Una de las ideas madres de la concepción política de Cambiemos era la de bajar la litigiosidad contra el Estado. Esa fue una de las premisas del Consenso Fiscal firmado a finales de 2017 y que tuvo como corolario que en agosto de 2018 la Corte Suprema de Justicia cerrara las diferentes causas que habían entablado quince provincias contra el Estado Nacional por reclamos impositivos y de transferencias de ingresos que sumaban reclamos por 740.000 millones de pesos.

Un año más tarde, el Máximo Tribunal sigue recibiendo demandas contra el Estado nacional como consecuencia de diferentes medidas que tomó la administración Cambiemos y que repercutió en el reparto de fondos para las provincias. Así, un año más tarde que el Estado sólo le quedaran demandas con San Luis y con La Pampa, ahora suma una veintena de causas judiciales por problemas que la política y la administración económica que llevó adelante Mauricio Macri no pudieron resolver.

La semana pasada la Corte recibió la autorización para comenzar a tratar las demandas presentadas por quince provincias respecto de la medida de reducción de IVA, Ganancias y el congelamiento del valor del crudo que dispuso la Casa Rosada hasta diciembre próximo y que significa una caída en ingresos coparticipables y, en el caso de las petroleras Neuquén, Río Negro y La Pampa, que verán afectados sus ingresos por regalías, la reducción de la actividad y el riesgo de las inversiones.

En total reclaman alrededor de $ 40.000 millones y la cifra podría aumentar si se suman municipios que, en cascada, también pierden fondos vía la coparticipación.

Fuente: El Cronista