Por Trivia Demir

La expectativa salarial de la administración pública y la dedicación casi exclusiva de los conductores políticos de turno a salvar el día a día, estaría saltando de plano un esfuerzo mucho más profundo para encontrar soluciones al “problema educativo”. Cómo se logra eso en un marco de politización sindical, hartazgo laboral y radicalización de los reclamos, es tarea de los gobernantes. Pero que por ahora se está fracasando rotundamente, no hay duda alguna.
La realidad indica que desde el 22 de julio las escuelas sólo se abrieron cuando se votó en las Paso del 11 de agosto y este fin de semana se cumplirían 34 días seguidos sin actividad. El 17 de agosto y el 4 de septiembre además hubo dos importantes movilizaciones motivadas por actos de represión y confrontación; el conflicto ha sido hasta nacionalizado ruidosamente y sin embargo oficialmente se interpone un poco de mediación y otro de sensibilización e intento de disciplinamiento que no ayuda. En el medio, poco y nada se sabe cuál es el plan para la responsabilidad final del estado que es ni más ni menos que garantizar la educación, y la pregunta del millón es si ¿habrá promociones por decreto?
Desde ATE Chubut (ATECh) sostienen que el año escolar no está perdido y que los contenidos se pueden recuperar. Sin embargo, otras opiniones indican que de los 117 días de clase previstos desde el 6 de marzo solo se cumplieron 83. Y aunque las comparaciones nunca son buenas, según medios nacionales “Es evidente el parecido de Chubut con la crisis que sufrió Santa Cruz en 1990, cuando los estudiantes de esa provincia terminaron promocionando por decreto al tiempo que comenzaba la era Kirchner”. Una experiencia que marcó que la contabilización de los días no sirve de nada si no hubo continuidad del proceso de aprendizaje e internalización de los contenidos.

El capítulo repetido

Este gran conflicto con los docentes no es nuevo y suele reeditarse año tras año y sobre todo en momentos de cambios de gestiones de gobierno. Basta revisar los archivos para comprobar que el mismo escenario se vivió recientemente en 2016, 2018 y así sucesivamente. Para la comunidad educativa es agobiante un sistema plagado de incertidumbre, no sólo por la falta de dictado por el desencuentro entre empleador-empleado, sino además por la desnaturalización del objetivo final que es la formación para el futuro de cada chico, en etapas donde cada minuto y cada día es único e irrepetible.
Además de la puja salarial y de poderes, hay además otros aspectos preocupantes que rodean al sistema educativo que se están debatiendo, pero poco y nada han prendido aún como germen de modificaciones concretas. ¿Cómo reinventar la escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX, para satisfacer las necesidades de alumnos del siglo XXI?

El saber cuantificado

Está dicho que poco se puede pensar en cambios cuando no se puede sostener funcionando siquiera lo que hay. Por eso es más que importante poner enorme atención a los dibujos presupuestarios que se suelen aprobar entre gallos y medianoches, y que después condicionarán absolutamente las posibilidades materiales de cada organismo.
Según el grueso de los análisis, la inversión de las provincias en educación decreció en los últimos cuatro años. Así lo indica un informe realizado por el Observatorio Argentino por la Educación, a partir de 2016 las provincias disminuyeron la cantidad de recursos destinados a la educación, a pesar de que perciben mayor cantidad de dinero proveniente de la Coparticipación Federal de Impuestos. Además, el informe destaca que, en promedio, las provincias destinan un 3,4 por ciento de su presupuesto educativo a infraestructura y equipamiento, mientras que el resto está destinado a cubrir los salarios.
En 2018, el nivel de inversión educativa fue del 5,1% del PBI, cuyo nivel se redujo al más bajo de la última década, luego de un proceso de crecimiento registrado desde el año 2003 hasta el año 2015 (6,2%). De hecho, como advierte el columnista Agustín Claus “La discusión por el financiamiento educativo nunca fue, es y será neutral. Establecer y alcanzar un nivel determinado de recursos para financiar la educación se encuentra inmersa en la determinación de las prioridades de cada administración de gobierno”. ¿Cómo y cuánto se invierte en la educación argentina?, ¿cómo se distribuyen los recursos?, y ¿cuál es la relación fiscal entre la Nación y las provincias? Resultan grandes interrogantes que exigen comprender el dilema del financiamiento educativo nacional.

Desequilibrios de origen

El Estado nacional tiene en su órbita de dependencia el financiamiento de las Universidades Nacionales y la implementación de las políticas educativas destinadas a la educación básica (descentralizada en las provincias desde la década del 90). Para el año 2018, alrededor del 70% se destinó a la educación universitaria cuyo porcentaje se destina prácticamente a financiar los salarios de los docentes universitarios y una marginal parte a la infraestructura universitaria.
Con el 30% de los fondos restantes, la Nación financia políticas para la educación básica, que se distribuyen de la siguiente manera: 44% al cofinanciamiento de salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente, Material Didáctico Nacional y el resabio del Programa Nacional de Compensación), 46% a políticas educativas (gestión educativa, calidad, información, capacitación docente, entre otros) y 10% a infraestructura escolar en las provincias.
Por su parte, para las jurisdicciones provinciales, si bien con diferencias entre ellas, en la mayoría de los casos la masa salarial de los docentes implica más del 90% de los presupuestos. De esta manera, se limitan los márgenes para impulsar políticas y acciones específicas pedagógicas a lo largo de la última década.

Chubut y el fracaso de los programas nacionales

Según Jorge Colina de Idesa, la provincia de Chubut es un caso paradigmático que ejemplifica de manera contundente la confusión que existe en la clase dirigente argentina sobre la organización federal. Afirma que “En lo que respecta a cuál es el nivel de gobierno responsable por la educación básica en Argentina, la Constitución es muy clara. En su artículo 5° establece expresamente que las provincias se reservan para sí ´…la administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria´. Esto no fue una ´descentralización de la Nación en las provincias´, como muchos intelectuales y analistas sostienen con mucho desconocimiento. Fue la voluntad de las provincias cuando se escribió la Constitución en 1853 y en 1994 –cuando se la reformó– este artículo quedó intacto, con lo cual las provincias reafirmaron su voluntad de ser las únicas responsables por la educación básica.
En este sentido, los responsables primarios por el pago de los salarios y el desempeño de los docentes son los gobernadores. En el caso de Chubut, el gobernador Mariano Arcioni, prometió altos aumentos de salario que después no pudo pagar. ¿Qué hizo? Pidió auxilio al Gobierno Nacional. A partir de ese pedido de ayuda, se produjo una serie de acusaciones cruzadas entre el gobernador y el secretario de Educación de la Nación, y el primero finalmente terminó descargando las culpas de la crisis educativa de Chubut sobre las autoridades nacionales.
El caso de Chubut ejemplifica de manera implacable el daño, no la “ayuda”, que causan los programas nacionales. Primero, porque el monto que regularmente transfiere la Nación a la provincia es tan exiguo que difícilmente pueda destrabar un conflicto. Segundo, este nimio 7% del salario de la educación primaria que paga la Nación lo hace mediante tres intervenciones diferentes: el Fondo de Incentivo Docente ($1.210), el Material Didácticos ($210) y el Aporte Nacional ($473) que se envía sólo a 7 provincias del norte. Esto demuestra cómo se multiplica la burocracia dividiendo una pequeña ayuda en 3 intervenciones. Tercero, estos programas nacionales están lejos de “mitigar diferencias regionales”, como argumentan muchos de sus defensores. Los entendidos afirman que “Lo que hay que hacer para comenzar a mejorar la gestión educativa en Argentina es dejar en claro que las únicas responsables por el financiamiento y la gestión de la educación básica en Argentina son las provincias. Si hay asimetrías regionales de recursos –como de hecho las hay– hay que revisar la coparticipación, no pretender mitigar estas diferencias con fondos nacionales porque está demostrado que no se puede”. En este sentido, la Nación tendría que transferir definitivamente estas ayudas a las provincias y desmantelar el resto de programas nacionales (como el “Infraestructura y equipamiento”, el “Acciones de formación docente”, el “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”, etcétera) que son más intromisiones en nacionales en funciones provinciales.

Un desafío necesario

Para analizar un ejemplo, resulta muy sugerente que el país federal con uno de los mejores sistemas educativos del mundo es Canadá, y no tiene Ministerio de Educación nacional. Porque son los gobiernos estaduales de ese país, o sea lo que serían las provincias en Argentina, los que toman la responsabilidad con profesionalismo de gestionar con eficiencia y calidad sus sistemas de educación.
No es imposible, sin irnos al primer mundo, países vecinos mucho más grandes y complejos avanzaron hacia la justicia redistributiva del financiamiento educativo conectando recursos con calidad educativa. Plantear los problemas estructurales irresueltos tiene que ser la oportunidad de cara al cambio de gestión de gobierno que asumirá con caudal político para impulsar el debate y las reformas necesarias. Del mismo modo a nivel provincial, debería haber administradores públicos que estén a la altura de este primer debate federal, antes que seguir exprimiendo la puja interna con los cuerpos docentes, además de empezar a promover un cambio profundo en los proyectos de formación de nuestros niños y jóvenes. Es poco probable que si orgánicamente se presenta un plan serio de gestión administrativa y educativa, el grueso de la comunidad docente no lo acompañe. El mayor problema es que por ahora ´no hay nada nuevo bajo el sol´ y pocos están pensando políticamente en estas cosas. Habrá que ver…

Fuentes: NA, El Ciudadano, Infobae, propias