Por Trivia Demir

Que la legalidad en la política argentina es un concepto muy escaso o por lo menos interpretable, no hay ninguna duda. Por eso, ninguno de los exfuncionarios o actuales funcionarios puede ´escupir para arriba´ como dice la calle, y hasta se entiende más porque se amagan pero no se terminan de cocinar. Si a Cristina FK la persiguen las causas dólar futuro, Hotesur, Los Sauces y la ruta del dinero K que son algunos de los asuntos judiciales grosos que más preocupan a la exmandataria y su entorno, al actual presidente Mauricio Macri ya comenzarían a quitarle el sueño los problemas legales en puerta que podrían rodearlo si en octubre no logra revertir la tendencia, y deba volver a su casa.
Ya en el arranque Macri, con solo quince meses de gobierno, llevaba a cuestas seis causas judiciales en su contra. Procesado en 1993, por contrabando ante las irregularidades cometidas por el Grupo Macri en la exportación de vehículos, aunque luego fue exonerado por una desprestigiada Corte Suprema de Justicia, el presidente arrastró un largo historial de problemas con la Justicia. En la época en que desempeñó el cargo de gobernador de Buenos Aires (2007-2015) acumuló más de 214 causas judiciales como “estafa y asociación ilícita”, “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, “enriquecimiento ilícito”, “falsificación de documentos públicos”, “amenazas y abandono de personas”, entre otras. En diciembre de 2015, Macri se convirtió en el primer presidente de la historia argentina en asumir el cargo siendo procesado por la Justicia. En abril del 2016, con apenas cuatro meses en el poder, la investigación de los papeles de Panamá reveló que el mandatario argentino aparecía como director de dos empresas offshore (con ventajas fiscales) sospechosas de lavado de dinero. En otra causa penal, la Justicia argentina lo investigó por el acuerdo para pagar una multimillonaria deuda con los fondos “buitre” (especuladores) acusado de posible estafa y fraude contra el Estado. Y luego lo alcanzó otra denuncia en su contra por haber autorizado que un plan de blanqueo de capitales incluyera a familiares de funcionarios, algo que había sido expresamente prohibido por el Congreso argentino. También se abrió una causa por la firma de un Memorándum entre Argentina y Catar que contempla un fondo por 1000 millones de dólares y en el que se incluyen empresas offshore, manejos discrecionales y recursos de la seguridad social del país austral. O sea, nada que no conozcamos con los vecinos de a pie que no terminaremos nunca de ampliar nuestra capacidad de asombro, tanto como de adaptarnos a las catástrofes públicas.

Problemas en puerta

Pero ahora lo más importante para el actual gobierno, es cerrar sus cuatro años con los deberes hechos, mostrando a la argentinidad toda que su administración ha sido tan transparente como han invocado, y no se han quedado con dineros públicos, porque está dicho que si no reelige, lo que vendrá en términos de lupa judicial, no será con anestesia.
Tal como explica Mauricio Cantando en su columna de análisis desde LPO, “Macri no consiguió que el Congreso apruebe los gastos de su gestión”, y ese es un detalle demasiado grueso que no hay que perder de vista. “En noviembre de 2015, en las pocas sesiones que siguieron al triunfo de Mauricio Macri en el ballotage, Cristina Kirchner instruyó a su entonces mayoría parlamentaria que apruebe rápidamente las cuentas de inversión de sus últimos años de Gobierno. Pudo avalar hasta la de 2013, porque las otras dos aún no habían sido remitidas al Congreso por la Auditoría General de la Nación (AGN). En 2016 apareció la de 2014, sus legisladores afines presionaron para aprobarla cuanto antes pero Miguel Pichetto se negó a firmar el dictamen, un fuego amigo que empezaba a crecer.
Pichetto aceptó aprobarla en la última sesión ordinaria de 2017, días antes que la ex presidenta asumiera como senadora. Su obsesión por este trámite parlamentario, que suele pasar inadvertido en el palacio, se debe a que las cuentas de inversión completan el ejercicio de cada presupuesto según la Constitución, y por lo tanto protegen a cada presidente saliente si le toca dar explicaciones en Tribunales.
Se hizo tan común que los abogados las utilicen en sus estrategias de defensa que la AGN debió aclarar en su página web que no eximen de posibles delitos individuales de los funcionarios. Pero en el mismo instructivo aclara que un presidente con una cuenta de inversión rechazada puede ser motivo de juicio político. Y, claro está, de una lluvia de denuncias cuando abandone el poder.

¿Desaprobado o aprobado?

Si no logra su reelección, como avizoran todas las encuestas, Mauricio Macri será el presidente que abandone el poder más desguarnecido: el Congreso no aprobó ninguna de las cuentas de inversión de su gestión y de repetirse los resultados de las primarias, en diciembre los recintos podrían estar controlados por la actual oposición.
La alarma sonó en las últimas semanas en los desolados pasillos parlamentarios, donde los oficialistas no pueden recuperarse de la inesperada paliza que le propició Alberto Fernández a Macri el 11 de agosto.
Antes de ese día, el plan del macrismo era negociar con el peronismo aprobar la cuenta de inversión de 2015 junto a las de 2016 y 2017, esta última aún en estudio entre los auditores. Sus informes son evaluados por la comisión bicameral mixta revisora de Cuentas, que puede emitir dictamen a favor o en contra, luego sometidos a los recintos.
Desde 2017 está presidida por el jefe del bloque PRO de diputados Álvaro González, quien este año la reunió dos veces, la última en julio para aprobar el informe anual. No asistió Pichetto, que con su conversión al macrismo le garantizó una mayoría para cerrar la comisión si hiciera falta y firmar dictámenes sin negociar con la oposición.
Pero de nada sirven si luego el Congreso los ignora o, lo que es peor, pasa a ser controlado por los enemigos y empieza a mirar las auditorías con otros ojos”.

El mecanismo

Una cuenta de inversión detalla todos los números de una gestión presidencial: cómo se recaudó, se gastó, qué obras se hicieron, qué deuda se tomó y cuántos vencimientos se pagaron. Si las conclusiones no son muy generosas, suelen ser tomadas por jueces u opositores al presidente de turno. “Las últimas tres cuentas de inversión de Macri deberán informar sus polémicas incursiones por Wall Street o por el Fondo Monetario Internacional; y hasta la reprogramación de la deuda local anunciada hace unos días y de la que aún no hay detalles de cómo se implementará y qué costo futuro le trae al Gobierno.
El panorama se agrava para Macri por la hostilidad que mostró después de las primarias la AGN, que está presidida por Oscar Lamberto, elegido en el PJ, por ser el partido de la oposición con mayor presencia parlamentaria. Hay seis auditores generales: dos peronistas históricos (Graciela de la Rosa y Francisco Ferández), un kircnerista (Juan Ignacio Forlón), dos radicales (Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva) y otro cercano a Sergio Massa (Gabriel Estrada)”, dice Cantando.

Incompantibilidades, ´curros´ y otras yerbas

“Atentos al cambio de época, el 14 de agosto la AGN emitió un informe sobre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses (FGS) entre 2014 y 2016, con un llamado de atención a varias medidas del primer año de Cambiemos, algunas ya judicializadas.
Cuestionó la colocación de recursos en el fondo común de inversión Axis, propiedad del entonces secretario de Finanzas Luis Caputo hasta diciembre de 2015, motivo de una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), en la que «Toto» logró salir ileso.
Sus herederos en Axis ayudaron a Emilio Basavilbaso a comprar Lebac, los títulos emitidos por el Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger a tasas muy altas y con un dólar planchado, tiempos del recordado carry trade.
La AGN también llamó la atención de la venta de acciones de Petrobrás a Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin, que al año siguiente le compró su empresa al primo del presidente Ángelo Calcaterra. La operación se justificó en la supuesta necesidad de liquidez para pagar la reparación histórica a los jubilados, pero nunca se usó dinero del FGS para esa tarea.
Los auditores cuestionaron que el FGS suscribiera deuda de Cablevisión y Arcor cuando estaba presidido por Luis Blaquier, quien tuvo cargos directivos en ambas empresas hasta el año anterior. ´No se ha obtenido evidencia acerca de una comunicación en la cual se aclare dicha circunstancia que se interpretaría como un conflicto de intereses´, señala.
Otro informe que quema es el de la condonación por 70 mil millones de pesos que Macri le hizo a su empresa familiar por la deuda del ex Correo Argentino, denunciada por la fiscal Gabriela Boquín. La AGN cuestiona ese salvataje familiar, pero también detecta anomalías en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
Deberá ser tratado con otro Congreso y tal vez otro presidente, otra oposición y otras autoridades en la Auditoria General de la Nación. Si se mueve rápido tras una derrota, Macri puede sacar chapa de ser jefe de la oposición con mayor presencia legislativa y elegir al reemplazante de Lamberto, aunque no de los seis auditores que escriben los informes y que evaluarán los gastos de sus últimos años de Gobierno. Que no fueron nada fáciles”. Habrá que ver…

Fuentes: NA, MDZO, LPO, propias