MIENTRAS TODO EL INTERÉS PÚBLICO SE CONCENTRA EN LA COMPULSA ELECTORAL DEL DOMINGO, LOS MODELOS EN PUGNA TENDERÍAN A SEGUIR LUCHANDO ´A MUERTE´ A NIVEL JUDICIAL. LAS CAUSAS A PUNTO DE CAER Y EL ESCÁNDALO POR PRESUNTO ESPIONAJE MASIVO A JUECES, FUNCIONARIOS Y HASTA GOBERNADORES QUE AMAGA CON ARRANCAR

La guerra sin cuartel

Por Trivia Demir

La semana culmina con ansiedades comprensibles para todos. Es que además de ponerse en juego la conducción política e institucional del país por los próximos cuatro años, el argentino medio solo intenta dilucidar que sucederá con su vida, sus ingresos y sus perspectivas personales, primero, en los escasos meses que quedan a para finalizar este año, y luego con la política económica y financiera que se implementará a 2023, dentro de las escuálidas posibilidades que enfrenta una nación endeudada y con un escenario internacional complejísimo.
Lo que se viene el lunes está claro que incluirá precios post 27O en las góndolas y en todo tipo de artículos como consecuencia de la corrida del dólar que se anticipa, con feriados bancarios incluidos y cepo más estricto casi inmediato, tal lo que preveían este viernes la mayoría de los analistas. Pero si en economía es probable que las principales fuerzas abonen una tregua más tarde o más temprano, y sobre todo se actúe una convivencia post electoral, lo más complejo de la grieta se seguiría profundizando gane quien gane en ámbitos tribunalicios. Esa será en definitiva la verdadera arena de gladiadores donde se tratará de herir de muerte al contrincante sea cual fuere el sello que se quede con el sillón de Rivadavia, y donde todo vale y no habrá piedad de ningún bando con los temas ´dudosos´.
Hay fuertes indicios para ello, como los liberados de último momento y los contraataques necesarios ya listos de quienes purgaron cárcel sin una sentencia firme. De hecho, se fueron dando medidas para todos los gustos y sectores. Hubo una de ´cal´, se podría decir entre las novedades judiciales de último momento como la ´aparición´ de los presuntos ´Cuadernos de las Coimas´ originales, que se suponía que el autor había quemado; un tema que se le achaca al oficialismo con lo que se cree se pretendería reencender la causa contra el kirchnerismo. Y a la vez hubo una de ´arena´ en ese mismo tema, a partir de un fallo del fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, que consideró que por la irregularidades en el proceso por el cual se tomó declaración como «arrepentido» al ex secretario de Obras Públicas, José López, el que no fue debidamente filmado, todo el proceso debería declararse nulo, por lo que pidió el sobreseimiento de todos los imputados por supuestas irregularidades en aportes de campaña. Esta será evidentemente una de las causas que entrará de lleno y consolidará el cuadrilátero post electoral desde la próxima semana.

Al filo de la democracia

Pero todo indicaría que esta nueva ´guerra´ judicial recién comenzaría a endurecerse. Para el ´liberalismo adulto´, no habría manera de ´disciplinar´ al populismo sudamericano si no se lo encarcela literalmente, desenmascarándole sus manejos irregulares. Mientras que para el progresismo no basta con armarse a la defensiva sino contraatacar con las mismas armas, exponiendo las transacciones poco populares y menos consensuadas de las conducciones liberales que llegan a manejar dineros públicos.
En este marco la información financiera e impositiva resulta ´oro en polvo´ para cualquier bando.

Carrera ´armamentista´ informativa

No es casual que esta semana confirmaran que la Justicia argentina ya investiga un presunto espionaje a jueces, gobernadores, legisladores, ministros y hombres y mujeres de los medios de comunicación. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Ramiro Gonzalez están al frente de una profunda investigación sobre el sistema de consultas de la AFIP para esclarecer si funcionarios allegados a Elisa Carrió ingresaron al sistema interno del organismo recaudatorio para buscar información sin requerimiento judicial Esta investigación comenzó hace dos años luego de que el periodista Carlos Pagni del diario La Nación publicara un artículo en el que se mencionaba la existencia de distintas operaciones de espionaje ilegal. También se solicitaron informes a la UIF, Migraciones y al Banco Central.

Apuntando a ´Lilita´

En ámbitos judiciales ya comparan esta investigación -por su metodología- con la causa que lleva adelante en Dolores el juez Alejo Ramos Padilla. Aunque este caso sería incluso de mayor gravedad. Según Infobae, funcionarios ya habrían confesado ante la Justicia que entraron en los sistemas a sacar información sin ningún tipo de autorización. El último pedido del fiscal surgió luego de que esta semana un programa del canal C5N reveló documentos que demostrarían que la diputada de Cambiemos, siempre sospechada de cercanas viculaciones con el ´Tio Sam´, espiaba a jueces, periodistas y famosos conductores de la televisión argentina. En el programa ADN de C5N, se sostenía que el presunto espionaje incluía desde Susana Giménez, Mirtha Legrand, Jorge Lanata y Santiago del Moro, hasta a Hugo Moyano, Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) y al propio Franco Macri (padre del Presidente, que falleció este año).

Sorpresa gran

Sin embargo, hace unas semanas, el fiscal González (reemplazante de Delgado durante su licencia) requirió una ampliación de la investigación. En su dictamen, el fiscal señala que el juez decidió separar la paja del trigo. Es decir “una cantidad de vínculos interpersonales entre agentes, ex agentes de inteligencia y abogados pero de momento sin hipótesis fácticas concretas” de “hechos puntuales de espionaje pasibles de verificación”. Y así solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que informe las solicitudes de información migratoria que se hubieren generado en los últimos dos años respecto de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Casación Federal, de la Cámara Federal, jueces de Comodoro Py y del fuero penal económico, así como de tribunales orales. También saber si se buscó información sobre legisladores, ministros del Ejecutivo y del Gobierno bonaerense, los gobernantes de todas las provincias y la Capital Federal, y del director y subdirectora de la AFI.
Fue así que detectó que al menos 21 jueces de todos los estamentos figuraban en los registros consultados de Migraciones, sin una explicación concreta. Entre ellos aparecía el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda y después se sumó el nombre de Ricardo Lorenzetti. (Los movimientos migratorios de otros dos jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, figuraban en tanto en las carpetas del falso abogado Marcelo D’Alessio, investigado en Dolores). Entre los 21 jueces, estaba también el propio Canicoba, que había pedido los informes.

Todos bajo la lupa

Pero la lista es más amplia. Desde la camarista de Casación Ana María Figueroa al presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun. También aparecen los más nuevos de Comodoro Py, como el camarista federal Mariano Llorens y la flamante jueza federal María Eugenia Capuchetti y jueces a los que en algún momento apuntaron dirigentes de Cambiemos, como Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Luis Rodriguez. En la lista también están María Servini, los jueces del fuero penal económico Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart y Pablo Yadarola. Y de tribunales orales como Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Ríos, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.

¿Qué más estarán espiando?

Después de que se detectaran esas consultas en Migraciones, el juez pidió informes a otros organismos públicos como AFIP, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Procuración General y el Poder Judicial. Pero ante las últimas novedades solicitó profundizar los detalles sobre la AFIP.
“Se trata de desentrañar si desde alguno de los organismos y/o dependencias del estado individualizadas (AFIP, Ministerio de Seguridad de la Nación, Jefatura de Policía de la CABA, Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta, Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia, Procuración General de la Nación, Jefatura de PFA, Jefatura de Policía de Seguridad Aeroporturia, Jefatura de Prefectura) se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal” sobre esa veintena de jueces mencionados, añadió el fiscal González a la hora de ampliar su investigación.
Desde ya, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional exigió el inmediato esclarecimiento del caso y expresó su “profunda preocupación” respecto de operaciones de espionaje ilegal.
Entre otras cosas, se esperaría que en los próximos días se conozcan otras posibles víctimas del espionaje vinculadas a funcionarios nacionales y hasta a gobernadores de distintas provincias. Habrá que ver…

Fuentes: LN, Infobae, LPO, ADN, NA, propias

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