En la última sesión de la actual conformación, la Legislatura aprobó el jueves pasado la creación del Servicio Penitenciario Provincial, la cual fue promovida por el diputado por Cambiemos, Eduardo Conde. Al respecto, el legislador indicó que “la democracia aún está en deuda con la materia alusiva al Servicio Penitenciario en el ámbito federal y, desde luego, con mayor razón en el ámbito de nuestro territorio provincial”.
El diputado representante del oficialismo nacional también agregó después de la creación de la Ley que “Chubut es una de las pocas provincias argentinas que no tienen creado un Servicio Penitenciario. La normativa de aplicación vigente alude a la participación del Estado a través de las fuerzas policiales”.
“Avanzamos ahora a través de la creación de una norma que le dará sustento a una nueva concepción del servicio, como una institución civil jerarquizada, con carácter profesional y social, con una visión superadora a la noción de encierro, y en donde cobre elevada significación los principios rectores del ordenamiento constitucional y supranacional en relación a la plena vigencia de los derechos humanos”, aseveró Conde.
El legislador continuó explicando que de ahora en más “el concepto policial del servicio queda erradicado, reemplazándose su actual concepción –la seguridad de los penales-, por el de la reinserción social del sujeto sometido a prisión”. De esta forma, la fuerza policial limitará su injerencia a la labor de custodia.
Además, el presidente del bloque Cambiemos aclaró que “la reinserción no pasa por brindar al detenido normas éticas, morales y religiosas sobre la vida y su concepción, aspectos reservados exclusivamente a cada uno de los seres humanos. Se trata de hacerle saber con absoluta y profunda convicción de que la Ley debe cumplirse y la sociedad se ha organizado a través de la norma jurídica para su subsistencia”.
“Es un ordenamiento con conducción civil y con fundamento filosófico en la integración social de los detenidos. Generamos un cuerpo de agentes civiles en distintas ramas de las ciencias sociales a fin del objetivo primordial, reinserción del sujeto a través de todas aquellas actividades que tiendan al desarrollo de su persona y las actividades culturales, educacionales y laborales”, esgrimió.
De esta forma, “la persona detenida será un sujeto de derecho que tendrá menoscabada únicamente su libertad ambulatoria. Sólo se podrán limitar sus derechos de conformidad con los Pactos y Tratados Internacionales, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las Leyes, respetando a su espíritu. Y cuando la restricción esté habilitada y resulte estrictamente necesaria, proporcionada y justificada con relación al bien jurídico a tutelar”
Conde añadió que la norma es la base de partida de un proceso complejo en el tiempo, “que demandará formación humana y recursos económicos, pero debe hacerse porque la posibilidad de trabajar en la reinserción también hace a la prevención del delito. Debemos crear condiciones edilicias adecuadas que posibiliten la ejecución de la norma, con espacios para aulas, espacios de esparcimiento y recreación, bibliotecas, centros de estudio, lugares para el desarrollo de actividades laborales, oficios, etc.”.

Estructura del organismo

La estructura del Servicio Penitenciario tendrá una Dirección Provincial, Direcciones de Cuerpo Central, Dirección del Personal Civil y Administrativo y de cuerpo Auxiliar en Seguridad, y una Dirección de Unidad de Detención. El personal se agrupará en dos áreas: Personal Penitenciario; y Personal Civil y Administrativo.
El Servicio actuará conforme a la Ley en todas las Unidades de Detención de la Provincia, salvo en aquellas sometidas a jurisdicción federal, militar o policial, incluyendo un actuación e las alcaidías policiales.
“En este contexto auspiciamos el nacimiento de una política criminal ajustada a los nuevos imperativos vigentes, dejando atrás la viaje concepción penitenciaria”, concluyó Conde.

Lengua de señas

En otro orden, la Legislatura Provincial también aprobó durante la pasada semana, por unanimidad, el proyecto de ley que elaboró el diputado provincial Manuel Pagliaroni (UCR-Cambiemos) en base a una inquietud de la Asociación de Sordos Chubutenses, con el objetivo de reconocer como lengua oficial en la Provincia a la Lengua de Señas Argentina (LSA) y, en este sentido, suprimir las barreras comunicacionales que existen entre las personas sordas y el resto de la sociedad.
“Este proyecto ha sido iniciativa de la Asociación de Sordos, que viene trabajando desde hace muchísimos años y sigue trabajando en la búsqueda de la igualdad, por el trato digno, por el acceso a la comunicación con todas las personas, con todas las instituciones”, resumió Pagliaroni en la sesión del jueves, la última del período ordinario y de la actual conformación de la Legislatura.
El legislador radical valoró el hecho de “que podamos estar apoyando con el voto este proyecto”, al tiempo que agradeció “al conjunto” de los diputados de los distintos bloques, pero en especial a Alejandra Marcilla (PJ-FpV), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Género e integrante de la Comisión de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, por las que pasó el proyecto.
“Quiero agradecer a la diputada Alejandra Marcilla, a quien le solicité que se hiciera un esfuerzo pese a la cantidad de proyectos que había para la última sesión, y así lo hizo, lo trabajaron en la comisión que preside, y pudimos votar”, reconoció Pagliaroni.

Precisiones de la iniciativa

El proyecto de ley había tomado estado parlamentario a principios de octubre de este año y establece, a partir del reconocimiento en Chubut de la Lengua de Señas Argentina, “el derecho que tienen los sordos a usarla como medio de expresión y comunicación válido”, dice en su primer artículo.
Según explicó Pagliaroni en la fundamentación, “la Lengua de Señas Argentina es una lengua natural que posee todas las propiedades que los lingüistas han descripto para las lenguas humanas: una estructuración gramatical tan compleja como la de toda lengua hablada y la misma organización estructural que cualquier lengua de señas”. Y se considera, además, “la lengua de la identidad sorda, el patrimonio más importante”.