El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que el mes de marzo es la fecha límite que tiene el país para renegociar la deuda. “El equipo económico está negociando”, dijo el funcionario.
Consultado acerca de si marzo era la fecha límite para renegociar los compromisos del país debido a los tamaños de los vencimientos que se acercarían, respondió que “sí”.
“Tenemos que buscar resolver las cuestiones de deuda para que, fundamentalmente, encajen dentro de un programa macroeconómico sostenible”, explicó Cafiero, que agregó que está previsto que el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, viaje a Estados Unidos antes de fin de año.
El funcionario también dijo que el lunes el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso que contempla un incremento en las alícuotas del impuesto a los bienes personales, como también una tasa del 20% al consumo de bienes y servicios hechos en dólares.

Sin congelamiento

A su vez, Cafiero explicó que el Gobierno de Fernández no aplicaría congelamientos a las tarifas de los servicios públicos, que durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri registraron fuertes subas debido a la reducción de subsidios del Estado.
“Entendemos las dificultades que tuvo el campo por cuestiones climáticas, entendemos que hay muchos insumos que son en dólares, pero también tenemos que ser conscientes de que el gobierno de Macri tuvo una devaluación de más del 500% y eso genera rentabilidad extraordinaria”, dijo Cafiero sobre la decisión de subir las tasas de exportación.
En ese sentido advirtió que “acá lo que se hizo fue actualizar el valor de las retenciones que se habían fijado en 4 pesos. Las retenciones tenían una parte móvil y otra fija. Así lo estableció (el ex presidente Mauricio) Macri y así está hoy el régimen. Eso no se tocó”, sostuvo.
El funcionario explicó que “lo que se hizo es actualizar el monto fijo, que era un componente de esas retenciones. Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($36), con un tope máximo de 4 pesos”.
“Lo que dijimos es: pasaste de un dólar de 36 a uno de 63, modifiquemos ese tope. Obviamente se actualizan los valores, pero no se modificó el régimen de retenciones. Si lo hiciéramos, lógicamente vamos a estar convocando a las entidades”, afirmó Cafiero.

Ajuste y variables

Alberto Fernández eligió comenzar su gestión económica y fiscal de una manera diferente a la de Mauricio Macri. En lugar de un primer período expansivo en el gasto público bajo la esperanza de una mejora en la actividad (la que nunca llegó), el nuevo Gobierno optó por la idea general que trajo Martín Guzmán. Se basa en mostrarle al mundo que se trata de un Gobierno respetuoso de la prolijidad fiscal; el karma crónico y eterno de las gestiones de origen justicialista. Y que el plan de asistencia social primaria, que tendrá un costo en el primer trimestre del año de unos $100.000 millones, no se financiará con la emisión (mucho menos, el pedido de dinero prestado del mercado), sino de los dólares y pesos que generen los privados que, teóricamente, tienen ingresos suficientes como para soportar este costo.
Fernández tomó la decisión de avanzar con este plan fiscal siguiendo el mandato teórico que le dejaron aquellos primeros años de jefe de Gabinete de Néstor Kirchner: primero, garantizar la caja con un seguimiento diario de ingresos y gastos. Y luego pensar en cómo gastarlo.
La búsqueda de fondo es diferenciarse del Gobierno anterior. Macri inició su gestión liberando el cepo (lo que produjo una devaluación en dos etapas y una salida de dólares que comenzó a sentirse, fuerte, en 2018), cambiando un exitoso blanqueo por una fallida reparación histórica (generó gastos futuros que no pudieron ser sostenidos por la recaudación); reducción de retenciones (que luego debió subir durante la crisis con las 2.0), y beneficios sociales para contener a los monotributistas y los beneficiaros de las AUH. Por el contrario, Alberto Fernández inicia sus primeros 100 días de gobierno tomando una catarata de medidas impopulares, que lo enfrentarán de lleno con el campo y la industria (la reimposición de la doble indemnización) y con los contribuyentes que confiaron en el blanqueo de 2016 y lo enemistarán con gran parte de la clase media (impuesto a los viajes). La intención es invertir gran parte del apoyo político actual en el plan de ajuste sobre los privados, sabiendo que nada del eventual malestar económico que sus medidas provoquen recaerá sobre sus votantes. La gran apuesta es la de siempre y para cualquier gestión: que con este paquete la economía mejore, la inflación baje y la pobreza disminuya.

Déficit

La batalla fiscal que quiere dar el Gobierno actual es lograr que el año próximo el déficit primario se muestre controlado y que no supere el 0,5% del PBI. Desde el albertismo se estima que el desequilibrio que dejó la gestión de Mauricio Macri, al que se le atribuirán los malos datos de diciembre, alcanzará entre el 1% y el 1,5% del PBI, por encima incluso de la meta de 1% comprometida ante el FMI para este año según reza el stand-by vigente. Si se cumpliera esta previsión de la aún oposición, el déficit primario treparía a los $200.000 millones. El exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dejó su cargo asegurando que el dato será mucho menos y que no superará el 0,5%, un porcentaje aún menor (la mitad) que lo firmado ante el FMI en septiembre del año pasado. La diferencia alcanza entonces a los $110.000 millones, un nivel incluso superior al costo del paquete pos-Paso que lanzó en su momento Mauricio Macri luego de la derrota del 11 de agosto, y que en toda la línea de gastos incrementados e ingresos postergados acumuló unos $90.000 millones. (Fuentes: Ámbito, LN)