El Tesoro nacional podrá pagar deuda en dólares emitida bajo ley local a tenedores del exterior. Sin embargo, las provincias y las empresas no fueron incluidas en la normativa que ayer emitió la autoridad monetaria, por lo que en las próximas semanas y meses se acumularán los problemas para que los inversores puedan cobrar.
El Banco Central (BCRA) publicó este martes la Comunicación «A» 6782, donde aseguró que las centrales depositarias como Caja de Valores podrán girar al exterior los dólares que provengan del pago de bonos del Tesoro Nacional que operan bajo ley local. El caso de bonos corporativos y de emisores subnacionales sigue en análisis.
La medida, que el organismo adoptó por pedido del Ministerio de Hacienda para «cuidar» a la deuda pública, dispone que las restricciones cambiarias no aplicarán en el caso de las centrales depositarias que deban girar «los fondos percibidos en moneda extranjera por los servicios de capital y renta de títulos del Tesoro Nacional, que sean retransferidos al exterior como parte del proceso de pago a solicitud de las centrales de depósito colectivo del exterior».
Si bien la norma alcanza a los títulos públicos, no habla de los bonos corporativos, que la semana pasada fueron los primeros en tener problemas para pagar. Fue el caso de Irsa, que depositó en Caja de Valores u$s 90 millones por el pago de obligaciones negociables pero sus acreedores no pudieron cobrarlo en el exterior. El Ministerio de Producción pidió al BCRA que revise la normativa.

Canilla cerrada

En las próximas semanas, también vencen bonos provinciales que podría encontrar el mismo obstáculo que Irsa, ya que la normativa publicada hoy solo comprende a los títulos públicos nacionales, es decir, los emitidos por la administración central.
Fuentes de la autoridad monetaria dijeron que el caso de los bonos provinciales y corporativos está en revisión, pero, por ahora, no publicarán una modificación que permita a esos emisores saltar el cepo para pagar deuda.
En el Banco Central no están todavía convencidos de abrir esa canilla, a la que consideran equivalente a otros giros al exterior -como el caso de las utilidades- que quedaron limitados por los controles cambiario. Las empresas pueden acceder al mercado cambiario para hacerse cargo de sus vencimientos y pagar. Por lo tanto, entienden, no caen en default sólo porque el control de cambios establece que los que recibían el pago offshore ahora lo perciben en la Argentina.
Este riesgo estaba implícito en los bonos regidos por la ley argentina, por eso pagaban más tasa. Los que cobran pagos de bonos de empresas y provincias regidos por la ley local pueden sacar los fondos del país a través del mercado de bonos, a un costo más alto.

Efectos del cepo

El BCRA modificó un punto del control de cambios que impedía a los tenedores de títulos del Tesoro regidos por la ley local recibir los pagos que perciben por esos papeles en sus países. La semana pasada los titulares offshore de un bono de Irsa recibieron el pago en la Argentina.
Concretamente, la Comunicación «A» 6782 deja afuera del control cambiario a «las centrales locales de depósito colectivo de valores por los fondos percibidos en moneda extranjera por los servicios de capital e interés del Título del Tesoro nacional que sean retransferidos al exterior como parte del proceso de pago a solicitud de las centrales de pago de depósito colectivo del exterior».
En otras palabras, cuando se trate de títulos públicos emitidos por el Estado Nacional, sólo en ese caso Caja de Valores podrá transferir a otras depositarias internacionales como Euroclear o Clearstream. Los inversores extranjeros podrán cobrar los pagos en moneda extranjera. Pero esta posibilidad le es negada tanto a empresas como a provincias.

Sorpresa en el mercado

Claro que en la misma situación de IRSA se encontrarán una gran cantidad de empresas y provincias que en los últimos años emitieron deuda bajo ley local. En todos estos casos, ningún tenedor de bonos podrá cobrar si no traslada esos títulos a Caja de Valores, al menos mientras dure el control de cambios, o se instrumenten los aplicativos del Banco Central para que habiliten los giros a los bancos.
La aclaración del Central sorprendió al mercado, que esperaba una rectificatoria en sentido opuesto. En realidad, se aguardaba que la entidad que preside Guido Sandleris allane el camino para el pago de bonos a inversores internacionales, pero no fue así.
De esta forma, el control de cambios se volvió mucho más restrictivo para las empresas que el cepo que rigió de 2011 a 2015 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. En ese caso, las compañías y las provincias no tuvieron mayores inconvenientes para pagar deuda al exterior.

Con riesgo de default

Para evitar que se extienda la cesación de pagos de la deuda pública, el gobierno de Macri puso contra las cuerdas del default la deuda de provincias y empresas.
Las provincias no tienen la posibilidad de utilizar esa operatoria bursátil y están en una situación peor. “En este caso no se entiende. Tal vez, haya algún castigo político que no estemos viendo”, indicó el titular de Synthesis y ex banquero central, Alejandro Vanoli. Según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda, desde 2015 hasta el primer trimestre de 2019 la deuda tomada por las provincias creció 363,8 por ciento.
Luego de acordar con los fondos buitre, las provincias se sumaron al ciclo de endeudamiento. Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Jujuy, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires emitieron deuda en moneda extranjera por 12.336 millones de dólares. Las provincias más expuestas por la participación de la deuda en dólares en el total de los pasivos son Santa Fe (99 por ciento del total), Córdoba (95 por ciento), Chubut (86 por ciento), Buenos Aires (80 por ciento) y Neuquén (70 por ciento).

Chubut busca “reperfilar” los inminentes vencimientos

Hasta finalizar 2019, el Estado de Chubut debe afrontar vencimientos de su deuda externa por alrededor de 46 millones de dólares, entre los que el más impactante opera en octubre, con 31 millones de dólares. En septiembre debe pagar 5,9 millones de dólares, quedando 3,1 para noviembre y casi 6 millones de dólares para diciembre.
Así se desprende del detalle de vencimientos enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura de Chubut, en el anexo que acompaña el proyecto de ley para solicitar autorización para reprogramar su deuda, con vencimientos programados hasta el año 2026.
Entre las obligaciones que deben cancelarse en lo que queda del año, el mes de octubre aparece como el de mayor complejidad, ya que el monto total de deuda equivale a un mes completo de recaudación de regalías petrolera.
Ese mes deben cancelarse 4,5 millones correspondientes al “Fideicomiso financiero 2010”, sumado a U$13,9 M por el BODIC 1 y U$12,5 M del BOCADE.
La provincia de Chubut necesita, según el término en boga, “reperfilar” su deuda, es decir aspira a lograr con sus acreedores una extensión de los plazos de pago, que operan sucesivamente hasta el año 2026, por otros U$970 M.
El “menú” que le espera para el año próximo es el siguiente: casi U$13 M por el Fideicomiso Financiero; U$23 M por el BODIC 2; U$77,5 M por el BOCADE; y U$12,1 M por el BOPRO.