En la etapa de los alegatos en el juicio oral por la causa “Embrujo”, uno de los querellantes destacó el trabajo del contador José Velázquez del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General, destacando que “ese fue el verdadero inicio de esta investigación” contradiciendo al querellante que lo antecedió que había manifestado cierta motivación política al momento de comenzar las pesquisas.
Se trata de Sergio Miranda, querellante en representación de los diputados provinciales del Frente para la Victoria que realizaron la denuncia ante la Fiscalía de Rawson que luego derivó en varias causas judiciales en marcha y que varias de ellos podrían ser ventiladas en juicios orales en los próximos meses.
Antes, el abogado Eduardo Hualpa de la agrupación Iniciativa Ciudadana había calificado como “impecable” el trabajo de investigación realizado por los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams.

Investigar la corrupción

Hualpa fue el primero en alegar en la audiencia de este jueves en el marco del juicio oral y público por la causa judicial “Embrujo que tiene a 12 personas entre los imputados. Se trata de Federico Gatica, Diego y su hermano Domingo Correa, Natalia y Giuliana Mc Leod, Rubén Reinoso, Cristian Gisande, Jorge Godoy, Juan Ramón, Daniela Souza, Sandro Figueroa y Diego Luters.
Hualpa destacó el trabajo de la Oficina Judicial de Rawson a lo largo del debate. Pidió cambiar estructuras y modalidades arcaicas en el funcionamiento de la Justicia además de la necesidad de transmitir en directo las audiencias por las redes sociales para un mejor acceso de la sociedad al funcionamiento de la Justicia.
Dijo que las causas de delitos contra la corrupción “aún tienen muchas dificultades al momento de ser investigados. Existen dificultades para conseguir pruebas y los fiscales no cuentan con medios y recursos para trabajar”.

Fallaron los organismos de control

Agregó que la muerte de Das Neves dejó a los imputados “sin el amparo del poder” y, las pruebas recogidas por los fiscales, además de servir para otras causas que también se abrieron, fueron contundentes para comprobar los hechos, a excepción de Domingo Correa. Tras calificar como “impecable” el trabajo de los fiscales, amplió su exposición para dar cuenta de las pruebas exhibidas para probar el delito de “asociación ilícita”. En este sentido aludió a los roles claros de los imputados, coordinación entre ellos e intensa comunicación, además de una “intención clara de participar en los delitos”.
También se refirió al delito de corrupción y la jurisprudencia internacional relacionada con sus implicancias en las crisis sociales. En esta línea aludió a la actual situación económica que atraviesa la provincia del Chubut.
Expresó además que la “administración fraudulenta” también quedó probada sobre la base de la influencia política de Diego Correa en las tres gobernaciones de Mario Das Neves al frente del Chubut. Hualpa también cuestionó a los organismos de control del Estado que no previnieron estos hechos, a excepción del trabajo de los fiscales que posibilitaron este juicio oral y público.

Millones adentro de la mochila

Sergio Miranda es el abogado que representa a los diputados provinciales del Frente de la Victoria que denunciaron el ilícito. Dijo que el inicio de la investigación “no fue fortuito ni mucho menos tuvo un origen político. Se inicia con lo que descubrió el contador José Velázquez” del equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General, “y el posterior trabajo de los fiscales”, destacó en el inicio de su alegato.
Miranda coincidió con la investigación de los fiscales Williams y Rodriguez y el poder político que tenían los imputados durante las gestiones de Das Neves y durante las campañas políticas que lo llevaron tres veces a la gobernación. “El dinero lo ponía Correa y no Gatica. Correa lo hacía a través de Luters con dinero en efectivo que llevaba en mochilas o bolsas. La plata para el emprendimiento de Mezeta Consulting la puso Correa”, destacó. Agregó que los ilícitos debieron haberse denunciado por los mismos integrantes de la banda que ocupaban cargos públicos, tales los casos de Rubén Reinoso y Cristian Gisande.
Finalmente pidió la absolución de Domingo Correa, Giuliana Mc Leod y Jorge Godoy, y que se declare culpable al resto de los integrantes.

Causa Revelación: Piñeda resuelve pedidos de Probation

En otro orden de cosas, y en el marco de la investigación de otra de las causas por corrupción que popularmente se denominó «Revelación», el pasado 9 de septiembre se realizaron dos audiencias en la Oficina Judicial de Rawson, tras lo cual el juez de garantías Sergio Piñeda resolvió analizar el ofrecimiento de los respectivos abogados defensores de tres de los imputados para acogerse a la figura de la «suspensión del juicio a prueba» o «probation».
Se trata de los empresarios de la construcción Miguel Freile y Massoud Ighani, que fueron los imputados de la primera de las audiencias, y por otro lado, el periodista Andrés Ninin, protagonista de la segunda de las audiencias.
Ighani, dueño de Rigel Construcciones, para no ir a juicio oral y obtener la probation, ofreció construir un edificio por más de cuatro millones de pesos en el barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia para la Fundación “Juntos por un Corazoncito Feliz”.
Freile, también empresario de la construcción, ofreció ampliar en 72 m2 la sede del Centro de Rehabilitación de esa misma fundación, para evitar el juicio oral y público en su contra. En ambos casos, el juez Piñeda resolverá en cinco días hábiles más.
“Acepto mi participación en los hechos y ratifico mi declaración”, dijo por su parte Andrés Ninin. En 10 días hábiles el juez Sergio Piñeda decidirá si acepta el resultado del juicio abreviado o no. Los querellantes adhirieron a la petición del Ministerio Público Fiscal que además mantuvo contra el periodista todo lo descripto en la acusación y los cargos en su contra.
Ninin está imputado como partícipe de una asociación ilícita. El fiscal Marcos Nápoli pidió una condena de tres años de prisión de efectivo cumplimento para el imputado, aunque tiene la posibilidad de acceder a la libertad condicional conforme a derecho, teniendo en cuenta los nueve meses de prisión que ya cumplió.
Su defensor Guillermo Iglesias anticipó que solicitará la libertad condicional para Ninin. El juez Piñeda disponía de diez días hábiles para resolver, por lo que se espera por estas horas que se conozca su resolución.