Como si se tratara de un grito lanzado al vacío, las leyendas y “graffitis” plasmados en las afueras de los Tribunales de Puerto Madryn responden al pedido de Justicia de buena cantidad de familias de la ciudad, mayormente ligadas a resonantes casos que han ocurrido en los últimos años.
Homicidios dolosos, culposos y causas de abuso sexual se han constituido como el pedido más frecuente hacia los operadores del Poder Judicial, donde las inmediaciones de la calle Gral. Mosconi han visto, con el paso del tiempo, una inusitada cantidad de manifestaciones solicitando el esclarecimiento de los casos, además de penas ejemplares y equitativas, en función del daño causado.
Leonela Aguirre, Kevin Frede, Mauricio Bracamonte, son tan solo algunos de los nombres expuestos en las afueras de las oficinas judiciales, evidenciando una memoria colectiva atravesada por causas que, algunas de ellas resueltas, no llegaron a satisfacer el pedido de Justicia de las familias de las víctimas; también hay referencias a resonantes causas de narcotráfico como Poseidón, y “escraches” a sujetos condenados por abuso sexual, una temática que, por estos días, se encuentra visibilizada en gran medida dentro de la comunidad.

Sepúlveda, empleado municipal

A mediados de abril de 2015, Miguel Ángel Sepúlveda, trabajador de la Municipalidad de Puerto Madryn, fue atropellado mientras se dirigía junto a su compañero Walter Silva hacia el corralón municipal, espacio donde cumplía funciones como empleado de la Subsecretaría de Servicios Públicos; mientras que el primero falleció producto de las heridas sufridas, el segundo fue internado y luego dado de alta.
El accidente ocurrió en un tramo de avenida del Trabajo, y el conductor del vehículo, José Luis Bonina de 19 años, manejaba en presunto estado de ebriedad; el Municipio declaró asueto por duelo para todos los empleados de la repartición donde se desempeñaba la víctima, y la repercusión del caso hasta hizo que se conformara la Agrupación “Miguel Ángel Sepúlveda”.

Frede, asesinado en una pelea

En agosto de 2017, José “Cutún” Valdebenito fue condenado a prisión por el asesinato de Kevin Frede, un ex jugador del club Guillermo Brown, que tenía 25 años cuando recibió dos heridas de bala en el cuello y el tórax, en el marco de una pelea que se suscitó en la vía pública, precisamente en la intersección de las calles España y José Contín.
Se trató de un juicio abreviado en el que el acusado reconoció su autoría frente al tribunal integrado por los jueces Marcelo Orlando, Patricia Ásaro y Marcela Pérez.
El agresor había permanecido varios días prófugo y finalmente se entregó a la Policía; con la evidencia recolectada en el caso, finalmente admitió su culpabilidad y fue condenado a prisión.
Numerosas marchas de amigos y familiares de la víctima recorrieron la ciudad de Puerto Madryn, pidiendo Justicia y ejerciendo una presión social frente a uno de los casos que mayor repercusión tuvo en los últimos años.

Bracamonte, apuñalado

Mauricio Bracamonte era un joven militante que, durante la madrugada del 11 de agosto, en el marco de una disputa que al día de hoy no fue esclarecida en su totalidad, recibió al menos cinco puñaladas por parte de un agresor, cuya identidad se conocería días después.
El crimen del joven ocurrió dentro de un espacio donde se habían concentrado dos agrupaciones del mismo signo político, y tras una discusión que generó una fuerte gresca, recibió al menos cinco puñaladas, dos de ellas en la sien, perdiendo la vida momentos después.
Inicialmente, una mujer identificada como Lorena Schenone fue detenida y dijo haber sido la autora del ataque; sin embargo, luego caería preso su hijo, Diego Peña, a quien había aparentemente buscado encubrir.
El joven sindicado como presunto autor del homicidio permanece en prisión y, actualmente, corren los plazos de la investigación, que se extenderá hasta el 10 de diciembre.

Leonela Aguirre y el “grito del pueblo”

Pocos crímenes resultaron tan escabrosos como el de Leonela Aguirre, la menor de 10 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un contenedor, con las manos atadas, el 16 de marzo de 2010.
Los peritajes arrojaron que había sido abusada sexualmente, y el hecho se constituyó, tiempo después, como uno de los casos más incómodos para el dasnevismo, luego de que el entonces gobernador, Mario Das Neves, asegurara que ya habían “atrapado al asesino”: un albañil identificado como Pablo Bell, a quien una vecina había declarado que vio pasar por el frente de la casa de la pequeña, dato que para las autoridades, en aquél entonces, fue suficiente para encarcelarlo y reforzar la versión de que el hombre había sido el autor del brutal asesinato.
Tiempo después se conocería que “E. D.”, un menor de 16 años e hijo de un integrante de una fuerza de seguridad, que residía en las inmediaciones de la casa de Aguirre, había abusado sexualmente de ella y la había asesinado: el cuerpo fue hallado con las manos atadas y una bolsa en la cabeza.

Dos vidas arruinadas

El joven fue derivado a un centro de menores en Comodoro Rivadavia, dado su carácter de inimputabilidad, pero, para entonces, la vida de Pablo Bell se había desmoronado: desde los ataques sufridos en la cárcel hasta la incertidumbre de su familia, que nunca dudó de su inocencia, y el abandono incluso de sus mascotas, a las que “los vecinos les tiraban pedazos de pan porque habían quedado solas dentro de la casa”, según declaró a este medio en una de sus últimas entrevistas.
El albañil, que logró probar su inocencia, debió cambiar de colegio a sus hijos y hasta su vida laboral se vio afectada porque, producto del estrés, comenzó a sufrir una afección nerviosa en la piel, lo que le impidió pasar cualquier examen preocupacional, haciendo que al día de hoy deba realizar “changas” y trabajos menores para subsistir.
Incluso, en el marco del juicio que le inició al Estado Provincial, todavía no pudo ser indemnizado producto de la declaración de la Emergencia Económica.
El caso generó encendidas movilizaciones como nunca antes se habían visto en Puerto Madryn, con vecinos autoconvocados cuyo pedido de Justicia resonó en todas las direcciones.

Maldonado y Nahuel

La desaparición de Santiago Maldonado en el Pu Lof Cushamen, el 1 de agosto de 2017, fue uno de los hechos de mayor resonancia política de los últimos años, que tuvo su repercusión directa en la provincia de Chubut.
A pesar de que el hecho fue utilizado políticamente por numerosas agrupaciones a lo largo y ancho del país, los pedidos por el esclarecimiento del caso también impregnaron los edificios de los Tribunales de Puerto Madryn, donde también se realizaron marchas cuando todavía no se conocía el trágico destino del artesano de 28 años, cuyo cuerpo fue hallado a orillas del río Chubut tras 77 días de búsqueda.
El asesinato de Rafael Nahuel ocurrió el 25 de noviembre de 2017, mismo día en que se realizaba el entierro de Santiago Maldonado; en las inmediaciones del lof Lafken Winkul Mapu de Neuquén, al grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) llevó adelante un desalojo que escaló a una represión con balas de goma y plomo, una de las cuales impactó en el cuerpo de la víctima, que según las pericias no había manipulado ningún arma de fuego: su nombre también es uno de los que reviste los muros de los Tribunales locales.

Poseidón y el “Cura”

Tampoco están exentas de su inmortalización en las paredes judiciales algunas figuras que protagonizaron polémicas causas en Puerto Madryn, entre ellas la de Omar “Cura” Segundo, el empresario pesquero condenado a prisión por los 110 kilos de cocaína hallados en la empresa Poseidón, que era de su propiedad al momento en que se incautó la droga.
Personaje cercano al ex intendente de la ciudad Carlos Tomás Eliceche, Segundo fue una de las caras visibles de la causa “Poseidón”, que se constituyó como el mayor secuestro de cocaína de máxima pureza en la historia de Puerto Madryn, cuyo destino presuntamente era España, lo que conllevó a la Justicia a condenar, simultáneamente, a otros partícipes de la operación, entre ellos el español Alfredo Aranda Barberá, extraditado a su país de origen.

Mensajes que perduran

Parecería ser que, con el paso de los años, muchas de las causas de mayor envergadura terminan plasmadas en las paredes de los Tribunales, los cuales muchas veces ofician como muros de contención para las familias de las víctimas, aunque en la mayoría de las ocasiones, una condena no refleje el imposible resarcimiento para quienes perdieron a sus seres queridos en diferentes situaciones.
Consultado sobre el motivo por el cual, al día de hoy, el edificio continúa exhibiendo los distintos pedidos de Justicia y no ha sido pintado, todo parecería indicar que la pasividad frente a las expresiones vertidas en los muros no es más que el hecho de permitir una catarsis social propia de la comunidad; sin embargo, al consultar a un operador judicial por esta cuestión, su respuesta fue determinante: “Antes se volvía a pintar, pero hoy, como suele pasar tanto en el Poder Judicial como en el resto de las reparticiones, la realidad es que no hay plata”.