El consejero popular Luis Torrijos, instructor del sumario contra los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, y el juez Sergio Piñeda, advirtió que en el operativo para detener al exministro de Familia Martín Bortagaray «hubo una evidente contradicción entre la terrible necesidad de pedir su detención alegando peligros procesales, con la inmediata solicitud de liberación; en el expediente no quedó claro por qué desaparecen esos riesgos». El exfuncionario fue preso el año pasado, aunque tenía fueros. Y por esta razón ahora le instruyen un jury al fiscal Iturrioz.
El pleno del Consejo de la Magistratura envió a jury a Iturrioz, pidió una sanción para Piñeda y liberó de responsabilidad a Nápoli. Torrijos recordó que en la sesión de Gaiman del Consejo, “Iturrioz comentó que Bortagaray abrió su escritorio, ofreció documentación de otra oficina y llama a su casa para pedir que se facilite todo”.
Este relato “no puede ser un dato objetivo para cambiar una posición y decir que la persona va a colaborar, es un argumento muy flojo porque cualquier persona allanada colabora para no verse más invadido en su privacidad”.
“Claramente queda en evidencia la contradicción entre la presunta urgencia y los peligros procesales. ¿Existían? Esa es la gran pregunta”, planteó el consejero.
Abogados del pleno recordaron que según el Código Procesal Penal, toda decisión judicial “debe tener motivación lógica y legal. Faltó fundamentación. No se entiende cómo en un momento hay peligros procesales y al poco tiempo no existen más”. Torrijos se preguntó “por qué no se planteó la inconstitucionalidad de los fueros previo a la solitud de detención”.

“El error es muy grave”

El juez fue quien habilitó el procedimiento, pero sólo será sancionado. Su votación también fue dividida. “El juez fue inducido al error y no advirtió que Bortagaray era ministro. Generalmente en la audiencia de control con las partes tiene más elementos para evaluar, pero en esa primera instancia sólo tiene el pedido fiscal”.
“El error es muy grave porque debió tener más prudencia y tomarse más tiempo por más que estaba con la vorágine de muchísimo trabajo –apuntó el consejero-. Debió consultar quién era Bortagaray; se le pasó y eso marca la diferencia con los fiscales: con voluntad y conocimiento de que era ministro con fueros, igual avanzaron”.
Para Torrijos, “los fiscales privilegian una posición personal por sobre la Constitución. Eso es lo peligroso. Trataron de embarrar la cancha con los dichos de Nápoli, pero priorizaron sus creencias por encima de la Constitución y es un límite que debe ponerse. No hay que desviar la atención”.

Doble estándar

No obstante, Torrijos admitió que resulta llamativo que un fiscal vaya a jury y el otro no. A su criterio, “los dos fiscales debieron correr la misma suerte; debió haber jury para los dos”.
También se mostró sorprendido por las críticas de Nápoli de que él respondía al dasnevismo. “Me sorprende muchísimo porque esta no es una cuestión personal y colabora para que la gente descrea del sistema. Su acusación es muy grave. Pero no dice nada sobre que el pleno rechazó la recusación en mi contra; les sorprendió muchísimo la liviandad de la lógica argumental de los fiscales. Es desconocer la Constitución, que reconoce el estamento del consejero popular. Ningún consejero popular llega al Consejo si no es a través de un partido político. Mediáticamente tratan de evitar la discusión correcta”.

Deberían recusarse

Torrijos deslizó que “según la lógica de los fiscales, todos deberían recusarse porque alguien con vínculos de otro partido contrario también tendría intencionalidad”.
El consejero dijo que su informe final “lo destacaron todos los consejeros porque fue hecho a conciencia, convicción y responsabilidad civil; las conclusiones las puedo defender ante quien sea y respondo con trabajo”.
Luego añadió que “Nápoli habla mucho del sistema republicano pero como consejero popular ya no pertenezco a un partido sino que represento a los justiciables, para que tengan juridicidad efectiva en todo Chubut. Nadie quiere disciplinar a nadie, muy lejos de eso. Pero nadie está por encima de la ley. Está evitando discutir los hechos. Si alguien cree que está por encima deberá intervenir el poder que corresponda para poner la cosa en cuestión. Lo contrario sería que haya arbitrariedades e inseguridad jurídica”. (Adn Sur)