Hace menos de seis meses, con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, todos los partidos políticos firmaron un compromiso para combatir la desinformación en las redes sociales, durante un acto que se realizó en la sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral.
Su presidente, Santiago Corcuera, señaló en ese momento que la firma del compromiso es un «hito histórico», ya que «las redes sociales nos traen enormes beneficios, porque son ágoras de discusión, pero también pueden ser objetos de malversación de la verdad. Por eso, es importante que se comprometan a trabajar en lo que es el voto informado, para asegurar los derechos de los ciudadanos». Sin embargo, la dinámica de los tiempos que corren no garantizan en lo más mínimo el cumplimiento de compromisos de esta naturaleza, y por el contrario cada vez que se hace una ley (o un acuerdo de partes) se liberan múltiples trampas.
Y como sospechan los más entendidos, si la política se puso de acuerdo en acorralar un poco el uso de las fake-news, es probable que es porque hay cosas aún mucho más graves que se están realizando.
De hecho, a nivel manipulación prácticamente ya no hay escapatoria. Todo lo que hacemos conectados a Internet desde una computadora, una tablet o un celular –mandar un email, chatear, subir una foto a Facebook, tuitear, buscar la edad de Mirtha Legrand en Wikipedia, ver una película en Netflix o cualquier otra cosa– dejará una huella en forma de dato digital. Un rastro casi imposible de borrar, tal como lo describe Dice Leandro Zanoni desde Clarín.
Pero no sólo los pasos online generan datos: también si paseamos al solcito por la calle (a causa del celular o de las cámaras de seguridad), si viajamos en colectivo con la SUBE o si sacamos plata del cajero automático. Incluso, si dormimos con relojes inteligentes o algunas de esas pulseritas tipo Fitbit que cuentan los latidos del corazón y las horas de sueño.
Y el tema es que todos estos datos son un activo importantísimo para el poder, que busca por sobre toda las cosas ya no la convicción de sus seguidores, sino la perpetuación a cualquier costo, incluso de la manipulación directa.

La masa digital

Esta semana, una interesante nota de Hugo Alconada Mon titulada “Campañas electorales. La guerra secreta por las bases de datos personales” Expone a las claras lo que está sucediendo hoy y ahora mismo con la campaña que definirá el nuevo presidente de los argentinos en pocos días.
El columnista dice que “Lo negarán en público, pero lo admiten en privado. Los equipos de campaña de los principales candidatos a la Presidencia utilizan de manera intensiva bases de datos desarrolladas con información sensible de millones de argentinos extraída de manera lícita o irregular de organismos públicos y empresas y entidades privadas.
El último incidente público vinculado a esas bases cuestionables llegó de la mano del juez federal Ariel Lijo, quien le ordenó a Google ´el cese inmediato´ de cuatro enlaces de Internet donde en nombre de Juntos por el Cambio, pero sin su autorización, manos anónimas convocaron a dejar sus datos de contacto a los interesados en sumarse como fiscales el 27 de octubre.
Lijo admitió así un pedido del máximo apoderado electoral de Juntos por el Cambio, José Torello, quien a principios de agosto también denunció ante la Justicia otra movida en perjuicio de su coalición, también de manos anónimas, pero en esa ocasión a través de mensajes de texto. ´Venimos a informar que estos enlaces tienen un origen desconocido y se encuentran realizando una notoria violación al Código Electoral´, alertó Torello, que despegó al oficialismo de la movida. ´Desconocemos el origen´ de esos enlaces, explicó, que ´otorga un perjuicio desleal y tendencioso´ a Juntos por el Cambio”, afirma Alconada Mon.

Malos antecedentes

Reporta otro ejemplo sucedido en el interior. “Ese tipo de maniobras dirigidas a recabar datos que permitan abordar con el mensaje justo a cada votante, ya sea por redes sociales o en sus casas a través de militantes, son cada vez más habituales. A fines de julio, el juez federal con competencia electoral en Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, ordenó dar de baja la página ´Quiero mi boleta´ que lanzó la coalición Hacemos por Córdoba liderada por el gobernador Juan Schiaretti, y que ofrecía enviarle la boleta electoral a cualquier votante que se identificara por su nombre y entregara una dirección en ese website. Para la Justicia, eso violaba el secreto del voto.
¿Quién estaba detrás de «Quiero mi boleta»? Gastón Douek, el publicista al que sus rivales caracterizan como «el Señor de los Trolls». Socio del operador Guillermo Seita -con el cual también ofreció sus servicios a Sergio Massa, Martín Lousteau, Gabriela Michetti, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y el ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti-, Douek desarrolló al menos otros dos websites, uno a escala bonaerense y el otro de alcancen nacional, que absorben datos personales: «Barrios Activos» y «Ser fiscal».

Todos se prenden

Según el columnista de La Nación “El equipo que rodea al presidente Mauricio Macri también desarrolló su propia base de datos -y lo propio hizo también el equipo de María Eugenia Vidal-, con información proveída por voluntarios que volcaron sus datos en sus aplicaciones móviles y militantes que también recaban información durante sus recorridas. Pero también con datos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires obtuvo en sus aplicaciones oficiales, según relataron dos expertos involucrados en la operatoria.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya había quedado involucrado en una controversia por el uso de bases de datos de la Anses para afinar su estrategia de comunicación en redes sociales. Ocurrió en julio de 2016, cuando se publicó en el Boletín Oficial el ´Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública´.
Desde la Casa Rosada negaron que fueran a utilizar esa información para ´para propaganda política´, aclaró Peña en conferencia de prensa, para luego indicar que tampoco se utilizaría ´para espiar a nadie´. Durante la entrevista con LN, sin embargo, Douek admitió que protagonizó un contrapunto con el PRO, desde donde lo acusan de haberse robado su base de datos. ´Lo que no se bancaron es que luego yo utilizara la base de datos, en la campaña de 2015, trabajando para Lousteau´, afirmó, para luego retrucar que el PRO en 2015 habría recurrido a información indebida: ´Las bases de datos de todas las universidades´”.

Hay historia

Desde el Frente de Todos que lidera Alberto Fernández tampoco pueden lanzar la primera piedra, Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, expertos en comunicación y publicidad -de los cuales hubo dos trascendidos- montaron una oficina en la sede central de la Anses. Según Alconada Mon, “Desde allí desplegaron sus habilidades de ´data mining´» bajo las órdenes directas de la agrupación La Cámpora y del histórico operador peronista Juan Carlos ´Chueco´ Mazzon, quien falleció en agosto de 2015. El kirchnerismo también abrevó en los datos sobre quiénes fueron beneficiarios de planes sociales en cualquier punto del país, una ventaja con respecto al material con que cuentan varias agencias privadas de publicidad y consultoras de la mano de empleados infieles de Anses, AFIP, Migraciones, Renaper y otros organismos públicos, como así también de empresas -como las telefónicas-, universidades, asociaciones de consumidores, entre otras opciones”, afirma.

Importando viveza

Dicen que ahora, el apoyo tecnológico alrededor del kirchnerismo se extiende hasta España, de la mano de algunos empresarios y al menos una consultora sospechada de difundir informaciones falsas o «fake news» desde la península ibérica. “Pero España no es el único proveedor de servicios cuestionables, afirman los investigadores. Solo durante agosto, representantes de una firma china visitaron Buenos Aires y se reunieron con expertos locales para ofrecerles una propuesta ´similar a la de Cambridge Analytica´, según relató uno de los abordados que obtuvo copia del ´brochure´ que distribuyeron. Y los caminos para ofrecer sus artes por WhatsApp pasa por Brasil -el vicepresidente de Ideia Big Data, Felipe Pimentel, fatigó las calles porteñas como supuesto ladero electoral de Jair Bolsonaro, aunque lo negó al Folha de Sao Paulo–. Y pasa por un destino tan lejano como Estonia.
En fin. Si consideramos que el poder global es una película conspirativa, definitivamente nos estamos equivocado seriamente. Del mismo modo si no comenzamos a concientizar sobre la necesidad de exigir y adoptar ciberseguridad. “Las empresas, organismos y gobiernos deben darle prioridad a este tema. Se necesitan más leyes para regular el uso de los datos. Pero, claro, también hay que hacerlas cumplir y para eso hay que poner recursos, capacitar a empleados, garantizar la confidencialidad de la información y sobre todo educar”, afirman los expertos. Habrá que ver…

Fuentes: NA, Clarín, La Nación, AF.