LA FALTA DE PAGO A ESTATALES Y LA SUSPENSIÓN DE PRESTADORES A SEROS IMPACTA EN EL SERVICIO

La Salud Pública de Chubut al borde del colapso por falta de insumos y recursos

Desde hace semanas profesionales a cargo de diversos Servicios de los hospitales de Chubut advierten acerca de la creciente falta de insumos y recursos varios. La semana anterior se conoció la situación del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde los jefes de servicio de Pediatría y de Emergencias advertían sobre la escasez de personal y fundamentalmente la falta de insumos para atender a sus pacientes.
Reclamos similares se escucharon en los últimos días provenientes de los hospitales de Puerto Madryn y Esquel, donde la situación no es mejor, y en todos los casos se percibe además el creciente malestar de los pacientes cuando no encuentran respuesta a sus demandas en medio de una crisis económica e institucional que tiene a la provincia de Chubut al borde del colapso.
Un factor se suma a los múltiples problemas que presenta el servicio de Salud Pública, a pesar del denodado esfuerzo de sus trabajadores, es la suspensión de los prestadores a SEROS, ya que ante la falta de cobertura de la obra social y la imposibilidad de pagar en efectivo para que se reintegren los fondos porque no cobran sus sueldos, se produce un impacto que excede toda previsión.

SEROS sin prestadores

Desde el sábado último y hasta el miércoles 7 de septiembre, los afiliados a SEROS deberán pagar por los servicios médicos, en tanto cuenten con el dinero para hacerlo, dado que los prestadores médicos nucleados en la Federación Médica del Chubut (FEMECh) volvieron a cortar el servicio a la obra social SEROS por el incumplimiento en los pagos.
En la comunicación enviada al presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Miguel Arnaudo, afirman que el corte obedece al “incumplimiento del pago de mayo del corriente año a su vencimiento”, y aclaran que “no implica la falta de prestación de los servicios médicos a los afiliados”.
Como si fuera poco, la semana anterior los diputados provinciales aprobaron una ley en la que prohíben el cobro de un plus a los afiliados de SEROS, la que establece que en caso de incumplimiento serán dados de baja de la obra social.
La prohibición comprende prestaciones clínicas, sanatoriales, de diagnóstico y tratamiento, y atención odontológica. Se considera como “plus” a toda suma de dinero complementaria exigida a los beneficiarios que exceda los importes de los aranceles convenidos entre las entidades y los profesionales médicos u organizaciones gremiales que los agrupen, como retribución por sus servicios.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y las obras sociales, actuando en el interés de sus afiliados, deberán recibir las denuncias e impulsar el procedimiento administrativo correspondiente, remitiendo dichas actuaciones al Ministerio. Ante la violación de lo dispuesto en la ley, los inspectores labrarán “in situ” el acta de infracción que tendrá carácter de instrumento público con multas que van desde dos hasta 20 salario mínimo.
Lo cierto es que la prohibición como tal ya existiría, y de hecho existe un registro de denuncias abierto para que los damnificados se acerquen, con la factura correspondiente, y poder concretar la denuncia.
La sanción para aquellos profesionales que cobren sumas por fuera de las acordadas podrían ser dados de baja de la cartilla de prestadores de la obra social SEROS, lo que por estas horas y con la demora en el pago de los servicios parecería más bien un premio que un castigo.

Jubilados, los más afectados

Cada vez que se suspenden las prestaciones de los médicos a la obra social SEROS, hay más de 16 mil jubilados y pensionados de Chubut que se ven seriamente afectados por la situación.
Los jubilados y pensionados se ven privados de servicios de prestadores médicos, en un contexto donde además los medicamentos aumentan mes a mes. La mayoría de los jubilados tiene algún malestar crónico producto de la edad, el cual puede variar en términos de gravedad, pero para en cada caso se requieren tratamientos que tienen valores significativamente diferentes cuando se accede a ellos con cobertura de la obra social que sin ella.
En cuanto a los medicamentos, los datos más recientes indican que los fármacos aumentaron casi el doble que las jubilaciones en tres años, y claramente superaron casi cuatro veces a la inflación.

Medicamentos

La fuerte devaluación después de las PASO y el impacto en la inflación que se espera para este y los próximos meses obligó al Gobierno Nacional a acercarse a los laboratorios y dejar de lado la desconfianza mutua que marcó los últimos dos años. El objetivo es lograr un congelamiento de precios voluntario en la mayoría de los medicamentos por un plazo de entre 60 y 90 días.
El acuerdo definirá, según lo negociado con el sector farmacéutico en estos días, una «canasta básica de medicamentos» compuesta, en el caso de los laboratorios nacionales, por el 70% de los productos que venden. En el caso de los extranjeros, será un listado de drogas de alto costo para tratamientos especiales. De concretarse, esto significará precios congelados para antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, betabloqueantes, medicamentos oncológicos, entre muchos otros, según reveló recientemente La Nación.
La volatilidad del dólar es el principal escollo para sellar el pacto ya que los medicamentos tienen un alto componente importado (por los principios activos) y, por ende, son muy sensibles al precio de la moneda norteamericana. Esto ha motivado arduas negociaciones para, por ejemplo, establecer qué valores se toman como punto de partida. El Gobierno arrancó pidiéndoles a los laboratorios que retrotrajeran los precios al nivel previo a las PASO (el dólar cotizó a $46,55 el 9 de agosto) ya que, en las primeras dos semanas posteriores a la elección, tras la suba de la divisa a $58-62, los remedios aumentaron entre 8 y 12% promedio, según fuentes oficiales y privadas. Los laboratorios dijeron estar dispuestos a evaluar un congelamiento, pero no una rebaja de precios. Resignado, el Gobierno ahora procura convalidar solo una parte de ese ajuste.
Otro motivo de negociación es el plazo que tendría el acuerdo, ya que el Gobierno quiere que sea por 90 días, mientras que las empresas ofrecen un máximo de 60 días.

Reclamo

La semana anterior el ministro de Salud del Chubut, Adrián Pizzi, y su par de Santa Cruz, Rocío García, reclamaron al Gobierno nacional que se ocupe activamente de tomar medidas que permitan asegurar y garantizar la compra y provisión de medicamentos e insumos para los hospitales por parte de las provincias, en el actual contexto de inestabilidad económica y financiera que atraviesa el país.
De este modo las provincias ponen en cabeza del Gobierno nacional la solución a los problemas de recursos, si bien en el caso de Chubut, la falta de insumos excede las responsabilidades nacionales, según se desprende del diálogo con los trabajadores que afirman que en algunos centros asistenciales faltan hasta los elementos de limpieza.

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