A la grave situación de Chubut, paralizada desde hace más de dos meses por el pago escalonado de los sueldos y el incumplimiento de la paritaria, se suma de esta forma Chaco y el conflicto empieza a encenderse en otras provincias. Córdoba ya anunció que no cumplirá con el pago de la cláusula gatillo y en Santa Fe ya hay municipios que la suspendieron. Otras provincias están al límite para cumplir con ese compromiso.
El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Nadin Argañaraz, explicó cómo se llegó a esta caída de recursos. «En el año 2018, que todos hablan de que las provincias tuvieron superávit primario, ya en ese año tuvieron caída de ingresos. Hubo superávit porque bajaron más el gasto de lo que cayeron los ingresos. El 60% de la baja del gasto de las provincias de 2018 lo explicó el atraso salarial real», detalló.
«Uno pensaba en el 2019, año electoral, que si las provincias relajaban esa cuestión del gasto salarial podían tener complicaciones. Pasó que estás en un año donde, nuevamente, están cayendo los ingresos, las provincias están cumpliendo con los consensos bajando alícuotas de Ingresos Brutos y están recibiendo menos coparticipación real por la recesión», continuó.

Deudas reperfiladas

«La sorpresa que les dio la inflación generó el atraso salarial que no recuperaron. Chubut dio este aumento salarial, pensando que no iba a tener caída de ingresos reales», indicó Argañaraz, que agregó que un ingrediente que agravó la situación es que muchas provincias quedaron dentro del «reperfilamiento» anunciado por Nación.
Según Argañaraz, se trata de alrededor de 1600 millones de dólares en Letes y Lecaps que quedaron «atrapados». El economista sostuvo que Nación «va a tener que encontrarle la vuelta» para que las provincias accedan a ese dinero, que utilizan generalmente para gastos importantes como los aguinaldos o vencimientos de deuda en dólares.
Al menos diez provincias estarían en esa situación y el tema muy probablemente se termine colando en la discusión del Congreso sobre el proyecto de ley para reperfilar la deuda. Es previsible que los diputados que responden a los gobernadores exijan que saquen a las provincias de la refinanciación, lo que implicaría un problema hasta legal para el Gobierno.
«Y van a tener que hacer un acomodamiento, tanto del gasto como de la recaudación. Me genera cierto temor la continuidad del Consenso Fiscal el año que viene, porque indica que van a tener que seguir bajando Ingresos Brutos. Seguramente, va a haber provincias que van a decir que no pueden seguir con el consenso», pronosticó el director del IARAF.

Amagues con ‘cuasimonedas’

La profundización de la crisis económica en Chubut podría ser el primer indicio de una crisis que se extienda a otras provincias, donde advierten que están al límite y se empieza a reflotar la idea de las cuasimonedas para afrontar una situación que la Casa Rosada agravó con el reperfilamiento de la deuda.
La posibilidad de una emisión de cuasimonedas fue admitida por el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, que afronta serias dificultades para el pago de salarios. «Sería terrible, sería un recurso extremo, pero no lo descarto», dijo el mandatario que reclama ayuda financiera a la Nación.
Su ministro de Economía, Cristian Ocampo, explicó que las últimas medidas fiscales del Gobierno nacional complicaron el panorama de la provincia por la baja de los recursos de coparticipación, sumado a la caída de la recaudación propia por el freno del consumo y la disminución de la carga tributaria por el pacto fiscal.
«Chaco tuvo equilibrio fiscal hasta 2015. En 2016 tuvo una dificultad significativa, pero estamos retornando a la senda del equilibrio fiscal. Estas últimas medidas han sido de un impacto muy fuerte. Si no se reactiva la actividad económica se va a hacer muy difícil estos últimos tres meses que quedan para cumplir el año», explicó Ocampo.

Se caería el “consenso fiscal”

El consenso fiscal firmado entre la Nación y las provincias en noviembre de 2017, que prevé acciones hasta 2022, podría quedar en la nada el próximo año, como buena parte de sus antecesores. Un primer condicionante es que solo en los últimos días 13 gobernadores fueron a la Corte Suprema a reclamar fondos cuando el pacto establece la «abstención» de demandas; además, en un contexto recesivo como el que se proyecta, hay opiniones coincidentes en que se frenaría la rebaja de impuestos prevista. Ya este año se abrió un paréntesis con una adenda para Sellos provinciales y Bienes Personales de la Nación.
Lo pautado en el consenso no afecta los cambios operados en la coparticipación desde fines de 2015, cuando la Corte Suprema falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis por la devolución del 15% de la precoparticipación para financiar a la Anses. Con un acuerdo, la Nación extendió el beneficio al resto; fue en etapas y el último tres por ciento se terminará de restituir en 2020.
«El pacto ya está prácticamente caído», se sinceró el ministro de Hacienda de una provincia grande, en referencia a las demandas judiciales iniciadas por la mayoría de los distritos, que se suman a otras de un grupo de jurisdicciones por la eliminación del fondo sojero (Tucumán, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Chubut).

Incumplimientos

El texto del pacto establece que «todos los compromisos asumidos (…) deberán cumplirse antes del 31 de diciembre de 2019, salvo que se haya establecido otro plazo». Algunas claves quedarán sin siquiera empezar a discutirse: se avanzaría en una nueva ley de coparticipación (en mora desde 1996, cuando debía sancionarse según lo dispuesto en la reforma constitucional de 1994) y se consensuarían normas de modernización del Estado. Ninguno de los dos puntos registra adelantos.
También hay dudas de parte de las provincias de que la eliminación de subsidios diferenciales para el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, datado para 2021, se termine cumpliendo, más allá de cuál sea la administración que esté en la Rosada. Desde el Ministerio de Transporte insisten en que se avanza según lo acordado.
El achicamiento de los planteles estatales tampoco se dio; el acuerdo preveía financiar, con líneas de crédito especiales, «programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales». El gobernador de una provincia norteña -donde el empleo público tiene un peso significativo- sostuvo que en una economía que «no genera puestos privados es impensable echar gente sin desembocar en una crisis social».
Sobre los compromisos tributarios, desde el Iaraf, Ariel Barraud apunta que el compromiso «fuerte» de las provincias era la baja de Ingresos Brutos: «Ya este año la alícuota máxima tiene que estar en 5% y eso sigue hasta 2022, cuando las que continúan descendiendo son las de otros sectores que pesan menos, y puede que eso no continúe porque el panorama está difícil». La referencia es al juego de pinzas que implica la caída de la recaudación propia y de los giros de la coparticipación. Con todo, espera que «haya un paréntesis, más que una marcha atrás».

La deuda en dólares otra espada de Damocles para Chubut

Desde el gobierno nacional suelen inflar el pecho cuando aseguran que durante la gestión Cambiemos mejoró sustancialmente la situación fiscal de las provincias. Sin embargo, la crisis que atraviesa Chubut desde hace algunas semanas abre la discusión acerca del cuadro que viven algunos distritos en materia de sostenibilidad de la deuda en dólares, pago de salarios e indicadores sociales que se deterioran día a día. “Este año, excepto en Neuquén, en todas las provincias la recaudación perdió con respecto a la inflación”, señaló Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Chubut, el territorio que gobierna el reelecto Mariano Arcioni ya no se debe hablar de peligro sino de un colapso. En pleno año electoral, Chubut ofreció aumentos difíciles de cumplir. Según datos del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el gasto corriente neto chubutense creció un 93% interanual en el segundo trimestre de 2019, pese a que la Ley de Responsabilidad Fiscal solo admite igualar la inflación (que en ese período fue del 54,13%).
Además, Chubut es la provincia con el peor indicador de servicios de la deuda en porcentaje de recursos corrientes netos: alcanza el 17,3%, mientras que el límite establecido por la ley es del 15%.