Como era de esperar, el veto del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, sobre la Ley de Fondo de Infraestructura Escolar aprobada hace pocas semanas en la Legislatura Provincial no pasó desapercibido. De hecho, tras conocerse la noticia, desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) le exigieron al mandatario que retire el veto o que promueva una nueva ley que garantice esto dinero.
Haciéndose eco de estos reclamos, el titular del Poder Ejecutivo chubutense ya elaboró un proyecto de características similares que será enviado a la Unicameral provincial para que se le de tratamiento. Además, en un documento firmado por el secretario general, Santiago Goodman, el gremio docente propuso convocar a padres y alumnos de los establecimientos educativos chubutenses para que se les explique qué significa la ley y su respectivo veto.
Puntualmente, el texto publicado ayer por la ATECh propuso que, en el marco de la continuidad del estado de alerta y movilización por parte de la asociación sindical, se “convoque en cada escuela a la comunidad (estudiantes y padres, madres o tutores) a fin de poner en conocimiento de todos qué significa esta ley y su veto”, con el objetivo central de “comprometerla en la exigencia al gobierno de que retire el veto o promueva, como lo ha expresado el ministro de Educación, un nuevo texto de ley que garantice el Fondo Específico para Infraestructura Escolar, la publicación de los ingresos u egresos, su financiamiento y su monitoreo con presencia de representantes de la Legislatura y de los sindicatos representantes de los trabajadores de la educación»”

Mal momento

En este contexto, un grupo de docentes de la localidad de Comodoro Rivadavia afirmó que Arcioni tomó esta decisión en un mal momento, recordando que en las últimas horas se tuvieron que cerrar establecimientos educativos de la ciudad petrolera por inclemencias climáticas.
Al respecto, Carina Mardones, integrante de la Regional Sur de la ATECh, recordó que “escuelas han suspendido actividades por filtraciones de agua, corto circuitos, techos en mal estado y Arcioni veta la ley de infraestructura que permitía más ingresos para las escuelas. Está clarísimo para quien gobierna”.

Fundamentos del veto y nuevo proyecto

A su turno, tras reconocer que están trabajando en otra propuesta que se mantendría en la misma sintonía, el gobernador de Chubut fundamentó su postura de rechazar la ley aprobada por los diputados provinciales en el veto impulsado hace algunas horas.
A través del decreto N° 1348, Arcioni informó que “actualmente la Fuente de Financiamiento 368 Bono de compensación de hidrocarburos, financia el mantenimiento y la infraestructura escolar en un porcentaje superior al indicado en el proyecto de ley, cercano al 15%”, agregando que “para el ejercicio 2019 se destinó presupuestariamente un 19,20%” proveniente de dicha fuente.
Además, el documento firmado por el titular del Poder Ejecutivo indicó que “el artículo N° 74 de la Ley XVII N° 102 establece claramente que los fondos recaudados en concepto de Bono de Compensación de Hidrocarburos para el desarrollo sustentable deberán ser utilizados para realizar inversiones de infraestructura, diversificación de la matriz energética y productiva y ordenamiento urbano, a los efectos de que esas inversiones contribuyan con el desarrollo sustentable del territorio. Estos recursos no podrán ser destinados a solventar gastos corrientes”.
En tanto que “la afectación de recursos implica una restricción de la capacidad de manejo de los fondos públicos, es decir una limitación a la autonomía de la gestión pública. Y que la injerencia excesiva del Poder Legislativo en las acciones del Gobierno, además de menoscabar la autonomía del Ejecutivo y restringir la facultad de administrar los recursos del estado, acarrea la necesidad de un control específico sobre esas afectaciones”.
Por último, el texto impulsado por Arcioni explicó que “la afectación de recursos con su consiguiente depósito anticipado en una cuenta especial, provoca una reducción de los fondos disponibles que, en el caso de gastos de capital, se pueden extender en el tiempo por varios meses, período en el cual esos fondos son inutilizados a la espera de que la obra y su trámite de ejecución presupuestaria avance al punto de su pago”.