LA VÍCTIMA PERMANECIÓ SIEMPRE REDUCIDA Y HALLARON CABELLO PEGADO EN LAS PAREDES

Pericias forenses complican al ciudadano coreano acusado de intento de femicidio

Uno de los datos reveladores del juicio oral y público contra Doo Jin Hwang, acusado de intento de femicidio hacia su ex pareja, es la “saña” con la que esta última fue atacada, en virtud de los distintos procedimientos realizados por personal de Criminalística y de Policía Científica en el domicilio del barrio Solanas de la Patagonia, donde tuvo lugar el hecho el pasado 17 de febrero de 2018.
Según declaró uno de los integrantes de la fuerza, citado por la Fiscalía y la querella, la mujer siempre se encontró reducida y en el suelo, mientras recibía golpes y el agresor intentaba asfixiarla; también, fue arrastrada de los pelos y golpeada contra varias paredes de la vivienda, donde hallaron rastros de cabello.
Con la tercera audiencia celebrada este jueves, el debate se reanudará la próxima semana, y todavía se espera que declare una cantidad no menor de testigos, entre ellos policías, facultativos médicos y allegados a la víctima.

Lesiones defensivas

Uno de los testigos citados por la Fiscalía fue el jefe de la División Criminalística, licenciado Julio Canteriño, quien expuso una detalla declaración sobre las lesiones de la víctima, el presunto autor y la escena donde ocurrió el hecho.
El comisario precisó que se vio una evidente “saña” en la pelea por parte del agresor hacia la mujer, donde una de las cuestiones que más llamó la atención de los agentes que intervinieron, entre ellos los de la Policía Científica, fue la cantidad de sangre en el lugar.
Hwang tenía “rasguños” en su cuerpo, es decir, lesiones consideradas “defensivas”, frente a lo cual Canteriño explicó la reacción que suele tener una persona normal cuando es atacada, que consiste principalmente en levantar sus manos para contener la agresión.

Cabello en las paredes

Sin embargo, la víctima en ningún momento pudo ponerse de pie, producto de los embates que estaba recibiendo, y esto último fue lo que arrojaron las pericias en el domicilio donde tuvo lugar el hecho, ya que se hallaron huellas del calzado de la mujer en un sitio determinado.
Ello dejó en claro que el atacante “siempre la tuvo reducida”, además de arrastrarla y golpearla contra las paredes de la casa, donde también los peritajes hallaron rastros de cabello en los bordes.

Una llamativa presencia

Uno de los aspectos que, desde un principio, llamó la atención de los involucrados en la causa, es la presencia de Kim Kirock, actualmente designado como Segundo Secretario y Cónsul en la embajada de la República de Corea en Argentina.
El funcionario fue acreditado en su rol el 9 de marzo de 2018, menos de un mes después de ocurrido el hecho que actualmente es juzgado en Puerto Madryn.
En el mes de abril, Kirock viajó a la ciudad del Golfo acompañado por el asesor legal de la embajada, Song Tae Keun, para reunirse con el fiscal general Daniel Báez, así como también con integrantes de la Defensoría Pública, mientras que Doo Jin Hwang se encontraba, por aquél entonces, bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Desde el inicio del juicio, el diplomático permaneció inmutable dentro de la Sala de Audiencias, tomando notas en una libreta en todo momento.

Pena de muerte en Corea

Otro interrogante que en su momento se planteó fue la pena que correspondería a un ciudadano de la República de Corea, frente a una imputación como la que hoy pesa sobre Hwang, cuya sentencia sería la pena de muerte.
Sin embargo, desde el inicio de la presidencia de Kim Dae-jung, en febrero de 1998, no fueron realizadas más ejecuciones en dicho país, en el marco de una “moratoria” basada en los derechos humanos.
A pesar de que las condenas a muerte se siguen dictando en dicho país, las últimas en ser llevadas a cabo fueron el 31 de diciembre de 1997, cuando 23 personas fueron condenadas a muerte.
Hubo presiones de Amnistía Internacional para que la República de Corea cesara en dicha práctica, y si bien la misma no se ha llevado a cabo desde hace más de 20 años, el país continúa siendo uno de los cinco en el mundo que, bajo un régimen democrático y desarrollado, mantiene la pena capital como una posible resolución a los casos judiciales; los otros cuatro son Taiwán, Japón, Singapur y Estados Unidos.

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