La senadora y vicepresidente electa Cristina Fernández de Kirchner participó de la audiencia el juicio que se le sigue por la adjudicación de la pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.
La senadora nacional ingresó a las 9.39 a los tribunales de Comodoro Py, acompañada por su abogado Carlos Beraldi, quien presentó este mismo lunes un nuevo escrito para que se permita la trasmisión completa de la declaración. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, presidido por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, volvió a rechazar la trasmisión, aunque los abogados defensores de otros acusados en el proceso manifestaron que «no había inconvenientes» en que toda la sociedad puede escuchar a la vicepresidenta electa.
“¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidente electa esté sentada acusada de integrar un asociación ilícita?”, se preguntó la ex mandataria al iniciar su exposición. “Lo que estamos viendo hoy aquí es una clase práctica de lawfare en la Argentina, llevado a cabo por los integrantes del tribunal”, agregó.
Según definió Cristina, el lawfare, que involucra a jueces, fiscales y algunos medios de comunicación, “se implementó para perseguir a los líderes políticos” de la oposición. «Fue un plan ideado por el gobierno saliente», remarcó, y mencionó que el gobierno de Mauricio Macri utilizó la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso y la UIF de Mariano Federici para «impulsar» las causas judiciales en contra de exfuncionarios K.
La legisladora aseguró que la denuncia en su contra se originó en algunos medios de comunicación y que fue «trasmitida a diestra y siniestra», en una acusación que «no reconoce antecedentes».