El presidente peruano, Martín Vizcarra, afianzó su poder al obtener el respaldo de miles de ciudadanos, de la cúpula militar y de los gobernadores regionales, al día siguiente de disolver el Congreso dominado por la oposición, que reaccionó suspendiendo a su vez al jefe de Estado.
El mandatario peruano disolvió el Parlamento invocando normas constitucionales después de que éste le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional. El Congreso respondió horas después aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia y designando en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, en una sesión en que no participaron los parlamentarios que apoyaron la decisión de Vizcarra.
Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht.
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un «autogolpe» y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra se amparó en la Constitución para dar este paso.
Vizcarra convocó elecciones parlamentarias para el 26 de enero, según un decreto publicado en la gaceta oficial. Por una reforma ratificada en referéndum en 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos.
Por su parte, Aráoz, economista y exministra del difunto presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), fue juramentada el lunes por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea. «No me corro a mis responsabilidades por más difíciles que sean las circunstancias», dijo Aráoz, quien se había distanciado de Vizcarra y quien calificó como «inconstitucional» la disolución del Congreso.