Luego de un cuarto de siglo sin la explotación de la minería metalífera en Mendoza, el Poder Legislativo del distrito cuyano aprobó este año un proyecto que alcanzó el consenso social necesario. Como consecuencia de esto, la empresa Alto Américas podrá explorar el yacimiento Hierro Indio, ubicado en el departamento de Malargüe.
El emprendimiento en cuestión no se contrapone con la Ley provincial Nº 7.722, la cual prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico en la minería, y obtuvo luz verde, pero otros 19 esperan por un debate que se dará a partir de la asunción del nuevo gobierno, discusión que tiene como objetivo impulsar una actividad económica que movería recursos valuados en 349.834 millones de dólares.
En tanto, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM) busca potenciar la actividad y para ello realizó un estudio en el que se midieron los recursos que la provincia guarda bajo el suelo, pero también el empleo que entienden se generaría: alrededor de 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de los seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta (servicios).
Si bien la minería podría tener un fuerte impacto económico y social para Mendoza, también implica un desafío mayor por los controles ambientales que se requerirán si se habilita una modificación a la ley 7.722 para el uso de “soluciones químicas controladas”.
La CAMEM tiene en carpeta alrededor de 20 proyectos que, de concretarse, todos permitirían la explotación de uranio, oro, cobre, plata y plomo, equivalentes, en valor bruto, a las reservas de petróleo de Argentina (4.000 Mb), y a más de 10 veces las reservas petroleras de Mendoza (320 Mb).
Según datos de la cámara y a partir de un programa a mediano plazo que desarrollaron, después de cinco años se podrían obtener recursos por 1.215 millones de dólares, sólo con las extracciones de Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre).
Con una proyección a 10 años se sumarían 5.237 millones de dólares (6.452 millones de dólares) con la incorporación de ocho minas más: Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro); Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).
Estos emplazamientos permitirían la creación de 129.800 empleos en la fase de construcción, y 39.240 durante la etapa de explotación (entre mano de obra directa e indirecta), según estimaciones realizadas por la cámara del sector.
En cuanto a la actividad económica, si se considera una producción anual a partir del quinto año se podrían superar los 1.200 millones de dólares. Esto incluye una estimación de bienes y servicios a consumir anuales por más de 450 millones de dólares y un “compre local” de 342 millones de dólares. La misma actividad implicaría una carga tributaria directa anual de 632 millones de dólares.
Por su parte, Laureano Manso, quien coordina la Mesa Minera del Clúster Energético Mendoza (perteneciente a la Unión Industrial de Mendoza, UIM), organización que ha convocado a las autoridades de la provincia, referentes de la oposición y profesionales en el tema a aportar su experiencia para una posible modificación de la ley 7.722, acción que consideran como un “paso necesario a dar” para lograr que se desarrolle la minería y que mediante “fideicomisos con fondos específicos”, es decir que “la renta que produzca esta actividad vaya a parar a obras de infraestructura y no renta general”, se genere un fortalecimiento económico de la provincia.
De esta forma esperan que la minería sume caminos, obras hidroeléctricas e incluso que mejore otras actividades, como la agricultura gracias a la financiación de sistemas de riego más eficientes.
“Estamos promoviendo la actividad y para eso hicimos un trabajo que vincula al sector público con el privado y propone una participación activa”, sostuvo Manso, al mismo tiempo que indicó que “queremos que los proyectos no pasen por la Legislatura para que se avale un dictamen técnico y en lugar de eso encuentre trabas políticas. Hemos alcanzado un consenso en cuanto a que no hay que hacer referencia a las sustancias químicas prohibidas, sino a las soluciones permitidas y al grado de toxicidad, usando estándares del mundo civilizado, como Canadá o Australia”.
El coordinador de la mesa de UIM señaló que la minería es capaz de generar trabajo para las pymes de la zona y el Estado deberá asegurar que el “compre local”, o la participación de las firmas mendocinas sea garantizada, mientras que las industrias se están preparando para “prestar servicio a una actividad demandante”.