El Gobierno cumplirá esta semana con el pago de vencimientos por u$s850 millones de dos títulos de deuda, incluyendo el pago de fin de año del bono a 100 años emitido en 2017. Los mercados esperaban la confirmación de esta liquidación, luego de las muchas dudas que había en las vísperas de la asunción de Alberto Fernández y de sus primeras decisiones en cuanto a la estrategia que el Presidente aplicara para la reestructuración de la deuda.
Sin embargo, el ahora jefe de Estado nunca puso en duda el mantenimiento de los pagos a los vencimientos de los títulos públicos, sabiendo que la ejecución corriente de las liquidaciones pone a la Argentina en una mejor posición al momento de negociar con los acreedores. Más teniendo en cuenta que el Ministerio de Economía de Martín Guzmán abrió hasta el 3 de enero el período de recepción de propuestas para iniciar el proceso negociador con los acreedores externos. La decisión de saldar los cupones de estos títulos se conoció a través de avisos de pago publicados por el Tesoro Nacional y enviados a la Bolsa de Comercio porteña.

Vencimientos a pagar

Los vencimientos de esta semana son dos: u$s752 millones de bonos Discount y u$s98 millones correspondiente al publicitado título a 100 años ideado por Luis Caputo mientras era ministro de Finanzas. Ese título, llamado “Bono centenario”, fue incluido entre las “10 peores inversiones de la década” en un ranking elaborado por la agencia especializada Bloomberg; que cruzó los intereses que debe pagar (más de 7%) con el plazo a liquidarlo. A mediados de 2017, Caputo tomó u$s2.750 millones con vencimiento en 2117 y un rendimiento del 7,917%, en una jugada que algunos en el mercado juzgaron innecesaria, sin saber que la Argentina se quedaría sin financiamiento meses después. La decisión del Gobierno actual de pagar los vencimientos se estima que continuará mejorando el clima financiero, que comenzó a virar a favor del nuevo Gobierno tras la rápida aprobación de la ley de emergencia, que aportará entre u$s6.500 millones y u$s8.000 millones al Fisco para robustecer las cuentas públicas del 2020.
Los hechos fueron acompañados por definiciones políticas que fueron del agrado del mercado. Analistas y fondos de inversión elogian que el ministro de Economía, Martín Guzmán, haya indicado que la estrategia será “seguir pagando los vencimientos en la medida en que haya una negociación para evitar un default”.
El Tesoro pagará hoy u$s98 millones de intereses del Bono Internacional de la República Argentina en Dólares 2117, el “Bono Centenario”, que está íntegramente en manos de tenedores privados. Entre hoy y mañana, último día del 2019, liquidará los del vencimiento por u$s752 millones de bonos Discount.
Esos títulos descuento -ambos de renta fija- son los denominados DIAO u$s2033 (Ley Argentina) -que vence hoy lunes y cerró a $6.885 el viernes-, mientras el mañana será el turno del DICY u$s2033 (Ley Nueva York), cuyo último cierre fue de $6.000,50. Economía iniciará el 2020 con la expectativa de cerrar antes de marzo la negociación de la deuda, al menos con los privados, ya que, según los cálculos del propio mercado, el capítulo de dólares de libre disponibilidad de las reservas, no alcanzará para cubrir los vencimientos de mayo, mes en el que habrá que liquidar unos u$s5.400 millones.

Decreto salarial

El aumento salarial que fijará el Gobierno por decreto para el sector privado quedará resuelto entre fines de esta semana y principios de la próxima y podrá ser más bajo que el valor estipulado, o incluso nulo, en los casos de trabajadores que tuviesen ajustes pendientes por sus respectivas paritarias. Se trata de una concesión a los empresarios que evalúa la administración de Alberto Fernández, así como la posible exención de aportes y contribuciones de la suba para abaratar el costo de su implementación. El incremento se prevé todavía como una suma fija pero remunerativa de entre 6 mil y 9 mil pesos.
La medida, que el Ejecutivo discutió la semana pasada con referentes de cámaras patronales y que el Estado replicará de manera similar para los trabajadores de la administración pública, tendrá impacto con los salarios de enero que se cobran en febrero y su espíritu, aclaran en el Gabinete, será recomponer el poder adquisitivo de los empleados más castigados por la inflación. Pero, al mismo tiempo, los funcionarios encargados de su diseño admitieron la necesidad de aplicar el incremento sin desestructurar el mapa vigente de sueldos en el sector privado.

Pactos

Entre las novedades en la implementación del decreto figura la premisa de que no se superpondrá con los aumentos pendientes de gremios que hubiesen pautado con sus contrapartes empresarias ajustes en los primeros meses de 2020. Así quedarían exceptuados -o verían mermado el impacto de la suba resuelta por el Gobierno- trabajadores con pagos no ingresados de sus paritarias. En el equipo de Fernández aclaran, de todos modos, que el texto final de la norma podrá contemplar los casos de gremios rezagados que se vieron obligados a pautar sus aumentos en cuotas.
Desde la óptica empresaria la novedad apunta a aliviar a los sectores que ajustaron los salarios de su personal en línea con la inflación y que el año que viene deberán dar más aumentos pactados en paritarias, para evitarles un doble desembolso.

En un pago

En el Gobierno volvieron a la idea original de que el aumento fuese en un pago y no en tres veces, como se les había informado días atrás a sindicalistas y empresarios. Tanto la CGT como las cámaras patronales daban por hecho que el decreto definiría un incremento de suma fija de entre 6 y 9 mil pesos pero que terminaría dividida en tres con los sueldos de enero, febrero y marzo. Los últimos borradores oficiales prevén que la totalidad de la suma pase a integrar el salario desde enero.
Con las novedades planteadas, la medida podrá quedar atada a la paritaria 2019 -cuyos pagos reducirían o incluso anularían el efecto de bolsillo de la norma- y también a la de 2020 al fijarle un piso de aumentos para la discusión. (Fuente: Ámbito)