obra pública, recordando que el ajuste en este rubro comenzó a fines del año pasado, mientras que el pico mayor se dio en el primer trimestre de 2019, cuando el recorte del presupuesto destinado a la inversión pública alcanzó el 44,3% en términos reales, al hacer la comparación con el mismo período de 2018.
Puntualmente, un informe elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto (OPC), afirmó que durante el segundo trimestre del corriente año, que es el último período con datos concretos, se ejecutaron 41.984 millones de pesos en inversión pública. En tanto, en el mismo período de 2018 esa ejecución alcanzaba los 47.827 millones de pesos. La mayoría de esa caída, que se da en términos reales (teniendo en cuenta los aumentos inflacionarios) obedece a una retracción en las transferencias de capital, las cuales se destinan mayormente a financiar obras de infraestructura en todo el territorio nacional.
En el informe antes mencionado también se puede observar que varias obras a las que se les había asignado partidas en la ley de presupuesto de este año en junio presentaban montos disminuidos o, en algunos casos, estaban directamente eliminados.
Asimismo, durante el primer semestre de este año de los 1129 proyectos de inversión con asignación presupuestaria, la mayoría tuvo recortes, algunos mínimos, otros más drásticos, según consigna el informe de la OPC. Esto afectó a la gran mayoría de las provincias, salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero.

Malestar con los gobernadores

Como consecuencia de estos recortes, gobernadores de la mayoría de los distritos argentinos ya han manifestado su malestar con quienes mueven los hilos de la Casa Rosada por esta situación. Cabe precisar que el nivel de ejecución del gasto destinado a estas obras durante el primer semestre, que promedia el 45%, mostró un buen ritmo.
En cuanto al avance físico de estos 1.129 proyectos de inversión, el informe da cuenta de que el 50,8% de las obras en ejecución presentan un grado de avance mínimo (menor al 20%) al cierre de 2018. No lo dice el trabajo de la OPC, pero una de las razones obedecería a que buena parte de esas obras son recientes y arrancaron durante el gobierno de Macri.
Además, un 16% de esas obras muestran un grado de avance alto (superior al 80%). Las obras sin datos y las de avance medio-bajo (entre 40% y 60%) representan poco más del 10% cada una. Las obras con un grado de avance medio-alto (entre 60% y 80%) y bajo (entre 40% y 60%) explican poco más del 6% y del 5%, respectivamente, indica la OPC.

Los distritos más beneficiados

El informe en cuestión también precisó la ejecución del gasto en inversión pública por ubicación geográfica, es decir, por región y provincia. Un dato llamativo es que durante los meses de abril, mayo y junio el 50% de ese gasto (unos 21.000 millones de pesos) estuvo concentrado en la región pampeana. “Esto se explica principalmente por el gasto en CABA (24,2% del total) y en la provincia de Buenos Aires (17,1%)”, precisó el documento.
En este contexto, vale resaltar que CABA es, por lejos, la que mayor ejecución presupuestaria exhibió durante el segundo trimestre del año. Puntualmente, el distrito que comanda políticamente Horacio Rodríguez Larreta devengó el 51,7% de su crédito vigente. Traducido, en el arranque del año electoral, el jefe de gobierno porteño gastó la mitad de lo que se le asignó para obras públicas.
Detrás de la región pampeana, favorita en la asignación de recursos para inversión pública, figura la región del noroeste, con el 13,5% del total. En este lote sobresalen Salta (4,4%) y La Rioja (3,2%), detalla el informe. Tercera se ubica la región patagónica, con el 8% de los fondos: sobresalen Neuquén (3,2%) y Río Negro (2,5%). El nordeste concentra el 7,1% de los recursos y Cuyo, el 4,6%.

Transporte y vivienda a la cabeza

Por otra parte, el informe dio cuenta de que, durante el segundo trimestre de este año, el 95,2% de la inversión pública estuvo concentrada en cinco organismos ejecutores: el Ministerio de Transporte (41,9%), el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (31,6%), las obligaciones a cargo del Tesoro (12,5%), el Ministerio de Educación (6,3%) y el Ministerio de Hacienda (2,8%). Las restantes 11 jurisdicciones explican el 4,8% restante del gasto de capital.
Desde el punto de vista del clasificador por finalidad-función, el gasto en inversión pública se concentró en dos finalidades: servicios económicos (52,9%) y servicios sociales (40,8%). En el caso de los servicios económicos el gasto se concentró en la función transporte (84,7% de la finalidad) y en el caso de los servicios sociales, en las funciones vivienda y urbanismo (44,5% de la finalidad), agua potable y alcantarillado (27,9%), y educación y cultura (14,8%).

Recorte considerable en Chubut

En este contexto, donde la Patagonia se encuentra por debajo de la región pampeana y el noroeste, resulta importante también saber cuál es el posicionamiento que tiene Chubut en toda esta discusión. Al respecto, cabe destacar que todas las provincias de la región más austral del país se vieron perjudicadas, salvo Neuquén, empujada por la importancia que se le da desde la Casa Rosada al desarrollo de Vaca Muerta.
Puntualmente, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) emitió en las últimas semanas el informe donde se especifican los números de la inversión real directa y las transferencias de capital hacia todas las provincias, correspondientes al primer cuatrimestre del corriente año.
En tanto, entre enero y abril de 2019, el Gobierno Nacional le recortó a Chubut un total de 164 millones de pesos, lo que implica una caída del 23% nominal, en comparación con el mismo período de 2018. Específicamente, pasó de 709 millones de pesos del año pasado a 545 millones durante el corriente.

Las provincias suman juicios por 300.000 millones contra Nación

Una de las ideas madres de la concepción política de Cambiemos era la de bajar la litigiosidad contra el Estado. Esa fue una de las premisas del Consenso Fiscal firmado a finales de 2017 y que tuvo como corolario que en agosto de 2018 la Corte Suprema de Justicia cerrara las diferentes causas que habían entablado quince provincias contra el Estado Nacional por reclamos impositivos y de transferencias de ingresos que sumaban reclamos por 740.000 millones de pesos.
Un año más tarde, el Máximo Tribunal sigue recibiendo demandas contra el Estado nacional como consecuencia de diferentes medidas que tomó la administración Cambiemos y que repercutió en el reparto de fondos para las provincias. Así, un año más tarde que el Estado sólo le quedaran demandas con San Luis y con La Pampa, ahora suma una veintena de causas judiciales por problemas que la política y la administración económica que llevó adelante Mauricio Macri no pudieron resolver.
La semana pasada la Corte recibió la autorización para comenzar a tratar las demandas presentadas por quince provincias respecto de la medida de reducción de IVA, Ganancias y el congelamiento del valor del crudo que dispuso la Casa Rosada hasta diciembre próximo y que significa una caída en ingresos coparticipables y, en el caso de las petroleras Neuquén, Río Negro y La Pampa, que verán afectados sus ingresos por regalías, la reducción de la actividad y el riesgo de las inversiones.
En total reclaman alrededor de $ 40.000 millones y la cifra podría aumentar si se suman municipios que, en cascada, también pierden fondos vía la coparticipación.