Se dedicaban a proteger el patrimonio ecológico de Irán. Con ese fin, colocaban cámaras para detectar animales salvajes en el hábitat del guepardo asiático en el centro del país. Pero a la vez estaban pisando una zona prohibida bajo cuyo subsuelo se escondían instalaciones subterráneas y secretas del programa de misiles de la Guardia Revolucionaria. La zona prohibida fue el título del documental que la televisión iraní emitió contra los activistas al poco de su detención en 2018. Tras 700 días de prisión preventiva, han sido condenados a largas penas de cárcel, justo mientras Irán estaba aislado del mundo por un corte de Internet.
El arresto de nueve miembros de la Fundación del Patrimonio Silvestre Persa -llevado a cabo por la Organización de Inteligencia de los Pasdarán-, se produjo en enero del año pasado. La entidad está centrada en proyectos para salvar especies en peligro de extinción, en especial el guepardo asiático del que apenas quedan unas decenas de ejemplares. Dos semanas después, Kavous Seyed Emami, científico iranocanadiense y miembro de la junta directiva de la fundación, murió en la prisión Evin de Teherán. Las autoridades dijeron que se había suicidado, pero nunca se publicaron las pruebas, como un supuesto vídeo del momento en que se quitó la vida.
Los Pasdarán acusan a los ecologistas de utilizar proyectos medioambientales, como el monitoreo de la vida salvaje mediante cámaras, de tapadera para reunir información militar secreta. Según Kazem Hosseini, el abogado de algunos de los activistas, el juez les ha procesado por “colaborar con países hostiles”, una expresión que se refiere principalmente a Israel.