Tras la denuncia de vecinos de la víctima, un ciudadano de nacionalidad paraguaya domiciliado en Rawson fue hallado culpable y condenado por un delito contra la integridad sexual, y en aplicación a la Ley Nacional de Migraciones, será expulsado de la Argentina.
El Tribunal, a pedido del fiscal general Fernando Rivarola ya dio comunicación formal de la sentencia y la condena a ocho años de prisión en contra del sujeto a la Dirección Nacional de Migraciones para que, si así correspondiere, se comience el trámite de deportación. También dio cumplimiento a una instrucción del procurador general Jorge Miquelarena, coincidente con los postulados de la Ley Nacional de Migraciones 25.871.

La condena

El ciudadano de 40 años de edad fue hallado culpable y condenado a una pena de 8 años de prisión tras la aplicación de un juicio abreviado en donde reconoció haber cometido el delito en contra de su hija biológica menor de edad. El acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa pública, fue convalidado por el tribunal de enjuiciamiento integrado por los jueces Gustavo Castro, Mirta Moreno y Sergio Piñeda.

La denuncia

La denuncia contra el sujeto fue realizada por vecinos en enero de este año. De allí en más, distintos organismos del Estado pusieron en marcha el proceso de investigación en preservación además de los derechos de la víctima. El delito fue el de “abuso sexual agravado por el vínculo y por haberse perpetrado contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente en carácter de autor”.
El sujeto fue defendido por el defensor oficial Miguel Ángel Moyano, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Fernando Rivarola y la abogada Liliana Ríos de la Asesoría de Familia. En la aplicación del juicio abreviado, el imputado reconoció los hechos investigados por lo que el Tribunal decidió aplicar la pena que había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

Ley Migraciones 25.871

En su reglamentación, el artículo 62 de la Ley Nacional de Migraciones indica que “la autoridad judicial, a título de colaboración y al momento de quedar firme la condena impuesta, remitirá a la Dirección Nacional de Migraciones, copia certificada de la respectiva sentencia, e informará el Juzgado o Tribunal encargado de su ejecución”, trámite que ya se realizó a requerimiento de la Fiscalía de Rawson.