El juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, remitió un exhorto al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para requerirle «su urgente presencia personal en la capital del Chubut y/o a los Sres. Ministros de Educación y del Interior, para reanudar el diálogo con los docentes y arribar a un acuerdo que destrabe la crisis con el propósito de que las clases suspendidas de hace más de dos meses comiencen de inmediato».
La actuación del juez de Familia tiene su correlato en el amparo que había presentado la Asesoría de Familia de Rawson, en el que emitió una medida cautelar ordenando al Estado nacional el envío de fondos para garantizar la normalización de la actividad de las escuelas en Chubut.
«Sin perjuicio de la medida cautelar dictada, ante la ruptura de los canales de comunicación y solución entre los trabajadores docentes y las autoridades del gobierno provincial, la presencia en Rawson del Presidente de la Nación Argentina y/ o de los Sres Ministros es imprescindible para solucionar el conflicto docente y lograr finalmente que ningún alumno pierda el año escolar, cesando de una vez la violación masiva del derecho a la educación pública y gratuita de niños y adolescentes en esta provincia», sostiene el escrito.
Entre otros conceptos, el exhorto dirigido por el juez Alesi a Macri sostiene: «Los alumnos estatales están a pocos días de perder definitivamente el ciclo lectivo de 2019. Vivimos inmersos en un clima de enojo y angustia colectiva por esta situación de desprotección, y el luto a raíz del fallecimiento reciente en un accidente de dos docentes, las maestras Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, que regresaban a Comodoro Rivadavia tras haber participado horas antes de una marcha de protesta en Rawson».
Y finaliza: «Señor Presidente: es disvalioso matar la ilusión, las oportunidades y el deseo de superación de todos los niños de Chubut a los que hoy no sólo se les cierran las puertas de la escuela pública, sino lo que es peor aún, se clausuran las puertas de su crecimiento personal, de su educación formal y del desarrollo de su pensamiento crítico, que es lo único que nos asegurará poder seguir siendo siempre libres. Privar a los niños de estos derechos, constituye un costo humano que ningún país civilizado debería soslayar. Educarlos es un compromiso de todos los adultos. Para Usted, además, un deber constitucional y legal».