El ministro de Economía del Chubut, Oscar Antonena, admitió que el gobierno recibió con satisfacción la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual se establece que la reducción del IVA y los cambios en el impuesto a las Ganancias no pueden afectar los fondos de coparticipación, y agregó que «aguardamos una medida similar por las regalías petroleras». Según el ministro, la medida de congelar el precio del barril de petróleo le significó «una merma de ingresos para nuestra provincia de 1.900 millones en los tres meses de su aplicación». Además, se espera que el máximo tribunal resuelva en el corto plazo la demanda por la eliminación del Fondo Sojero, que a Chubut le significó una pérdida anual de 290 millones.
Antonena, en declaraciones a Télam, explicó que «esto representó para nosotros una caída de entre 460 y 480 millones de pesos a lo largo de los tres meses en que la medida del gobierno nacional se hizo operativa».
Sin embargo, el ministro aclaró que «la Corte habla de la intangilibidad de los recursos que claramente son provinciales, pero no establece el mecanismo de devolución, que será motivo de una discusión posterior; aunque de ahora en más será cuestión de monitorear día a día las cuentas para saber si los ingresos por los conceptos retraídos se restablecen».
Antonena recordó que «también que tenemos un reclamo por aplicación del decreto (de necesidad y urgencia) 566 vinculado con los hidrocarburos, que también nos afectó mucho, en este caso por las regalías hidrocarburíferas».
Se trata en este último caso del DNU que estableció que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local durante 90 días se pagan al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al 9 de agosto.
«Mediante ese DNU se ancló un tipo de cambio de referencia de 45,19 cuando la cotización hoy ronda los 60 pesos por dólar», manifestó Antonena.
Según el ministro, tal medida fue «una merma de ingresos para nuestra provincia de 1.900 millones en los tres meses de su aplicación».

Barril congelado

La Corte también debe definir otras tres demandas promovidas por provincias petroleras sobre la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que congeló el precio de los combustibles y afectó recursos de esos distritos, al fijar un precio de barril de crudo inferior al internacional. En este caso, al tratarse de un DNU, la norma debe pasar por una comisión bicameral del Congreso.
El Tribunal, además, tiene en sus manos una decisión sobre el Fondo Sojero, la coparticipación de las retenciones a la exportación de soja que el Ejecutivo frenó.
La Corte Suprema de Justicia requirió a la Procuración General de la Nación que dictamine sobre su “competencia originaria” para tramitar las demandas presentadas por tres provincias contra el congelamiento del precio de los combustibles.
También el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials pidió al Ministerio Público Fiscal que opine en qué fuero debe tramitar la demanda que presentó una petrolera contra el Estado Nacional por mismo tema.
El congelamiento del precio de los combustibles fue anunciado por el presidente Mauricio Macri luego de las PASO, dentro de un paquete de medidas económicas frente a la depreciación del peso.

Qué harán los que no reclamaron

La medida cautelar que este martes dispuso la Corte Suprema Nacional para frenar el recorte de coparticipación tras el pedido de 15 gobernadores opositores por la quita de recursos derivada de las medidas post PASO de Mauricio Macri, pone presión ahora a los nueve distritos que no se tentaron con la escalda judicial. Incluso las propias jurisdicciones administradas por Cambiemos buscan la forma de no resignar fondos luego del golpe que le asestó el máximo tribunal a la Casa Rosada, que obliga a Nación a financiar con recursos propios las rebajas en IVA e Impuesto a las Ganancias.
Quedaron afuera de los tribunales los cinco distritos Cambiemos (CABA, Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes), dos peronistas (Córdoba y Chaco) y dos de sellos provinciales (Neuquén y Río Negro). Ahora, esos gobernadores y sus fiscales de Estado analizan los pasos a seguir. La opción de máxima, presentarse en la Justicia. La de mínima conflictividad, apostar a que Nación amplié el beneficio al resto de las provincias sin llegar a la una puja judicial. La intermedia: un reclamo administrativo.

Efecto dominó

Horas después de que se conociera la decisión de la Corte, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires comenzó a trazar los primeros argumentos para plantear, primero por la vía administrativa, el reclamo a la Casa Rosada por la retracción de fondos. El segundo paso, con luz verde asegurada tras el fallo de los jueces supremos, sería presentar un amparo idéntico al de Entre Ríos planteando la inconstitucionalidad de los decretos. El esquema de María Eugenia Vidal sería copiar el texto entrerriano porque la Corte aceptó el pedido de la cautelar de ese distrito gobernado por el peronista Gustavo Bordet y luego lo hizo extensivo a las otras catorce provincias que presentaron reclamos similares.

Los DNU siguen vigentes

Según los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nación debería devolver unos 34.000 millones de pesos. Sin embargo, el máximo tribunal no se refirió a la cuestión de fondo: la inconstitucionalidad de los decretos de Macri.
En el caso bonaerense, Vidal debe apurar la decisión, ya que la oposición la aprieta y amenaza con una denuncia por no defender los intereses de la provincia. Pero lo cierto es que todos los distritos que quedaron afuera se ven obligados a sumarse a la queja.
En Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo (aliado crítico de Macri), el Fiscal de Estado Fernando Simón solicitó al Ejecutivo que le informe los perjuicios de los decretos de Macri sobre las cuentas provinciales. A diferencias de sus pares de otras latitudes, Simón fue nombrado por el peronista Francisco Pérez, quien dejó el gobierno en 2015. De todos modos, las cartas enviadas por el fiscal de Estado pueden abrir la puerta al reclamo mendocino a Nación. “Quizás el Gobierno haga extensiva la medida a todas las provincias y no haga falta realizar el reclamo, pero ante el fallo de ayer alguna acción tenemos que realizar”, dijeron a Ámbito Financiero desde el distrito cuyano.

Fallo político

Desde el ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio cuestionaron los alcances del fallo del máximo tribunal, y advierten que no está claro cuándo, ni cómo, ni cuánto se debe devolver a las provincias “beneficiadas”, entre las que está Chubut.
“La decisión de la Corte es una medida cautelar, no va al fondo de la cuestión, es un poco imprecisa, con lo cual no sabemos de qué montos estamos hablando. IVA y Ganancias son impuestos que se comparten con las provincias, es decir, que se coparticipan. Son impuestos que cuando se reducen benefician a los argentinos que viven precisamente en esas provincias”, dijo. “Si a alguna provincia la afectara de manera tal que no pudiera hacer frente a sus obligaciones indelegables, nosotros íbamos a estar, como estuvimos siempre, tratando de ayudar para que cumplan con sus compromisos”, agregó Frigerio.
“¿Sobre qué calculamos el monto a devolver a las provincias? ¿Lo calculamos sobre lo que estaba previsto que ingrese en las provincias de acuerdo al Presupuesto? Por otra parte, esta medida puede haber generado un incremento en el consumo y por lo tanto también un impacto positivo en la recaudación. La Corte en los próximos días debería ser un poco más precisa en este punto», manifestó el ministro, quien cuestionó a los jueces por “romper una tradición de no tomar medidas en el contexto de una campaña”.