La jueza del distrito sur de Manhattan, Nueva York, Loretta Preska, anunció en la mañana de ayer que suspendió el juicio por la expropiación de YPF hasta que se conozcan las nuevas autoridades gubernamentales de Argentina, es decir hasta que se celebren los comicios generales de octubre, o hasta luego de un eventual balotaje. La magistrada estadounidense deberá decidir sobre la demanda contra Argentina e YPF por la estatización de la petrolera nacional en 2012, durante la administración de Cristina Fernández.
Vale recordar que la causa en cuestión fue iniciada por Burford Capital, un estudio global que se especializa en comprar derechos de litigio en grandes causas. Burford Capital exige al Estado Nacional y a YPF un resarcimiento que oscila entre 1.500 y 3.000 millones de dólares.
Por su parte, Argentina e YPF rechazan las pretensiones de ese fondo buitre y exigen que la presentación judicial radicada en la ciudad estadounidense de New York se termine de resolver en los tribunales nacionales asentados en la Capital Federal. Para los abogados del Estado y de la empresa mixta de energía no hay ninguna razón para litigar en Manhattan.

Estrategia procesal

La jueza Preska, en tanto, que sucedió al implacable Thomas Griesa, decidió ayer suspender las actuaciones hasta que se defina la situación electoral en el país. Preska conoce la coyuntura nacional y resolvió aguardar un tiempo prudencial para saber si seguirá negociando con Mauricio Macri, actual titular del Poder Ejecutivo, o deberá aguardar hasta 2020 para saber la estrategia procesal que ejecutaría Alberto Fernández desde la Casa Rosada, en caso de imponerse en los comicios generales como lo hizo en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
“Ante la realización de las elecciones en la República Argentina, este tribunal aplaza las fechas de información sobre la Moción de Desestimar para la norma de Forum non Conveniens hasta que esté más claro que administración tendrá el poder de hablar en nombre de la República”, decidió Preska.
Además, la magistrada norteamericana agregó: “En consecuencia, el tiempo de Petersen Energía Inversore y Eton Park Capital Management para presentar documentos de oposición se extiende hasta el 7 de diciembre; y el tiempo de respuesta de la república se extiende hasta el 7 de enero de 2020”.
Antes de esta inesperada resolución de la jueza de New York, la Corte Suprema de Estados Unidos había resuelto que no tenía competencia en este caso y Preska a continuación desestimó un juicio sumario que exigía Burford para acelerar una resolución que le permitiera embolsar millones de dólares con un presunto derecho bursátil que había comprado por migajas.

Doctrina americana

En este contexto, Preska también ordenó en la víspera congelar todas las acciones y recursos hasta que decidiera si hace lugar -o no- a los argumentos jurídicos presentados por la Argentina. Esos argumentos apuntan a demostrar que el juicio debe ventilarse en los tribunales radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Precisamente, en la doctrina americana que se conoce como “forum non conveniens”, se acepta la potestad del tribunal de Preska para fallar sobre la cuestión de fondo, si no se lograra convencer al magistrado sobre la conveniencia de hacer justicia en otra jurisdicción. En este caso puntual, en la Argentina.
La decisión de Preska fue sorpresiva, pero tiene lógica jurídica. Puntualmente, el próximo 30 de octubre, tres días después de los comicios de primera vuelta, los fondos buitres que representa Burford Capital tenían que contestar el recurso que había presentado la Argentina para trasladar la causa desde New York a Buenos Aires.
En el caso de que la tendencia sea la misma que en las PASO, puede suceder que Fernández reemplace a Macri como titular de la Casa Rosada, y que la posición de Argentina sea diferente al momento de presentar la oposición a la estrategia de Burford Capital. Entonces Preska, para evitar un embrollo procesal y político, dictó un “wait and see” hasta saber quién jurará el 10 de diciembre en la Casa Rosada. Esto es debido a que están en juego, ni más ni menos, que entre 1.500 y 3.000 millones de dólares.

Gobierno de Chubut